Contar con datos confiables sobre el consumo o demanda de los diversos medios de transporte público, especialmente de autobús y tren en nuestro medio (como énfasis del presente artículo), es esencial para gestionar estratégicamente esos servicios, incluido un tema álgido para la mayoría de la población del país, cual es la fijación de las tarifas cobradas a los usuarios.
Claro que lo ideal sería la existencia generalizada del cobro electrónico, con un enorme potencial como fuente clave de información objetiva, tanto para la gestión de las empresas de transporte, como para la regulación, control y fiscalización estatales. Pero los poderosos intereses creados, con asiento incluso en la entidad reguladora respectiva y con no poca influencia en el ámbito político, así como logran que la vida útil de los autobuses se alargue ojalá una eternidad (aunque se materialicen a menudo riesgos tales como el de incendio de unidades obsoletas), tenían otra eternidad de oponerse al aprovechamiento de las tecnologías disponibles para el cobro electrónico, quizás en parte para mantener la opacidad sobre esos valiosos datos y así el estado de cosas a su favor.
Enhorabuena, esa situación ha empezado a cambiar gracias a la implementación del Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público (SINPE-TP), al cual se han ido sumando, paulatinamente, varias líneas de servicio de autobús y el de tren. Aunque ahora no sería de extrañar que surgiera desde ese ámbito empresarial, directa o indirectamente, oposición o el aliento a la resistencia hacia el aprovechamiento técnico de datos anonimizados sobre la demanda de transporte público a partir de los datos de telefonía móvil.
El uso de los llamados datos móviles, como lo son, principalmente, los generados por las personas al utilizar sus dispositivos electrónicos (sobre todo los teléfonos), ofrecen una seria oportunidad de análisis científico de la demanda de los diversos medios de transporte, por ejemplo, de los autobuses en sus diversas rutas o, al menos, en las principales; así como la demanda del servicio de tren. De manera que, aun en presencia del cobro electrónico y de los datos que se puedan obtener directamente por el uso de los medios de pago electrónicos, aún así el uso de los datos de telefonía móvil serviría como una fuente de información para la gestión y control comparativos, acorde con sanas prácticas.
Los datos móviles se aprovechan ya, por ejemplo, para generar conocimiento basado en estadísticas en ámbitos como el turismo a lo interno y entre países de la Unión Europea (con utilidad incluso para fines impositivos) o para la gestión del transporte público en países como Argentina y Brasil (ver los enlaces a manera de ilustración). Hay un ejercicio reciente español, en el cual, para planificar y detectar las necesidades de movilidad en el metro de Madrid, se contrató en 2023 una empresa especializada en análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data), tales como la demanda y evolución de los distintos parámetros de movilidad de los viajeros, lo que permitirá “ajustar la oferta de servicios, la capacidad de transporte y los parámetros de calidad en la prestación del servicio”, según la publicación respectiva.
Como se lee en esa reseña, la tecnología Big Data, en este caso, usa la geolocalización de datos gracias a la telefonía móvil de los viajeros, con lo cual se superan las dificultades y reducen costos respecto de estudios basados en encuestas a muestras estadísticamente representativas de usuarios; a la vez que se crea capacidad y conocimiento para poder mantener un monitoreo sistemático de la información de interés, aun en condiciones especiales (como sería una pandemia u emergencia de similar impacto), en las que todas las capacidades de aprovechamiento virtual de recursos se tornan aún más estratégicas.
En 2018, cuando no se había implementado el SINPE-TP, consulté de manera informal, por correo electrónico, a un experto nacional en la materia, miembro de la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación, sobre las posibilidad de replicar estudios similares en nuestro país, a lo cual respondió, a título personal, que “si se anonimizan los datos (quitándole el número de teléfono) podría funcionar, son bases de datos enormes, calculo unos 500 millones de registros diarios”, y estimó que para analizar varios meses se podría alquilar un servidor en la nube.
Este experto tuvo la iniciativa de agregar en los destinatarios de su respuesta, junto con mi consulta, a un directivo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), quien respondió que el asunto le parecía de interés para un tema de estimación de demanda de transporte público y tarifas y que “ya hay gente analizando esa posibilidad, con los cuales hemos tenido algunas reuniones para apoyar desde la Aresep en lo que esté a nuestro alcance”. Este último, agregó que aprovecharía ese correo para actualizar el avance del proyecto y que nos mantendría informados.
En lo que a mí respecta, no volví a tener noticias relacionadas con aquella consulta y, en cambio, por lo que trasciende en medios de prensa es que conozco que las posibilidades del cobro electrónico solo se aplican a la fecha, respecto del total posible, en pocas líneas del servicio de autobús (además de en el servicio de tren). Ese es un primer paso, al cual le podría seguir el referido uso de los datos móviles para beneficio de las empresas y para la debida regulación y control cruzado estatal; mientras tanto la gestión y control públicos sobre las tarifas y otros aspectos del servicio a los usuarios siguen dependiendo, principalmente, de la información que los propios autobuseros suministran.
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