Lejos de lo que muchas personas suponen, las empresas extranjeras que operan en nuestro país bajo el Régimen de Zonas Francas le han venido inyectando a la economía nacional, de manera continua y creciente, sumas multimillonarias.
Durante el año 2022 fueron 11.714 millones de dólares (32 millones de dólares diarios), lo que expresado en colones son 6,2 billones (17000 millones de colones cada día). Esta enorme suma es equivalente al 18% de nuestro PIB y ha crecido de manera constante (176% en el periodo de 7 años que va del 2016 al 2022), de acuerdo con la estadística que publica Procomer.
Se trata de dinero que estas empresas tienen que traer al país para poder pagar sus gastos operativos y cubrir una parte importante de sus costos de producción, ya que las empresas que operan en zonas francas, típicamente, no tienen ingresos por ventas en el mercado local.
En el 2022, 4.792 millones de dólares (2,5 millones de millones de colones) fueron destinados a pagar salarios, cargas sociales y otros beneficios a trabajadores (que pagan impuestos), rubro que aumentó en un 83% en el período de siete años ya mencionado.
Durante ese mismo año, 6.800 millones de dólares fueron destinados a compras locales, suma que aumentó en un 300% desde el 2016, lo cual indica que se está dando un proceso de encadenamiento creciente con otros sectores de la economía, lo que genera más actividad económica y otra gran cantidad de puestos de trabajo en las empresas a las que les compran sus productos y servicios (que también pagan impuestos).
Este flujo permanente de riqueza se inyecta íntegro y se distribuye en la economía nacional de manera constante, día a día. Es distinto de la inversión inicial que las empresas deben hacer, por una única vez, para establecerse o ampliar operaciones en el país (la que se contabiliza como inversión extranjera directa y no está incluida en las cifras anteriores).
Por tratarse de divisas extranjeras, ingresan al mercado cambiario, producen efectos positivos en nuestra balanza de pagos y aumentan nuestras reservas monetarias internacionales (RMI), con lo que contribuyen de manera sensible con la estabilidad del tipo de cambio. En pocas palabras, le dan poder adquisitivo a un importante número de personas y aumentan de manera sana nuestra capacidad para hacer compras y pagos en el exterior.
Ese ingreso produce en nuestra economía efectos muy similares a los que producen las remesas que envían a sus respectivos países millones de latinoamericanos que se han visto obligados a emigrar, ante la falta de oportunidades.
Visto desde este ángulo, en lugar de "exportar" a nuestros trabajadores, hemos logrado traer al país empleos formales y bien remunerados, con las garantías y prestaciones que impone nuestra legislación, que permiten a muchos miles de costarricenses llenar sus necesidades y hacer un aporte a la economía, sin haber tenido que emigrar a otros países, para encontrar una fuente de ingresos, generalmente informal y sin mayores garantías.
Haber logrado atraer esas fuentes de riqueza y empleo al país, en lugar de alentar el éxodo, es el resultado de haber definido estrategias claras y de haber hecho las cosas bien, durante mucho tiempo. Sus beneficios hoy saltan a la vista y la pregunta pertinente es cuáles acciones y decisiones son necesarias para mantener esa modalidad como un componente importante de nuestra estrategia de crecimiento económico y de desarrollo humano.
Por razones geopolíticas, muchas empresas estadounidenses que hasta ahora han operado en China afrontan la necesidad de trasladar sus operaciones a nuestro lado de la cuenca del Pacífico (fenómeno al que en inglés han llamado near-shoring). Dado el pequeño tamaño de nuestra economía (PIB de $65.000 millones en 2022), estamos ante una fuente prácticamente inagotable de capital, tecnologías y acceso a mercados, recursos que son indispensables para generar y distribuir riqueza y con los que nuestro país de otra manera no podría contar.
Si logramos que esa inyección de riqueza continúe creciendo, supongamos que no al ritmo promedio del 29% en que lo ha hecho durante los últimos 7 años, sino a uno más conservador del 15%, podría alcanzar 18.000 millones de dólares anuales para el año 2025 y 36000 millones para el 2030.
Para que algo así llegue a ocurrir, es indispensable hacer hoy otro audaz esfuerzo para mantener y potenciar las condiciones que nos permitan seguir siendo un país atractivo para esta nueva oleada de inversiones, lo cual traería nuevas oportunidades para las decenas de miles de costarricenses que ingresarán al mercado laboral en el futuro próximo.
Si bien los dos países que durante los últimos años les han resultado más atractivos para establecerse a esas empresas son México y Costa Rica, debemos tener claro que cosas que no son inagotables son la cantidad de personas capacitadas para ejecutar el trabajo sofisticado que esas empresas requieren y la limitada y en muchos casos ya colapsada infraestructura pública de nuestro país.
Resulta crucial entender que los problemas que se identificaron como lastres para el desarrollo y se atendieron adecuadamente a mediados del siglo pasado, no son los mismos que debemos priorizar y atender hoy. No es solo porque el mundo ha cambiado y las tecnologías han evolucionado, sino también porque en muchos casos ya hicimos la tarea y alcanzamos con holgura muchos de aquellos objetivos.
Las prioridades estratégicas para nuestro desarrollo futuro deben ser revisadas y redefinidas sin prejuicios ni dogmatismo. Hay que hacerlo con creatividad y cautela para que, lejos de desproteger a las personas más vulnerables, se logre al fin enganchar sus vagones al tren del desarrollo humano, gran deuda que nuestros sistemas político y económico tienen pendiente con la sociedad.
Es claro que, para impulsar nuestro desarrollo, con o sin zonas francas, debemos poner al día las infraestructuras públicas, principalmente las de transporte de pasajeros, carreteras, puertos marítimos y aeropuertos, lo cual requiere de construcción de obra pública a gran escala, actividad que siempre trae consigo el beneficio colateral de generar trabajo para muchas personas que no tienen niveles de preparación académica o técnica suficientes para trabajar en actividades más sofisticadas.
Para lograr ejecutar acciones efectivas en el corto plazo, se hace indispensable crear conciencia colectiva sobre su importancia y construir un acuerdo multipartidista y plurisectorial, que acabe tanto con trabas burocráticas como con fuentes potenciales de corrupción y garantice un balance adecuado entre eficiencia y control.
Generar mayor capacidad de inversión pública, así como abordar otros temas que hoy resultan estratégicos para afrontar los retos del desarrollo humano en el segundo cuarto de este siglo XXI, tales como la conectividad a Internet, la generación masiva de puestos de trabajo para las personas que no tuvieron la oportunidad de alcanzar al menos un nivel educativo medio, la productividad del sector público, así como la oportunidad y calidad de los servicios que le corresponde al Estado brindar, son temas absolutamente prioritarios que deben ser analizados y sus soluciones programadas y puestas en ejecución cuanto antes.
Otros, sin duda más trascendentales, también deben ser abordados sin dilación y sometidos a un proceso de mejora continua, como puede ser impulsar una verdadera revolución en nuestro sistema educativo para lograr que todos nuestros jóvenes adquieran, desde la escuela y el colegio, además de una cultura general, herramientas y conocimientos específicos que les sean útiles para integrarse a un sistema productivo más sofisticado y rentable, de manera que, en lugar de ir a engrosar los segmentos de población en condiciones de pobreza, puedan convertirse en protagonistas del desarrollo y de la modernización de nuestra sociedad.
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