El pasado 10 de mayo el zoológico Simón Bolívar cerró sus puertas tras diez años de debate sobre maltrato animal, la prohibición de los zoológicos en el país y una caída sostenida en la visitación. Desde ese día el sitio está a merced de los habitantes de la calle, la contaminación de la cuenca del río en que se ubica y el abandono de las autoridades tras 103 años de operación.
El emblemático parque nació primero como el jardín de plantas y animales impulsado por el naturalista suizo Henry Pittier a finales del siglo XIX en el Liceo de Costa Rica. Fue en julio de 1921 que el proyecto se trasladó a su actual sede para las festividades por el natalicio del libertador homónimo que le daría nombre. A lo largo de un siglo el parque estuvo adscrito primero al Museo Nacional y luego varios ministerios hasta que en 1986 se entregó al ahora Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) que en 1994 lo concesionó a una fundación privada para su administración como zoológico.
La propiedad cubre 1,7 hectáreas de los últimos espacios verdes en el margen sur del Río Torres en el corazón de San José. Por su reducido tamaño en medio de la expansión urbana y el grado de intervención humana, no es un corredor biológico, ni corresponde con ninguna de las categorías de manejo de la Ley Orgánica del Ambiente. Qué hacer con el parque y cómo administrarlo en beneficio de la población es la gran pregunta que debemos atender, antes que perdemos para siempre ese refugio verde.
Propuestas concretas
Desde el sector privado, la comunidad, la academia y el Estado se han planteado las más diversas propuestas para el inmueble: desde un museo del cambio climático, hasta convertirlo en estación de policía o venderlo para reducir la deuda pública, pero quizás solo una ha avanzado más allá de las palabras: la transformación del parque en un jardín botánico administrado por la capital. Es la propuesta más viable y de mayor consenso. Así lo propusieron una veintena de diputados desde 2016 en una iniciativa (Expediente N° 20.123) dictaminada por unanimidad y que espera ser conocida por el pleno legislativo que cuenta con el apoyo de la anterior y actual Alcaldía, de la asociación de vecinos de la comunidad y que desde mi regiduría me he comprometido a impulsar y facilitar.
Esta propuesta del jardín botánico además es compatible con el manejo del sitio como el primer parque urbano del país, figura de protección ambiental creada en 2021 (Decreto N° 42742-MINA) para conservar ecosistemas y bosques urbanos en riesgo y que puede ser administrada por gobiernos locales mediante modelos que promuevan servicios ecosistémicos, investigación, turismo sostenible y una dinamización de la economía local tan necesarios en la capital.
La propuesta cuenta además con múltiples proyecciones de viabilidad económica y con el apoyo de dos aliados estratégicos: la Universidad de Costa Rica con décadas de experiencia administrando el Jardín Botánico Lankester en Cartago y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), que cuenta con un Campus Tecnológico al lado del Simón Bolívar, cuyo proyecto “Casa Cultural Amón” ha liderado los esfuerzos interinstitucionales para la recuperación cultural y económica de este sector de la capital. Es hora de sumar esos esfuerzos.
Ni pica ni presta el hacha
Por el momento los detractores de este plan de rescate apoyan al anterior administrador del zoológico en su intento de retomar la concesión por medio de los tribunales o con su inacción perpetúan la actual situación de abandono del inmueble. Con una ley como la que se discute en la Asamblea y la coincidencia de los principales actores interesados en recuperar el espacio, no hay motivo legal, estratégico ni operativo que impida el traslado de la propiedad a la Municipalidad de San José. Incluso, el Tribunal contencioso que conoció el reclamo el anterior administrador rechazó todas sus solicitudes cautelares por falta de interés actual.
En todo caso, el Minae ha reconocido que no tiene un proyecto ni presupuesto para el espacio y lejos de ser un activo estratégico, la administración del parque en abandono hoy representa un dolor de cabeza para las autoridades institucionales y una distracción para el deber de protección de las áreas marinas y terrestres por parte del SINAC. Con el inicio de sesiones ordinarias el próximo 1 de agosto, la decisión está en la Asamblea Legislativa: ¿rescatemos el parque como jardín botánico o dejamos que se pierda por desidia y cortoplacismo?
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