Desde el 2016, a mediados de cada año, el país entra en el debate del presupuesto de las universidades públicas, conocido como el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Una serie de actores sociales y argumentos entran en la discusión, que como fin último tiene el de contraponer ideas sobre lo que representa en la actualidad la educación pública superior como mecanismo de ascenso y de atención a poblaciones con mayores desventajas sociales.

En este marco, la Universidad Nacional muy acertadamente implementó, desde el 2010, un modelo de admisión que admite a la población estudiantil mediante una tipificación por estratos y que beneficia a quienes presentan mayor desventaja social de Costa Rica.

Pero hoy, que el país vive una crisis educativa y social sin precedentes, las autoridades gubernamentales cuestionan con sus decisiones el valor de la educación como bien público y social, y polarizan al mismo sector educativo, sin  reconocer los avances certeros y agendas comunes que procuran fortalecer de manera urgente el entramado educativo público.

La educación no está para más incertidumbres sino para certezas y direccionada hacia el desarrollo. Recordemos que la planificación que permitía un FEES quinquenal fue más efectiva para todo el sector educación, pues con ella se consolidaron proyectos pedagógicos y curriculares con los cuales se avanzó y se promovió a generaciones completas de estudiantes de condiciones económicas menos favorecidas, que hoy trabajamos por el país.

La erosión evidente de la institucionalidad pública, sumada a una improvisación y desmantelamiento del presupuesto de educación, nos hace reflexionar sobre aquel imaginario social de los costarricenses en donde vivir en un estado social de derecho era incuestionable. Muy a pesar de aquella aspiración colectiva, hoy tenemos el menor presupuesto en educación de la década y con ello una desatención de cerca de un millón de jóvenes estudiantes que se encuentran a la deriva en sus proyectos de vida.

Ante este panorama, las universidades públicas son pilares en la defensa plena de los derechos humanos, la democracia y de la educación como eje fundamental para el desarrollo. En la U pública se transforman vidas, se promueve la movilidad profesional con perspectiva de género (más del 50% de las personas graduadas son mujeres) y existe evidencia empírica que respalda los resutados de inversión social, más allá de argumentaciones laxas que quieren socavar y deslegitimar lo que se realiza en educación superior pública.

Solo en la Universidad Nacional, a pesar de un presupuesto del FEES que no crece desde hace varios años, el fondo de becas atiende a más del 60% de la población estudiantil; el presupuesto en becas ha aumentado un 32% en los últimos cuatro años y destinamos un fondo humanista para apoyar a estudiantes con situaciones de salud especiales. El 93% de nuestros estudiantes provienen de colegios públicos; gracias a las becas socioeconómicas, la población estudiantil que se encuentra en pobreza extrema mejora sus condiciones con al beneficio de equidad que impulsa la UNA.

Es con la inversión del FEES que las sedes regionales no solo impactan a las comunidades y territorios, sino que a la vez permiten a la población graduada contar con habilidades blandas que facilitan su inserción laboral de una forma pertinente y con una impronta profesional única, crítica, sensible, con justicia social y que definitivamente se aprende y desarrolla en las aulas de la U pública.

No obstante, la negación empecinada e inédita del gobierno al diálogo para negociar el presupuesto de las universidades públicas nos ubica en un escenario distinto: ahora estamos en manos del poder legislativo, donde esperamos prime la toma de decisiones basada en la evidencia aportada por las universidades sobre los beneficios de invertir en educación y su impacto en el desarrollo del país.

Estamos decidiendo por la población que merece nuestros mayores esfuerzos como sociedad, para darle a  las personas estudiantes y a sus familias oportunidades de ascenso social con equidad y dignidad. Su oportunidad de estudio se traducirá en el desarrollo integral de toda la sociedad costarricense, es por esto que invertir en educación es invertir en Costa Rica, que el FEES es justicia social y promotor de un modelo de avanzada que impacta positivamente a lo largo y ancho del territorio nacional.

Durante mi vida como estudiante, académica y durante los últimos cuatro años como vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad Nacional he podido constatar cómo las universidades públicas son faros de esperanza y desarrollo para nuestro país. Es por ello que creo y lucho por el FEES, por su potencial para invertir en justicia y movilidad social.

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