Pareciera que, hasta ahora, la mayoría de personas expresa apoyo al proyecto Ciudad Gobierno.
Recordemos que no es una idea de la actual administración; este fue presentado por Carlos Alvarado Quesada en mayo de 2021 aunque se pueden encontrar referencias a ideas similares en tiempos de Oscar Arias Sánchez, o por el lado municipal con el exalcalde de San José, Johny Araya Monge.
La Administración Chaves Robles, en su permanente compromiso con la improvisación y a falta de buenas ideas propias o una visión de largo plazo para el desarrollo del país, lo adoptó para convertirlo en el símbolo de su lucha contra el sistema y el Estado de Derecho, representado esta vez por la Contraloría General de la República.
Muchas personas que están a favor le han atribuido beneficios tales como conveniencia para el público al concentrar en un solo lugar la realización de varios trámites de distintas instituciones, disponer de espacios comerciales, construcciones más modernas y amigables con el ambiente y, sobre todo, que representaría un ahorro para el presupuesto nacional cercano a 360 millones de dólares en 30 años, al no pagar los actuales alquileres.
En la otra acera, algunos argumentos en contra se refieren al potencial impacto para los negocios que actualmente dependen del tráfico de visitantes a las instituciones que serán movidas, y que dejarían una parte de San José bastante desolada. Debemos mencionar que este tráfico ya ha disminuido en los últimos meses, debido a los problemas de inseguridad del país. El otro argumento, el del ahorro económico, podríamos ponerlo en duda pues no se han explorado otras opciones de compra y remodelación de inmuebles o integración de oficinas en edificios ya ocupados, y finalmente, respecto al ambiente, siempre tendrá más impacto negativo construir edificios nuevos, especialmente en proyectos tan grandes como este, de más de 150 mil metros cuadrados para 8 edificios.
Ahora bien, desde que Ciudad Gobierno fue parte del combo #1 del referéndum, mi voto era no. Desde finales del 2020 yo vivo en la zona rural, en un pueblo del cantón de Parrita. Ya podrán imaginar por dónde va la cosa. Para los habitantes de las zonas rurales, aquellas con los menores indicadores de desarrollo y oportunidades, Ciudad Gobierno es un cero a la izquierda, no aporta nada.
Ciudad Gobierno es un proyecto vallecentrista, y desde su mismo nombre está profundizando las diferencias entre la ciudad y el campo, entre el centro y las costas. El Gobierno, nos recuerdan, está en la Ciudad, aunque el actual presidente esté en Zapote por los votos de miles de personas de las costas que creyeron en él, o más bien en Pilar Cisneros.
Se habla de la necesidad de descentralización y de fortalecimiento de los territorios, pero es solo teoría. Cada vez que una persona de fuera del GAM tiene que ir a hacer un trámite, por ejemplo, por una incapacidad, una beca o una certificación, tiene que perder el día completo de trabajo, pedir vacaciones o permisos, debe salir de madrugada, tomar varios buses y cruzar los dedos para que la cosa se resuelva en una sola ida, pagar comidas y pasajes y regresar tarde en la noche o buscar posada en la casa de algún familiar. Y eso no cambiará si todos los edificios están más juntos en San José.
Esta “Ciudad” fue pensada mucho antes de la pandemia, cuando no existía la experiencia del teletrabajo. Cuatro años después, muchos de los edificios del gobierno están subutilizados, pues cada vez más personas prefieren seguir trabajando desde su casa, de forma remota, para evitar el congestionamiento de cada mañana y tarde al ir al trabajo.
Si hacemos un rápido ejercicio de sumar el valor en horas de trabajo que el Poder Ejecutivo ha hecho y hará perder a las personas funcionarias de los tres poderes de la República y otras instituciones, a los medios de comunicación, y a todos nosotros, podría apostar que es mucho más caro que los alquileres que buscan evitar con la construcción a dedo de Ciudad Gobierno.
El mismo costo del referéndum para la mal llamada Ley Jaguar ya es un sinsentido para un presupuesto como el nuestro. ¿No hay plata para educación ni salud, pero sí para una consulta popular malintencionada y a todas luces inconstitucional? A eso le sumamos el costo de oportunidad de no estar resolviendo problemas reales como la inequidad, los femicidios, la inseguridad o la falta de agua, solo para citar algunos.
Y para cerrar, le podemos sumar el costo climático de la campaña digital de desinformación y polarización: todas las toneladas de CO2 que genera el inútil uso de la tecnología de este caso, lo que se emite al ambiente mientras usted lee las noticias relacionadas, los posteos, las entrevistas, los pro, los contras y los contras a los que están en contra.
Digamos que se logran vencer todos los obstáculos de la contratación administrativa, expropiaciones, licitaciones, apelaciones, etc., posiblemente esos edificios recién construidos quedarán medio vacíos y serán rentados al sector privado, a alguna universidad o al comercio, perdiendo por completo el sentido original y dejando una deuda de largo plazo que debemos pagar las personas contribuyentes.
¿Cuándo podemos pasar a los temas importantes, especialmente para los y las costarricenses de las zonas rurales? Pensemos en algunas ideas con las que, en el cortísimo plazo podemos reducir el gasto por los alquileres, al mismo tiempo que ofrecemos mejores soluciones a todas las personas del país.
¿Qué tal si en lugar de seguir insistiendo en la bronca de la construcción, mejor invierten en fortalecer los sistemas de información y simplificación de trámites, que haya más citas y mejores servicios virtuales en todas las instituciones públicas, aplicando todo lo que aprendimos durante la pandemia?
¿Qué tal si en coordinación con las municipalidades y los bancos del Estado, y aprovechando sus instalaciones, se hacen extensiones de los servicios públicos más requeridos que ahora solo se brindan en el GAM, y se reduce la demanda de la atención en oficinas centrales? Existen ya muchas experiencias exitosas, como la renovación de las licencias y los pasaportes.
¿Qué tal ofrecer los servicios itinerantes, buses o contenedores adaptados que se puedan mover por las comunidades y que lleven el servicio a las personas, en sus mismas comunidades?
¿Y qué tal todas las anteriores juntas? Me atrevería a apostar que sería no sólo posible, sino mucho más barato y efectivo. Les regalo hasta una idea para el nombre: La Ruta de la descentralización.
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