El secreto profesional es un pilar fundamental de la práctica jurídica, representando una garantía de confidencialidad que preserva la confianza entre el abogado y su cliente. En Costa Rica, el marco legal establece las obligaciones del abogado para mantener la reserva de la información obtenida. Sin embargo, como en muchos aspectos de la vida, nada es absoluto, y existen excepciones que aseguran un equilibrio entre el deber ético y otros valores de justicia.

¿Qué implica realmente el secreto profesional?

Según el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, en su artículo 41, el secreto profesional abarca toda información que un abogado recibe de su cliente, colegas, partes adversarias o terceras personas, siempre que se comparta en el contexto del ejercicio profesional. Este deber de reserva no se limita a la duración de la relación profesional, sino que persiste incluso después de su finalización.

Excepciones a la Regla: ¿Cuándo se puede romper el silencio?

A pesar de que la confidencialidad es estricta, el artículo 42 contempla situaciones en las que se permite al abogado revelar información, siempre de manera prudente y dentro de ciertos límites:

  1. Defensa del propio abogado: si el profesional enfrenta una acusación y necesita defenderse, podrá divulgar solo lo indispensable para tal efecto.
  2. Cobro de honorarios: al valorar la complejidad de un caso para determinar sus honorarios, el abogado puede compartir información necesaria de manera controlada.
  3. Evitar condenas injustas: en situaciones excepcionales, el abogado puede revelar información para prevenir que un inocente sea condenado.

Estas excepciones muestran que el secreto profesional se flexibiliza únicamente cuando surgen intereses mayores, como la defensa propia o la protección de una persona inocente.

La revelación de intenciones ilícitas: un imperativo ético

Si un cliente revela su intención de cometer un acto ilícito, es fundamental comprender que esta información no está protegida por el secreto profesional. Según el artículo 43 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, el abogado tiene la obligación de actuar proactivamente: primero, debe intentar disuadir al cliente de llevar a cabo su plan; si este persiste, el abogado debe revelar la información necesaria para prevenir el delito. Este enfoque legal se fundamenta en la necesidad de garantizar que la confidencialidad no se convierta en un refugio para encubrir intenciones delictivas.

Imaginemos un escenario en el que un abogado, en consulta con un cliente, escucha una confesión sobre un homicidio planeado debido a una disputa personal. Ante tal revelación, el abogado debe actuar con cautela y sensibilidad. Su primer paso debe ser intentar disuadir al cliente, explicándole las severas consecuencias legales y morales que acarrearían tales acciones. Es esencial que el abogado comunique la gravedad de la situación, buscando hacer que el cliente reconsidere sus intenciones.

Sin embargo, si el cliente se muestra inquebrantable en su decisión, el abogado se ve obligado a tomar medidas más drásticas. En este caso, la ley exige que notifique a las autoridades sobre la amenaza inminente que representa el cliente. Es importante destacar que, en este contexto, el secreto profesional no puede ser invocado como justificación para proteger la intención del cliente de cometer un delito tan grave. Así, el deber de confidencialidad se ve superado por la imperiosa necesidad de salvaguardar la vida de otra persona y prevenir un acto criminal.

Confidencialidad y responsabilidad: el artículo 206 del Código Procesal Penal

Al analizar el papel de los abogados en el sistema legal, es fundamental considerar el artículo 206 del Código Procesal Penal, que establece que los abogados deben abstenerse de testificar sobre la información confidencial obtenida en el ejercicio de su labor. Esta disposición se basa en la premisa de que la confidencialidad es un pilar esencial de la relación entre el abogado y su cliente, garantizando un entorno de confianza en el que el cliente se sienta libre de compartir información sensible sin temor a que esta sea revelada.

No obstante, la norma también prevé una salida en el caso de que el cliente decida liberar al abogado de esta obligación. Si un cliente opta por renunciar a la confidencialidad, el abogado estará obligado a declarar, lo que subraya la importancia del consentimiento informado en la relación abogado-cliente. Esta dinámica resalta el principio de autonomía del cliente, quien tiene la capacidad de decidir qué información puede ser revelada en un proceso judicial.

Es relevante señalar que, si el tribunal considera que la negativa del abogado a testificar carece de justificación adecuada, tiene la autoridad para ordenar su declaración. Sin embargo, esta decisión no puede ser arbitraria; el tribunal debe emitir una resolución fundamentada que explique las razones por las cuales se exige la declaración del abogado. Esto asegura que la intervención del sistema judicial se realice con la debida consideración de los derechos y deberes de todas las partes involucradas.

Este marco normativo garantiza que el secreto profesional funcione como una herramienta de protección y confianza en el ejercicio de la abogacía. Al mismo tiempo, evita que este principio se convierta en un obstáculo para la aplicación de la ley, especialmente en situaciones donde el interés público y la justicia demandan transparencia. Así, el Código Procesal Penal establece un delicado equilibrio: por un lado, protege la confidencialidad y la confianza necesarias para que los clientes se sientan seguros al comunicarse con sus abogados; por otro, permite que la justicia se administre de manera efectiva, asegurando que la verdad salga a la luz cuando sea necesario.

En suma, el secreto profesional es un pilar fundamental en la práctica jurídica costarricense, que garantiza la confianza y confidencialidad entre el abogado y su cliente. Sin embargo, su naturaleza no es absoluta, ya que existen excepciones que permiten su ruptura en aras de proteger valores de justicia superiores.

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