Más del 70% de la superficie del planeta que habitamos se encuentra cubierta por el océano y este es fuente de recursos fundamentales para el desarrollo, la economía y la sostenibilidad ambiental. El océano, además de ser fuente de biodiversidad, regula la temperatura global, captura dióxido de carbono y produce oxígeno.
De la biodiversidad del océano dependen millones de personas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el año 2022, a nivel internacional, un aproximado de 61,8 millones de personas trabajaban en el sector primario de la pesca y la acuicultura.
A pesar de que conocemos este dato, parece que, como humanidad, continuamos infravalorando la importancia del océano para nuestra especie. Algunos sectores siguen endulzando los oídos de los países con ideas como la explotación de petróleo o la minería marina, sin contemplar el impacto que esto implica sobre los pequeños y medianos pescadores. Literalmente, sacrificando las actividades productivas de muchos para llenar los bolsillos de pocos.
En otras ocasiones ya he hablado sobre la paradoja del petróleo, pero esta vez quiero tomar esta columna para comentar un tema que resuena por diferentes espacios recientemente, la minería marina.
Esta actividad consiste en el aprovechamiento de minerales en los fondos marinos: zinc, bromo, rubidio, cromo, uranio, estroncio, manganeso, fósforo, cobre, níquel, arsénico, aluminio y vanadio, minerales utilizados frecuentemente en la fabricación de equipos tecnológicos. El interés por estos insumos se ha visto exacerbado a raíz de los conflictos geopolíticos. No obstante, los científicos alertan que los daños y las consecuencias podrían ser irreversibles o que podría tomar varios años, e incluso décadas, para presentar señales de resiliencia o recuperación.
Los métodos de extracción incluyen el uso de maquinaria pesada y equipos de perforación que no solo extraen los minerales, sino que también destruyen los hábitats circundantes. Las profundidades oceánicas, donde se encuentran estos depósitos, son ecosistemas extremadamente frágiles y de lento crecimiento. La destrucción de estos hábitats no solo amenaza la biodiversidad marina, sino que también podría afectar procesos biológicos esenciales, como el ciclo del carbono, que desempeña un papel crítico en la contención del calentamiento global.
La historia de la minería en tierra ha estado marcada por un enfoque de objetivos cortoplacistas, priorizando las ganancias sobre las personas, los derechos humanos y el planeta, con una ineficacia alarmante. Es hasta este momento, cuando gran parte del daño ya está hecho, que se comienza a dimensionar el impacto ambiental de esta actividad requiriendo tomar medidas para desarrollar tecnologías y técnicas de mitigación que ayuden a preservar el medio ambiente.
A diferencia de la minería en tierra, que puede regularse mediante leyes y decretos, la minería marina plantea desafíos sin precedentes, por los cuales se vuelve fundamental la toma de decisiones integral e internacionalmente. El problema es claro: actualmente no contamos con el conocimiento técnico necesario para extraer minerales del fondo marino de forma económica ni con la precisión requerida. Y, lo que es aún más importante, sin causar un grave impacto ambiental.
Está tan evidente el riesgo al que nos enfrentamos que incluso las autoridades actuales avanzan con precaución al respecto. En junio del año anterior (2023), las personas delegadas por el gobierno de Costa Rica en la Quinta Conferencia Intergubernamental de Negociación en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hicieron un llamado a mantener los esfuerzos para garantizar que no se autorice la minería en el mar profundo cumpliendo lo que establece el Principio Precautorio Ambiental.
Está bien, es muy importante el llamado y alzar la voz en una conferencia internacional, pero, si el actual gobierno lo tiene claro, ¿qué están esperando para legislar al respecto? Hay avances en acuerdos internacionales, pero nos quedamos cortos con las acciones concretas atinentes a las competencias del Estado costarricense y la protección del océano.
Las autoridades nacionales deberían ser consecuentes con los valores y objetivos de sostenibilidad de los que históricamente, como país, hemos estado orgullosos y orgullosas. Reafirmar el compromiso con la protección ambiental va más allá de premios, aplausos y reconocimientos, son acciones claras y contundentes. No podemos seguir viviendo de glorias y créditos pasados. Prohibir la minería marina en Costa Rica es una oportunidad para reafirmar ese liderazgo ambiental que tanto ha caracterizado a nuestra nación.
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