El diario La Nación, recientemente publicó que, se sondeó ante la Corte Suprema de Justicia, sobre la viabilidad de recibir al presidente salvadoreño. Esta noticia, caló también en medios internacionales, sobre todo en el país de origen del visitante.

De entrada, salta la pregunta: ¿cuál era el objetivo de la visita al máximo órgano de la Administración de Justicia costarricense? ¿pretendía el señor Bukele dar un discurso ante la Corte Plena? ¿De ser así esto último, se corría el riesgo de que defendiera sus “logros” en el “control” de la delincuencia a expensas de los derechos fundamentales?

Con relación a Bukele, su estructura política es el “sueño de opio” de algunos políticos que comulgan con sus tácticas, pues, ha logrado una absoluta concentración del poder, es decir, la antítesis de lo que se conoce como la gobernabilidad, entendida esta, como la posibilidad de gestar acuerdos entre los diversos actores políticos, dentro del marco de la ley y la Carta Política.

Veamos algunas de las cuestionadas acciones de Bukele:

  • En mayo de 2021, destituyó a un grupo de magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, lo cual evidenciaba que le incomodaba la integración de los órganos principales de administración de justicia, sobre todo el tribunal constitucional.
  • Vía decreto legislativo, retiró a los jueces y magistrados con 60 años, y 30 años de servicio; o lo que es lo mismo, a 249 jueces, detalle interesante, se “jubiló” a los funcionarios con mayor experiencia, a expensas de sus deseos e intereses futuros.
  • La mayoría parlamentaria de Bukele, facilitó una reforma exprés de la Carta Magna, lo cual le permitiría reelecciones indefinidas, obteniendo un 85% de los votos (reelección), y cuenta con 54 de 60 escaños en el Congreso, es decir, tiene el poder absoluto, para la implementación de sus planes.
  • Hizo una tregua con las maras.
  • Su respuesta punitiva ha sido implacable, y para explicarlo, nada mejor que recurrir a Amnistía Internacional: “Entre el inicio del estado de excepción el 27 de marzo de 2022 y finales de 2023 se registraron más de 000 detenciones. La mayoría de las personas detenidas fueron acusadas de “agrupaciones ilícitas”, delito relacionado con la actividad de las pandillas y la pertenencia a ellas. La mayoría de las detenciones efectuadas en virtud del estado de excepción eran arbitrarias porque violaban las garantías procesales debido a la ausencia de órdenes judiciales claras, la prolongación de las detenciones administrativas, la falta de información oficial exacta sobre el paradero de los detenidos dada a las familias, y el ocultamiento de la identidad de los jueces que tramitaban los casos. El estado de excepción afectó especialmente a las comunidades marginadas y empobrecidas, e intensificó su vulnerabilidad”.
  • El sistema penitenciario salvadoreño tiene niveles altísimos de hacinamiento carcelario, con un índice de ocupación que alcanzó el 300% (Amnistía Internacional).
  • El gobierno menoscabó la autonomía y eficacia de los sindicatos. El Movimiento de Trabajadores Despedidos registró la disolución de 10 sindicatos derivada de la eliminación de un número igual de dependencias gubernamentales.
  • Una investigación realizada en 2022 reveló que 35 periodistas y activistas de El Salvador habían sido objeto de espionaje con el software Pegasus entre 2020 y 2021 (AI).
  • Ante varios reportajes, el presidente Bukele llamó “Imbéciles” (vía la red social X) “… a los periodistas independientes de El Salvador luego que dos investigaciones periodísticas revelaran cómo él y cinco miembros más de su familia, sus tres hermanos, su esposa y su madre, adquirieron 34 propiedades valoradas en nueve millones de dólares durante sus primeros cinco años en el Gobierno”.

Aunque no se conocen mayores pormenores acerca de la propuesta de visita, de haberse dado una negativa de parte de la CSJ, considero la decisión acertada. Pues, las acciones desplegadas por el señor Bukele, han sido severamente cuestionadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), oenegés salvadoreñas e internacionales, quienes han ido puntualizando cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos.

Además, no se puede dejar pasar que, antes de declarar el estado de excepción que, le permitió la detención de miles de personas —sin la aplicación del debido proceso— el señor Bukele, destituyó a los magistrados de diversas salas de la CSJ —sobre todo la Sala Constitucional—, lo cual se convirtió en una afrenta a la independencia judicial, así que, es probable que, en un hipotético discurso ante la CSJ, defendiera una posición que en Costa Rica no sería admisible, sobre todo por los reiterados pronunciamientos de la Sala Constitucional (voto 1739-92).

Esto, no debería entorpecer las relaciones entre ambos países, es más, ya confirmada la visita, no me cabe la menor duda de que, será recibido por el presidente Chaves, con todo el protocolo correspondiente, pero, la intención de visitar a la CSJ era innecesaria, siendo correcta la decisión de parte de la Corte Suprema de Justicia, en apego a los valores democráticos del Estado costarricense. Ojalá, esto se convierta en un precedente de aplicación obligatoria en lo sucesivo, cuando algún mandatario de Estados donde no se respeten los derechos humanos pretenda realizar algún tipo de visita a la CSJ, o entablar relaciones de cooperación.

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