La reciente propuesta de varias magistradas de la Corte Suprema de Justicia para eliminar la transmisión en vivo de sus sesiones constituiría un retroceso en cuanto al derecho humano de acceso a la información, y un incumplimiento de diversas obligaciones internacionales y nacionales.  

Tal propuesta causa extrañeza por cuanto no es congruente con los diversos instrumentos aprobados por este mismo órgano para fomentar la transparencia y el acceso a la información al quehacer judicial, como por ejemplo la Política de Justicia Abierta, de Participación Ciudadana y de Lucha contra la Corrupción. Tampoco se alinea con las agendas y los múltiples compromisos internacionales adquiridos por el Poder Judicial en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), las cumbres judiciales Iberoamericanas, la Alianza para un Gobierno Abierto (OGP), entre otros. 

En las sesiones de la Corte Suprema de Justicia se adoptan importantes decisiones. Así, en sus funciones como órgano máximo de la conducción administrativa, política y jurisdiccional del Poder Judicial deben decidir políticas y distribución de recursos de la administración de la justicia, y opinar sobre los proyectos de ley que les afectan. Esta última función es crucial, porque si la mayoría de las magistraturas opina que una propuesta de ley les afecta en su funcionamiento, se debe aprobar con una mayoría calificada de legisladores que en este momento es prácticamente imposible de lograr por la fragmentación del congreso, con lo cual se constituyen en un importante filtro para la aprobación de legislación para el país.  

El solo intento de cerrar ese espacio de transmisión genera sospechas innecesarias y afecta la credibilidad de la institución en un momento en que se requiere un Poder Judicial independiente, coherente con los principios democráticos y que predique lo que exige a otras instituciones. Además, denota que aún falta mucho conocimiento sobre la transparencia activa, el acceso a la información y la rendición de cuentas dentro de la cultura organizacional del Poder Judicial, incluyendo el más alto nivel de jerarquía.  

De seguir adelante con esta iniciativa se estaría creando un silo de opacidad sobre la administración de la justicia, que no solo contraría los estándares internacionales y la propia legislación nacional sino que dificultaría el seguimiento a las decisiones por parte de los periodistas y de la sociedad en general.  

En lugar de retroceder, sería mejor abrir el debate sobre la publicidad y transparencia de los órganos colegiados del Poder Judicial, por ejemplo, deberían transmitirse por streaming las sesiones del Consejo Superior, ya que según la Ley Orgánica del Poder Judicial son públicas, además de aquellas del Consejo de Personal, Consejo de la Judicatura y de la Escuela Judicial. 

La transparencia es un principio fundamental para el desarrollo pleno y equitativo en una sociedad democrática, es un derecho humano y es vital para la lucha contra la corrupción. Ojalá que los y las señoras Magistradas reflexionen sobre el grave precedente que se crearía en caso de eliminar la transmisión de las sesiones y el daño que se crearía a la imagen del Poder Judicial. 

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