La política social en Costa Rica bajo el gobierno de Rodrigo Chaves Robles ha sido objeto de críticas y análisis por diversos sectores. Desde la reducción de fondos destinados a programas sociales hasta la falta de claridad en las prioridades del gobierno, el panorama actual refleja desafíos significativos para el desarrollo social del país, con daños que podrían requerir años para ser reparados.
Al inicio de su gobierno, se esperaba que la administración de corte liberal de Chaves Robles tuviera al menos una hoja de ruta definida bajo el enfoque de una política social de precisión. Sin embargo, la evidencia sugiere que el gobierno ha carecido de una dirección clara y que la política social ha sido subestimada, quedando lejos de lo que se consideraría una política de precisión. Esta situación ha traído consigo graves consecuencias para el país, como el aumento de la desigualdad, el deterioro de la calidad de vida, una mayor conflictividad social, impactos negativos en el desarrollo social y una pérdida de legitimidad del gobierno. Esta falta de compromiso con el bienestar de la población ha erosionado la confianza en las instituciones y está debilitado la democracia.
El contexto socioeconómico de Costa Rica presenta desafíos importantes para la política social. Tras la pandemia de COVID-19, el país ha enfrentado dificultades económicas que han impactado negativamente en el empleo, la pobreza y la desigualdad. A pesar de que la Constitución Política establece obligaciones claras, como destinar al menos el 8% del PIB a la educación, los recortes presupuestarios han puesto en duda el cumplimiento de estos compromisos. En este contexto, la política social se ha visto afectada por restricciones fiscales y la necesidad de estabilidad económica, lo que ha limitado su alcance y efectividad.
El gobierno de Rodrigo Chaves Robles ha sido criticado por la falta de objetivos claros y coherentes en materia social. Aunque se mencionan metas generales como la reducción de la pobreza y la creación de empleos, no se especifican los indicadores o las estrategias concretas para alcanzarlas. Este enfoque ambiguo sugiere una dependencia excesiva en las mejoras económicas generales para generar beneficios sociales, en lugar de implementar intervenciones directas y proactivas en los problemas sociales.
En cuanto a las estrategias y programas sociales implementados, el gobierno actual ha mostrado una tendencia a continuar con políticas de administraciones anteriores sin introducir innovaciones significativas. Aunque se han mantenido programas como la Red de Cuido y Avancemos, no se ha desarrollado ningún proyecto destacado que indique un progreso de la política social. Además, la falta de coordinación y la desarticulación de los esfuerzos existentes han debilitado el impacto de las iniciativas sociales.
Un aspecto crítico de la política social bajo el gobierno de Chaves Robles es la reducción de los recursos destinados a programas sociales. Los fondos han caído a niveles históricamente bajos, lo que ha afectado la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de la población más vulnerable. La proporción de recursos destinados a educación y otros servicios sociales ha disminuido, alejándose de las obligaciones constitucionales y reflejando una de priorización del gasto social. Y no es que no se pueda aumentar la inversión social, sino que el Ejecutivo no quiere hacerlo.
Los resultados de la política social en Costa Rica durante este periodo son mixtos. Si bien algunos programas han continuado funcionando, la falta de un enfoque integral y la reducción de recursos han limitado su efectividad. Los indicadores de pobreza, desigualdad y acceso a servicios básicos no muestran mejoras significativas y, en algunos casos, han empeorado. Esto indica que las políticas sociales no están logrando los objetivos deseados de mejorar la calidad de vida para los sectores más vulnerables.
La opinión pública critica la ausencia de un liderazgo claro y de una estrategia coherente para enfrentar los desafíos sociales. Además, se percibe una desconexión preocupante entre los Jerarcas de las instituciones con responsabilidad en el ámbito social y las necesidades reales de la población, ya que parecen estar más alineados con los intereses del Poder Ejecutivo – para cuidar los suyos - que con la defensa de las poblaciones vulnerables. Esto es evidente en los Jerarcas del IMAS, la CCSS, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Bahvi, Fodesaf, Conapam, Conapdis, Inamu y el PANI, quienes parecen adoptar una postura de "dejar hacer, dejar pasar". En ninguna de estas instituciones existen hojas de ruta claras sobre su accionar, lo cual ha suscitado un amplio debate sobre la efectividad y justicia social en lo que deberían hacer. Asimismo, la falta de transparencia y comunicación respecto a las políticas implementadas y sus resultados ha aumentado el descontento entre los ciudadanos.
Comparada con administraciones anteriores, la política social actual se percibe como un retroceso. Costa Rica, que antes era vista como un modelo de desarrollo social en la región, ha perdido parte de su liderazgo debido a la falta de inversión y de políticas innovadoras. En comparación con otros países de América Latina, Costa Rica enfrenta desafíos similares, pero la falta de un enfoque claro y recursos suficientes la coloca en una posición desfavorable en términos de desarrollo social.
Los desafíos para la política social en Costa Rica son numerosos y requieren atención urgente. El envejecimiento de la población, la desigualdad persistente y las secuelas de la pandemia son algunos de los problemas que el gobierno debe abordar. Sin embargo, también existen oportunidades para mejorar, como la posibilidad de reestructurar programas existentes, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y desarrollar políticas más inclusivas y sostenibles. Pero en esto, tampoco parece que el Gobierno tenga interés.
Para mejorar la política social en Costa Rica, es fundamental que el gobierno de Chaves Robles adopte un enfoque más proactivo y coherente. En lugar de crear conflicto, debería centrarse en reconstruir el tejido social del país y poder avanzar a la mitad del siglo con mayor bienestar. En esto el compromiso de que podamos construir una mejor Costa Rica es de todos. No podemos, ni debemos permanecer como una nación polarizada, empobrecida, desigual y menos solidaria. Posiblemente, al finalizar su mandato, el presidente Chaves Robles regrese a sus casas de descanso en Letonia o Portugal, mientras todos nosotros nos quedemos con pedazos de Costa Rica.
Es urgente que todos los sectores trabajen juntos para preservar y fortalecer lo que queda. Las recomendaciones incluyen aumentar la inversión en sectores clave como la educación y la salud, mejorar la coordinación interinstitucional y desarrollar nuevas políticas que respondan a las necesidades emergentes de la población. Además, es necesario fomentar la participación ciudadana en la formulación de políticas y mejorar la transparencia en la gestión de los recursos. Solo a través de un enfoque integral, inclusivo y eficiente se podrán lograr avances significativos en el desarrollo social del país.
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