La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria dio respaldo a iniciativa del Poder Ejecutivo.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) envió un comunicado de prensa expresando su respaldo al proyecto de Ley Jaguar (expediente 24.364) presentado por el Poder Ejecutivo, y el cuál calificaron como "una iniciativa alineada con la urgencia de un Estado ágil y una Administración activa con mayor capacidad de ejecutar". La posición de la cámara fue dada a conocer en el marco del Congreso Nacional de la Industria Alimentaria celebrado este 20 de junio, el cual se realizó en el Centro de Convenciones de Costa Rica y contó con la participación de empresarios y autoridades de gobierno.

El presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, Juan Ignacio Pérez Guillén manifestó que el sector productivo que representa “ha sido coherente en señalar la necesidad de impulsar iniciativas tendientes a darle mayor eficiencia y celeridad a la Administración Pública. De ahí, que se han encontrado puntos coincidentes con la iniciativa de Ley 24.364”.

Peréz añadió:

La cultura democrática tiene a las instituciones como herramientas para facilitar la mejora en la calidad de vida de las personas, y facilitar entornos que garanticen los equilibrios y contrapesos, propios de una democracia madura como la nuestra. Esa es una herencia invaluable; no obstante, las instituciones necesarias para la correcta administración del país, no pueden asumirse como fines en sí mismas, negando la necesidad de ajustes de la normativa vigente, hacia un mejor funcionamiento, facilitador de la acción administrativa, al mismo ritmo que evoluciona la sociedad”.

Desde Cacia señalaron que el tema debe debatirse “sin temores, analizándolo desde la técnica jurídica, al margen de pasiones ideológicas, puesto que, por un lado, es fundamental garantizar eficiencia y oportunidad en los mecanismos de control y fiscalización que evitan la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos; pero por otro lado, todos debemos tener claro que, -independientemente del gobierno de turno- no es viable visión de desarrollo alguna, cuando los límites entre la fiscalización y la coadministración, pueden ser difusos y motivar posiciones encontradas que tiene como efecto colateral un Estado lento e ineficiente, que se enreda en sus propios cordones y que hace imposible que la institucionalidad sea puesta al servicio de los ciudadanos”.

El trámite de la iniciativa para llevar el proyecto Ley Jaguar a referéndum por medio de acuerdo de la Asamblea Legislativa, se encuentra suspendido, dado que más de 20 congresistas presentaron una consulta de constitucionalidad al texto, alegando que el texto presentado por el Poder Ejecutivo viola los artículos 7, 183 y 184 de la Constitución, así como el artículo 5 de la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la Corrupción.

La consulta, que se tramitará bajo el expediente 24-16511-0007-CO, está siendo estudiada en la Oficina de Admisibilidad del alto tribunal, verificando el cumplimiento de requisitos formales y analizando si el actual es el momento procesal oportuno para plantear la consulta. Si así se define, se designará un magistrado encargado de llevar al pleno una propuesta de resolución, aunque de previo se requerirá al Congreso que remita los expedientes certificados del proyecto de ley y de la solicitud de referéndum presentada por el Poder Ejecutivo.