Supongamos que Rodrigo Chaves tiene las mejores intenciones...

Imaginemos por un momento que el presidente Rodrigo Chaves realmente busca el bien común con sus reformas. Pensemos que los proyectos que quiere implementar son valiosos para el desarrollo de Costa Rica y que la actual Contraloría, encabezada por Marta Acosta, es la que impide estos avances. Bajo esta premisa, podríamos considerar cambiar las normas para permitir que el Ejecutivo lleve a cabo sus planes sin las barreras impuestas por la Contraloría.

Pero, ¿cuál es el problema con cambiar las normas?

¿Qué sucede si en mayo de 2026 tenemos otro Ejecutivo con intenciones menos nobles? ¿Estamos dispuestos a permitir que un futuro gobierno, quizás liderado por personas y partidos de dudosa reputación y objetivos corruptos, actúe sin la supervisión adecuada? Por ejemplo, en Venezuela, la eliminación de controles fiscales y la concentración del poder en el Ejecutivo bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro permitieron un aumento significativo de la corrupción y el abuso de poder, contribuyendo a la crisis actual del país.

Como respuesta a estas cuestiones, hay una premisa fundamental que como ciudadanos responsables debemos asumir: Un sistema democrático robusto no depende de la bondad de sus líderes momentáneos, sino de instituciones sólidas que aseguren el control y balance del poder.

Entonces, ¿cuáles son los riesgos de una Contraloría débil?

Para algunos, debilitar a la Contraloría General de la República puede parecer una solución conveniente ahora, pero es un riesgo enorme para el futuro. Una Contraloría debilitada significa menos supervisión sobre el uso de los fondos públicos y más espacio para la corrupción y la arbitrariedad. No podemos suponer que siempre tendremos una "persona Fuerte y benevolente” en el poder.

En síntesis, ¿cuál es la importancia de los controles democráticos?

Los controles y contrapesos son esenciales en cualquier democracia. La independencia de la Contraloría General de la República, garantiza que los proyectos gubernamentales se ejecuten de manera legal y transparente. Sin estos controles, abrimos una amplia puerta a la posibilidad de abusos de poder y corrupción, independientemente de quién esté en el gobierno. Por ejemplo, en Brasil, la operación Lava Jato destapó un esquema de corrupción que involucraba a altos funcionarios del gobierno y grandes empresas constructoras, demostrando cómo la debilidad de los mecanismos de supervisión puede facilitar la corrupción a gran escala.

En conclusión, como ciudadanos responsables y preocupados por la estabilidad y el rumbo de nuestro país, no debemos centrar el debate en la bondad o maldad del actual Ejecutivo o de la Contraloría. La discusión debe enfocarse en la importancia de mantener fuertes las instituciones que protegen la democracia y garantizan la correcta fiscalización del uso de los recursos públicos. Proteger la integridad de la Contraloría es proteger el futuro democrático de Costa Rica.

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