La actividad política exige diálogo permanente y negociación para concretar las leyes y políticas públicas que respondan a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía. Pero para que esas negociaciones sean legítimas, deben anteponerse a los intereses personales o grupales, las más altas consideraciones de bien común. Una negociación para elegir el directorio político de la Asamblea Legislativa, no debe reducirse a la simple distribución de puestos, sino que debe considerar los siguientes aspectos primordiales:

  1. Una agenda nacional conformada por un conjunto de proyectos de ley con impacto positivo sobre el desarrollo económico y productivo del país y con medidas que busquen reducir el costo de vida, considerando que 4 de cada 10 costarricenses se endeudan para alimentarse. Asimismo, es crucial seguir avanzando en iniciativas que mejoren la seguridad ciudadana que hoy golpea al país con récords históricos de violencia homicida. La agenda debe comprometerse con el fortalecimiento de los pilares fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, incluyendo la transformación del sistema educativo para que más jóvenes alcancen los más altos estándares de calidad, el fortalecimiento de los sistemas de salud y pensiones, y la protección del medio ambiente en tanto legado vital para las generaciones futuras
  2. Una negociación con transparencia que ponga sobre la mesa las aspiraciones de cada una de las partes y reflejen de manera nítida los compromisos que se asumirán. Esta será la base de la necesaria confianza que debe privar en el trabajo legislativo en los próximos dos años y la ·garantía de que los acuerdos serán duraderos.
  3. El incondicional respeto a la institucionalidad en tanto fundamento de nuestro sistema democrático y de la legitimidad de quienes asumimos puestos de elección popular como representantes del pueblo. En un estado democrático, es absolutamente válido diferir y debatir, pero nunca desacreditar al adversario y a la institución que representa, faltar a la verdad o atacar el principio de legalidad y las normas constitucionales.
  4. Un alto a la violencia política contra las mujeres que ha tendido a intensificarse desde las más altas esferas del poder público. Es imperativo defender los espacios de control político como un mandato constitucional, especialmente en lo que respecta a las mujeres que ocupan cargos políticos. Muchas mujeres, incluidas diputadas, magistradas, ex ministras y funcionarias públicas, han sido objeto de violencia política, lo que socava el estado de derecho y debilita la democracia. Alto a la violencia en contra de las mujeres en la política.

Esa es la negociación política a la que aspiramos: relevante frente a los grandes desafíos de la agenda nacional, transparente, respetuosa de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, y que dignifique el papel que históricamente la mujer ha jugado en la política costarricense. No podemos permitir que el país siga negociando puestos antes que prioridades nacionales.

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