Las informaciones preocupantes acerca de la situación educativa nacional no parecen tener fin. La más reciente apunta al fracaso en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y con ello a la ruptura de la tradición de diálogo y acuerdos que han hecho de Costa Rica un país singular. El gravísimo golpe que se está dando a la educación pública no solo afecta a la educación superior, sino al sistema educativo en su conjunto.
Los datos son contundentes. Al panorama que vienen dibujando los más recientes informes especializados en la materia se suma el último estudio de la Contraloría General de la República, DFOE-CAP-OS-00001-2024, el cual confirma, muy dolorosamente, la tendencia al deterioro progresivo y creciente de la educación nacional.
Comencemos por la asignación de recursos para la educación, indicador elocuente —más allá de cualquier discurso— de la prioridad que una nación le confiere a este pilar del desarrollo social y económico, y a la vez factor indispensable (no único) para que el país retome el camino de la transformación y la innovación en esta área esencial. Mientras los diversos países en el mundo se preocupan por recuperar e incluso superar los niveles previos a la pandemia, en Costa Rica, dice la CGR en su Informe: “Como porcentaje del PIB, el gasto pasó de representar el 7,07% en 2017 (cuando alcanzó un máximo histórico) a un 5,41% del PIB en 2023. En términos reales, en 2023 muestra una disminución de 1,5% en comparación con 2022.” El mismo texto adelanta el panorama restrictivo y la disminución a la que apuntan las cifras preliminares para el 2025.
Dificultades similares se presentan en lo que respecta al gasto por estudiante: “Costa Rica es uno de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos que menos recursos asigna por estudiante de primaria y secundaria.” Los datos que analiza el Informe no solo reafirman que en comparación con los países de la OCDE esta asignación es baja, sino que ha disminuido en los últimos 5 años.
La situación se agrava al haber disminuido los recursos destinados a la atención de estudiantes en condición de pobreza, como lo muestran las cifras de asignación al IMAS para estos fines en los años 2022, 2023 y 2024. En un contexto de desigualdad, muy otra debería ser la orientación en este campo. Fue esta convicción la que nos llevó, en el cuatrienio 2014-2018, junto a otras medidas relevantes del gobierno en el campo social, a un importante incremento del presupuesto para los programas de equidad del MEP, de la cobertura de éstos, así como del número de becas para poblaciones en riesgo y vulnerabilidad y a un aumento sostenido en la cantidad de beneficiarios del transporte estudiantil. En el mismo marco, y solo como un ejemplo más, se ubicó la iniciativa pionera de comedores escolares abiertos en vacaciones, que en el año 2017 permitió mantener abiertos 362 centros en todo el país o la renovación integral del programa de alimentación escolar Costa Rica saludable. En esta y en otras iniciativas más el aporte de las universidades públicas fue crucial.
Lamentablemente las noticias más recientes reflejan que se está rompiendo la visión de conjunto del sistema educativo y la tradición de diálogo, al tiempo que se concreta un alejamiento de los esfuerzos que venía haciendo el país para avanzar hacia la asignación del 8% del PIB a la educación. Aspiración esta última cimentada en una visión de futuro y en los más altos ideales de una nación lúcida, comprometida con el bienestar de su población y por ello con la paz y la cohesión social.
Junto a la problemática del financiamiento, los desafíos en materia educativa tienen que ver con cobertura, ámbito en el cual los datos evidencian deterioros o claras insuficiencias con respecto a las metas; con acceso a los servicios, al no superarse las diferencias en razón de la oferta o la zona geográfica; con eficiencia y también, muy fuertemente, con desempeño. Todas estas brechas están teniendo un particular impacto en las poblaciones más vulnerables, tales como el estudiantado en condición de pobreza o discapacidad.
Si bien muchos desafíos no son nuevos, la educación nacional venía construyendo un camino para enfrentarlos. Además de un fortalecimiento en la asignación de recursos y de medidas para mejorar los resultados, los ingentes afanes para la aprobación de una nueva y ambiciosa política educativa en 2017, ampliamente reconocida por expertos nacionales e internacionales, y de una nueva política curricular para impulsar competencias y habilidades del siglo XXI, la cual permitió la renovación de los programas de estudio —42 programas diferentes en diversos ciclos-, ejemplifican los esfuerzos y avances que fue capaz de hacer el MEP para resolver rezagos y encarar retos sustantivos del país en materia educativa.
Siempre señalamos que cuando en 2017 la OCDE, después de una rigurosa evaluación externa, dio su aval al informe sobre educación de Costa Rica, resultaba claro que el país no tenía todos sus problemas resueltos, pero sí que contaba con un diagnóstico riguroso, una tradición, una visión y una estrategia (una ruta) para enfrentarlos.
Por ello nada justifica el extravío que estamos viviendo. Costa Rica había logrado posicionar una política de Estado en educación sustentada en acuerdos fundamentales que resultan clave para seguir avanzando. Desafortunadamente la realidad actual parece mostrar que es otro el camino que se está tomando: más que una falta de ruta, la educación pública parece llevarse por la vía del deterioro y el desmantelamiento, desaprovechándose innumerables esfuerzos nacionales y fracturándose dolorosamente los anhelos de miles de niños, niñas y jóvenes que soñaron con una vida digna y con un país comprometido con la justicia y la paz. Imperdonable.
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