Hábitat y desarrollo urbano se fracturan por la disminución de la inversión social y la falta de visión, programas, planes y proyectos estructurados.
El país enfrenta una falta de gestión en este sector sin precedentes, se redujo el presupuesto del BANHVI en 30.000 millones de colones y se colocaron 7.000 bonos de vivienda menos en cada año de esta administración, los asentamientos precarios llegan a 576, en donde viven 64.128 hogares, 183,227 personas en condiciones infrahumanas, con servicios de mala calidad y estructuras en mal estado.
El déficit habitacional sigue creciendo y llega ya a las 165.517 unidades. Las viviendas en estado regular que deben ser reparadas rondan las 770.830 unidades, que significa el 43,3% de las viviendas del país.
La oferta en vivienda para la clase media representa solo el 14% en el mercado inmobiliario de condominios. El 86% de las soluciones están pensadas para satisfacer las necesidades del 30% de la población, es decir solo para clase de mayor poder adquisitivo.
La realidad en la clase media
El crédito para uso residencial representa una porción significativa del crédito total, en diciembre de 2023, representaba el 30,1% del saldo crediticio en colones y el 27,1% en dólares. En el año 2023 el gasto en protección social pasó, en ese mismo lapso, de 8,0% a 7,1% del PIB; mientras que, en vivienda y otros servicios comunitarios, el gasto ejecutado a nivel de todo el sector público se mantuvo en torno al 2,3% del PIB, principalmente por las erogaciones en desarrollo comunitario y que están relacionadas con el sector municipal.
La construcción habitacional del país representa aproximadamente el 60% de los todos los metros cuadrados edificados cada año, en promedio se desarrollan entre 23.000 a 25.000 unidades por año y generalmente las viviendas sociales representaban años atrás el 50% del total de las casas. Este es un sector que sin duda reactiva la economía del país, en un estudio realizado por el Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2022, se demostró que el encadenamiento total absoluto hacia atrás de la construcción de edificaciones residenciales es de 1,67 colones por cada colón invertido.
Solo las viviendas construidas con bono generan más de 3.000 empleos al año. En años anteriores los bonos familiares de vivienda (BFV) expresaban más del 40% de la construcción de viviendas del país en algunos momentos en que la cantidad de construcción “privada”, es decir, construcciones sin subsidio de los BFV, decayó. Fueron estos, los BFV, los que sostuvieron la construcción de soluciones residenciales. En ciertos años, los bonos llegaron a representar más del 50% de los permisos tramitados y hubo un año en que llegaron hasta el 60%. No obstante, en estos últimos años en los que la cantidad de los BFV se ha venido reduciendo, ha sido la construcción “privada” la que ha venido asumiendo una mayor participación en el conjunto de construcción de viviendas; en el 2023 alcanzó un 63.5%.
Al respecto, la fracción de Liberación Nacional luchó por consolidar el proyecto 23.312, una iniciativa ya aprobada en segundo debate, pero aún no firmada por el Poder Ejecutivo, que permitiría incrementar significativamente el número de soluciones de vivienda, creando nuevos mecanismos de inversión para financiar proyectos habitacionales.
Estas soluciones habitacionales van dirigidas al sector de clase media, mayoritario en el país y comprometido entre los alquileres o los préstamos de por vida, sin poder muchas veces consolidar una casa propia, además de que crean líneas productivas que reactivan la economía del gran ecosistema de la construcción.
Actuar sobre los precarios y asentamientos consolidados
Es un desafío y una tarea urgente estructurar una secretaria nacional para la erradicación de los precarios, que esté integrada por instancias de los ministerios de vivienda, seguridad, salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad y la secretaria técnica del Ambiente, que permita plantear una estrategia de atención a estos asentamientos informales en precariedad, y con esto mejorar la calidad de vida de estos habitantes.
Es fundamental reestructurar el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda para proveer recursos específicos a la atención de los asentamientos precarios, nos hemos comprometido y hemos cumplido, pero las tareas pendientes como Estado son enormes y aumentan cada día más ante la inoperancia, descuido y mezquindad en los que hoy vivimos.
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