Durante la presentación también hicieron un llamado al presidente de la república a detener sus ataques verbales a mujeres en puestos políticos.

El Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres-CR, la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacida (Alamud) y la organización Mujeres por Costa Rica presentaron esta tarde a la Asamblea Legislativa un documento solicitando acciones mínimas urgentes por parte de las instituciones públicas para la atención de la violencia contra la mujer.

Las organizaciones recodaron que el país ya cuenta con una política de estado integral para prevenir y atender las violencias contras las mujeres, denominada Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (VcM) de todas las edades 2017-2032, así como con planes quinquenales que incluyen obligaciones y metas de cumplimiento cuantificables y medibles que involucran a más de 22 instituciones del Ejecutivo, Legislativo y academia, tanto en materia de prevención (primaria, secundaria y terciaria) como de atención a víctimas y acceso a la justicia.

Sin embargo, las organizaciones señalaron que esa política y su plan de acción no cuentan con el apoyo político de las autoridades institucionales actuales, y han visto disminuida la asignación de recursos para su debida ejecución.

Dato D+: Según indicaron las organizaciones el presupuesto destinado a las acciones de prevención y atención de la violencia contra la mujer del Inamu, incluyendo servicios, ha pasado de representar el 3.33% del total del presupuesto institucional en el 2019 a representar un 2.41% en el año 2022.

Las organizaciones destacaron que las instituciones involucradas en la respuesta a la violencia contra la mujer coinciden en señalar que la demanda de servicios ha aumentado y señalaron que “los servicios existentes están saturados afectando no solo la calidad de la atención a las mujeres, sino también la posibilidad misma de ser atendidas”, y agregaron que zonas completas del país “carecen de una respuesta ágil y efectiva frente a la violencia sexual y doméstica”.

Además, llamaron la atención porque los programas de prevención están desfinanciados o descontinuados incluyendo aquellos que obligan a trabajar con hombres, jóvenes y niños sus procesos de masculinidad, por lo que alertaron que “sin mayor inversión en programas y servicios no se podrá detener la violencia machista e interseccional contra las mujeres, las niñas y los niños”.

El documento entregado a la Asamblea Legislativa se presentó en una conferencia de prensa donde participaron las diputadas Montserrat Ruiz Guevara, Rocío Alfaro Molina, Luz Mary Alpízar Loaiza y Dinorah Barquero Barquero, y contó con la presencia de la exvicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría.

Durante la presentación Ana Hidalgo, una de las voceras del movimiento, se refirió al documento presentado y añadió:

También, decirle al señor presidente que estamos cansadas de que nos trate mal, porque ese tratarnos mal a las mujeres en la política, a las diputadas, a la contralora, a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, a todas las personas, sobre todo las mujeres que difieren, eso estimula la violencia, estimula la violencia social y estimula la violencia contra nosotras las mujeres".

Hidalgo aseguró que "desde la cabeza de este Gobierno, de la cabeza de este estado, es como se puede prevenir y detener la violencia. Hacemos un llamado para que cese la violencia de todos los espacios políticos en este país, para que podamos volver a sentarnos a dialogar para resolver los grandes problemas que todos nos aquejan".

Por su parte Ana Elena Chacón manifestó:

Hemos venido estas cuatro organizaciones (...) a decir primero que tenemos una propuesta porque en Costa Rica existe una política pública desde el siglo pasado que nos dice muy claramente cuáles son los parámetros para atender el flagelo de la violencia de género. (...) hemos indicado cuáles son las instituciones públicas que sentimos que no solo no están cumpliendo con su deber, sino que se han visto absolutamente desfinanciadas para poder abordar de una forma integral, como lo pide el sistema de atención contra la violencia hacia las mujeres, y en este momento no lo está haciendo".

Las organizaciones solicitaron a la Asamblea Legislativa, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto Ordinario 2025, garantizar que los programas, servicios y acciones institucionales se encuentren debidamente reflejados y con contenido material suficiente mediante presupuestos etiquetados, así como la necesidad de que avancen un conjunto de iniciativas de ley que podrían fortalecer la respuesta social frente a la violencia contra la mujer, que incluyen:

  • Expediente 24.303: Reformas y adiciones a la Ley 10263, Ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio.
  • Expediente 24.326: Ley Educar para la igualdad y equidad. Fortalecimiento de la prevención de todas las formas de VcM por razón de género.
  • Expediente 23.633: Ley para la institucionalización legal del protocolo de las 72 horas y los equipos de respuesta rápida para la atención integral a víctimas de delitos sexuales.
  • Expediente 23.634: Ley reforma del artículo 293 del Código Procesal Penal, ley n.° 7594, del 4 de junio de 1996 sobre el anticipo jurisdiccional de prueba.

Para las demás instituciones involucradas en el manejo y prevención de la violencia contra las mujeres, las organizaciones solicitaron:

Ministerio de Educación Pública

  • Fortalecer los programas de estudio de educación para la afectividad y sexualidad para III ciclo y educación diversificada y retomar los procesos de capacitación docente obligatoria para su puesta en práctica.
  • Reforzar la estrategia de cambio cultural de primera infancia para la igualdad y prevención de la violencia contra la mujer, y contra niñas y niños.
  • Retomar la estrategia de formación en nuevas masculinidades adscrito a la Dirección de Vida Estudiantil y fortalecer el tema en el ámbito curricular.
  • Dedicar el 5% del presupuesto institucional a desarrollar iniciativas de comunicación social multimodal relacionadas con la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Ministerio de Seguridad Pública

  • Dar continuidad y fortalecer los programas preventivos en escuelas y colegios.
  • Crear nuevas plazas específicas y formación especializada del nuevo personal policial dedicado de manera exclusiva a la atención de la violencia contra las mujeres en todas las unidades policiales del país.
  • Dedicar el 5% del presupuesto institucional a desarrollar iniciativas de comunicación social multimodal relacionadas con la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

CCSS

  • Emitir directriz ejecutiva y de acatamiento obligatorio en todos los servicios de salud para la detección temprana y tamizaje de situaciones de violencia contra la mujer y su inclusión en el EDUS para el registro y una referencia oportuna.
  • Ampliar la oferta de servicios de atención especializada (trabajo social, psicología y psiquiatría) a mujeres víctimas de violencia sexual y doméstica en todos los centros de salud del segundo, tercer y cuarto nivel de atención.
  • Retomar y poner en funcionamiento los procesos de formación en nuevas masculinidades en los servicios de atención a niños y jóvenes, incluidas las clínicas del adolescente.
  • Dedicar el 5% del presupuesto institucional a desarrollar iniciativas de comunicación social multimodal relacionadas con la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Poder Judicial

  • Dotar de  presupuesto adicional al OIJ y Ministerio  Público, etiquetado y condicionado para la contratación de nuevas plazas de agentes policiales y personas fiscales especializados en materia de investigación de delitos sexuales, delitos de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y otros relacionados con la violencia doméstica.
  • Constituir un Comité Local de Atención Inmediata y Seguimiento de casos de Alto riesgo de Femicidio (CLAIS) en todos los cantones.
  • Mantener actualizada la base de datos de ofensores, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, para consulta de los operadores y operadoras de justicia.
  • Formulación y emisión urgente de parte del Ministerio Público de una política unificada de persecución penal de los delitos de violencia contra la mujer incluyendo desapariciones y muertes violentas,que sea de obligatorio acatamiento en todas las sedes del Ministerio Público.
  • Dedicar el 5% del presupuesto institucional a desarrollar iniciativas de comunicación social multimodal relacionadas con la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Inamu

  • Detener el proceso de desmantelamiento de los programas institucionales de atención y prevención de la violencia contra las mujeres ejecutado mediante acciones de reorganización interna.
  • Gestionar e invertir recursos institucionales en la apertura de al menos 40 plazas nuevas interdisciplinarias (derecho, psicología y trabajo social), de nivel profesional especializado, destinado de manera exclusiva y específica a la atención de la violencia contra las mujeres en la Delegación de la Mujer y de los servicios de violencia contra las mujeres en las unidades regionales.
  • Desarrollar y financiar, en el marco del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la VcM-VIF, un programa de actualización teórica y técnica dirigido a todo el funcionariado público implicado en la prevención, atención y acceso a la justicia en materia de violencia contra las mujeres.
  • Realizar una encuesta nacional sobre incidencia de violencia contra las mujeres en Costa Rica que contribuya a dimensionar la magnitud y características de la problemática.
  • Incidir de manera efectiva y continuada con el Colegio de Periodistas y otras entidades competentes para erradicar el tratamiento espectacularizante y amarillista de las situaciones de violencia contra las mujeres y femicidios que fomentan su repetición y la desensibilización comunitaria.
  • Dedicar el 25% del presupuesto institucional a desarrollar iniciativas de comunicación social multimodal relacionadas con la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.