Hace algunas semanas se anunció en Colombia que dos importantes compañías de sector de las telecomunicaciones habían llegado a un acuerdo marco para desarrollar una red unificada de acceso móvil en dicho país, esto tras completar todos los requerimientos regulatorios y corporativos necesarios. Según se informó, la integración de ambos operadores se hará bajo una nueva empresa, de propiedad común, destinada concretamente al desarrollo de infraestructura y bajo la premisa de que las dos compañías continuarán su operación comercial de forma regular e independiente, sin afectación en los mercados respectivos.
Ya en lo que compete a la realidad nacional, debemos recordar que han pasado dieciséis años desde la apertura del mercado de las telecomunicaciones, en donde las empresas, en diferentes áreas, se han tenido que enfrentar a una serie de retos, que no necesariamente estaban previstos claramente en la normativa sectorial que dio pie a dicha apertura. Desde discusiones en cuanto al Ministerio que debía constituirse como rector, hasta la indefinición competencial inicial en materia de infraestructura, son solo algunas de dificultades que se han tenido que sortear los operadores en estos años.
Ahora bien, actualmente, ya con un panorama normativo más consolidado y con un mayor bagaje por parte de todos los actores, en especial del regulador, las preguntas naturales de las empresas del sector podrían ser: ¿cómo podemos crecer más?, ¿cómo en un país con una población y un metraje reducido es posible brindar más y mejores servicios? Pues precisamente experiencias como la apuntada líneas arriba, del mercado colombiano, podrían ser una posible solución a la necesidad de despliegue de infraestructura en los diversos mercados del sector, sea fijo o móvil, sin que las empresas deban desatender su prioridad, entiéndase, el usuario final. En el caso de Colombia, dicho acuerdo procura afrontar las inversiones que deben realizar las empresas para la implementación de la red 5G en dicho país, pero a nivel nacional, esa posibilidad puede ser incluso más amplia, aplicando a otros mercados, como por ejemplo el fijo.
Si bien la normativa nacional sobre el uso compartido de infraestructuras fue conceptualizada en su génesis para garantizar el acceso a recursos escasos por parte de los operadores, lo cierto del caso es que la misma es omisa en cuanto a la posibilidad de coparticipar en el despliegue de una red. Evidentemente, hay aspectos de promoción de la competencia que deberán ser valoradores en cada caso concreto, pero lo que es un hecho es que se requiere de la adoptación del marco regulatorio a fin de promover el desarrollo conjunto de infraestructura, siempre con la finalidad de incentivar eficiencias que redunden en resultados tangibles para los usuarios. El caso de la infraestructura compartida es solo uno de los muchos puntos que deben ser puestos en el foco de discusión, ya a esta altura de la apertura, por que claramente la experiencia nos dice que las posibilidad y retos son variados.
Por lo expuesto, es necesario a nivel nacional realizar una revaloración de paradigmas, tanto desde la perspectiva regulatoria como normativa, a fin de que las empresas de telecomunicaciones puedan enfocarse en lo realmente relevante, a saber, brindar una experiencia de calidad en el servicio a los usuarios.
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