Costa Rica impulsó en 2023 una resolución en la Asamblea General de la ONU para realizar la opinión consultiva de la CIJ.
Costa Rica respaldó en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su posición de que los gobiernos deben cumplir con todas sus obligaciones legales sobre cambio climático.
Del 2 al 13 de diciembre en La Haya, Países Bajos, se llevan a cabo las históricas audiencias orales en el marco de la opinión consultiva donde se solicita a la CIJ determinar cuáles son las obligaciones y las consecuencias jurídicas para los estados en relación con el cambio climático.
En marzo de 2023 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por consenso (ninguno de los 193 estados miembros solicitó una votación), una resolución en busca de que la Corte emita una opinión sobre si los gobiernos tienen obligaciones legales de proteger a las personas de los peligros climáticos. Además, de si el incumplimiento de esas obligaciones podrían traer consecuencias legales. La propuesta fue impulsada por Vanuatu y apoyada, entre otros países, por Costa Rica.
El pasado 4 de diciembre, fue el turno del país Costa Rica para tomar tomar la palabra y en el mensaje reiteró su confianza en el rol de la CIJ como el principal órgano judicial de Naciones Unidas, y en el beneficioso impacto que la opinión consultiva tendrá para las futuras acciones de la comunidad internacional para intensificar los esfuerzos para enfrentar el cambio climático.
La delegación está conformada por la embajadora Gina Guillén, directora general de Política Exterior de la Cancillería, el embajador de Costa Rica en los Países Bajos, Arnoldo Brenes, el profesor Marcelo Kohen, asesor jurídico en el procedimiento, y la ministra consejera en Países Bajos, Sofía Cob. Fotografía: Cancillería.
La delegación costarricense encabezada por la embajadora Gina Guillén, directora general de Política Exterior de la Cancillería, enfatizó en la importancia de aplicar la obligación de no causar un daño ambiental transfronterizo a las emisiones de gas de efecto invernadero, así como la necesidad de respetar el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible.
Costa Rica destacó que no es necesario crear nuevas normas internacionales para abordar el cambio climático, sino aplicar las obligaciones existentes en el derecho internacional, que incluyen la protección del derecho a un medio ambiente sano. Así lo confirmó a este medio de comunicación José Daniel Rodríguez Orúe, coordinador para América Latina de la organización World's Youth for Climate Justice.
La delegación nacional subrayó que la noción de que la prevención de daño transfronterizo se aplica sólo a estados vecinos carece de fundamento jurídico, y que la distancia donde se experimenta el daño nunca ha eximido a los estados del deber.
Rodríguez Orúe señaló:
Costa Rica rechazó enérgicamente los argumentos de otros Estados que afirman que se le está pidiendo a la Corte crear nuevas normas, y sostuvo que, por el contrario, su tarea de aplicar el derecho internacional existente y de larga data llevaría a importantes conclusiones sobre justicia climática. Defendió la protección de los derechos humanos más allá del territorio de un Estado, un argumento lamentablemente negado por Estados como Alemania".
Y continuó:
También refutó la afirmación de Australia de que la prevención del daño ambiental transfronterizo se aplica solo en un contexto bilateral, recordando que la Corte ya ha ordenado compensaciones por daños ambientales en su caso contra Nicaragua".
Además, el país subrayó que los estados deben asumir responsabilidades por daños al sistema climático. Entre las medidas a implementar además de cesar acciones dañinas, se solicitó garantizar la no repetición y reparar los daños mediante compensación o restitución. Específicamente, se argumentó que la responsabilidad internacional de un estado por daño al sistema climático puede determinarse con referencia a las contribuciones históricas y actuales de un estado a las emisiones de gases de efecto invernadero, destacó Rodríguez Orúe .
Este procedimiento ante la CIJ cuenta con una participación sin precedentes, en donde más de 100 Estados y Organizaciones Internacionales participan en las audiencias, presentando sus alegatos para colaborar con la CIJ para aclarar el marco jurídico aplicable y el alcance del derecho internacional existente para enfrentar los efectos devastadores del cambio climático.
Las audiencias por este caso se extenderán hasta el 13 de diciembre y la opinión consultiva será emitida en 2025. Fotografía: Greenpeace.
Además de Guillen, la delegación tica está conformada el embajador de Costa Rica en los Países Bajos, Arnoldo Brenes, el profesor Marcelo Kohen, asesor jurídico en el procedimiento, y la ministra consejera en Países Bajos, Sofía Cob.
