Ya mucho se ha hablado (y con seguridad se seguirá hablando) de la obsesión de Rodrigo Chaves con realizar un referéndum sobre diversos temas que según él sólo así pueden caminar, algo en lo que, como en tantas otras cosas, ha mostrado un desconocimiento sobre el ordenamiento jurídico costarricense. Mi postura respecto a muchos temas dista mucho se ser conservadora (me parece llamativo que Chaves intente atraer tanto al voto culturalmente conservador con su discurso, pero eso sí, ansioso de una gran “reforma contra la corrupción”). Digo esto para dejar claro que no me interesa defender el statu quo aunque así pueda parecer cuando abogo por el racionalismo.

Es de suponerse que una de las primeras cuestiones en las que Chaves se dio cuenta de que no podía hacer referéndum (debido a lo que dice al respecto la Constitución Política) era el tema de las pensiones (aquí comparto la postura, bastante usada para azuzar al público, de que muchas están infladas). Dicen las malas lenguas que pese a que ya existe una ley para ponerle un tope a las pensiones, parece ser que no le hacen caso… ahí hay material para llevar el asunto a la Corte Suprema de Justicia, supongo.

Es de suponerse que, por un motivo parecido, pero más abstracto, se decidió sacar el tema de la venta del BCR (aquí no se trata de que esté expresamente prohibido vender un banco, sino que materia monetaria y crediticia no estará sujeta a referéndum y podría argüirse que eso se ve afectado por la venta de un banco del estado). Quizás, al prever una derrota en la Sala IV (aunque después condene a los magistrados), Chaves decidió desistir de incluir la venta de lo que Nogui Acosta calificó de “carro viejo”.

Lo de las jornadas 4x3 (no soy tan ignorante para no saber que algunos sectores laborales aplican de facto eso y alternativas parecidas) pasa por el mismo camino: se ocupa una reforma constitucional para establecerlo. Eso no es imposible, pero la ley y la jurisprudencia lo han dejado claro: se ocupa iniciar el procedimiento en el congreso y una vez haya pasado por tres debates, la reforma constitucional se puede llevar a referéndum.

Ahora, para los que están hartos y frustrados: ¿hay una alternativa? Sí, pero lejos de ser un atajo, es un camino más largo y complicado: hacer una Asamblea Constituyente. Tengo la percepción subjetiva de que no estamos en el momento más propicio para pensar con calma en cómo hacer una nueva constitución (el mismo Chaves ha mencionado la idea) pero esto no es nada fácil y que se lo pregunten a los chilenos: ya van varios años desde las masivas protestas que cimbraron al gobierno de Sebastián Piñera y aún no se ponen de acuerdo en cómo redactar una nueva constitución.

Ahora, un breve repaso de los temas del referéndum: el que se las trae es el de Ciudad Gobierno. Como se sabe, pagar alquileres millonarios para poner las oficinas del estado no tiene sentido y se presta para rumores de corrupción y favorecimiento a ciertas familias.

Lo que puede pasar al quitar a la Contraloría General de la República puede ser aún más gravoso: escoger a dedo al oferente de la construcción y llevar a cabo un mecanismo hasta ahora inexistente en obra pública: algo así como pagar un alquiler hasta que se haya cubierto el costo y a partir de ahí que sea propiedad del estado (lo cual no está garantizado).

El gran riesgo que persiste es lo que sucedería si por cualquier motivo el estado deja de pagar, dado que el propietario seguiría siendo el BCIE (de inmuebles construidos en terrenos del estado). Dudas parecidas existen respecto a quitarle de encima las formalidades a Japdeva, una institución que para nada ha estado exenta de escándalos de corrupción (y tampoco lo ha estado su contraparte privada, APM Terminals).

Ahora bien, quizás lo más nocivo sea lo que se proyecta a más largo plazo: reducir el papel de la Contraloría al de un ente fiscalizador a posteriori, que investiga los proyectos de obra pública una vez que éstos se han desarrollado o han iniciado. Su papel como ente previsor de la corrupción o de negocios ruinosos para el país desaparece. Si así como está se cuelan latrocinios como el de la trocha fronteriza (dado que se escudaron en un decreto de emergencia nacional), imagínense si ve reducidas sus competencias.

Que a esto tan peligroso se le llame Ley Jaguar para el Desarrollo parece falto de seriedad. Bastante se ha explotado y descontextualizado esa metáfora sacada de un artículo de revista demasiado halagüeño para el país (parece más una hipérbole). Pero puede ser que todo termine en un proyecto abortado: debido a lo invasivo que es respecto a las funciones de la Contraloría este proyecto de ley será analizado por la Sala IV y puede que hasta ahí llegue.

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