La convocatoria realizada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, reunió sectores académicos, sociales, sindicales, intelectuales y productivos del país. Podríamos dedicar todo el artículo a los principios que han sido difundidos en medios, pero la idea a articular en este texto es un poco diferente: es diferenciar el espacio del foro a la vinculación política.

Costa Rica ha sido ampliamente reconocida a través de sus capacidades para permitirse establecer espacios de diálogo y decisión, que suelen ser conocidos como “la vía costarricense”. No obstante, esto podría parecer un eufemismo, en la época del bipartidismo que reinó hace varias décadas atrás. No es el caso de las evidentes conquistas sociales de los años 40 en el siglo XX, que plantaron la semilla en una serie de instituciones que hoy representan el sostén que mantiene a raya a los autoritarismos e intentos antidemocráticos por desmantelar el Estado costarricense.

Una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), es el ejemplo más claro de decisiones políticas costosas, pero de largo alcance. La composición tripartita de la institución, patronal, laboral y Estado es un reflejo también clave de la representatividad democrática de la institución.

¿A qué viene todo este argumento? Cuando me enteré de esta nueva convocatoria del Foro de Diálogo y escuché por parte de algunas personas que expusieron, la necesidad de frenar la polarización. En un sentido práctico, este Foro pretende a través de la contribución de múltiples sectores, articular resultados de manera colectiva, para neutralizar aquellos agentes polarizadores. Dicha colectividad puede dotar de legitimidad el proceso y volverlo más aceptable frente a la sociedad costarricense.

Esto depende también desde qué flanco se mire: el diálogo convocó sectores y partidos políticos. Estos últimos, de manera desproporcionada, generan muchísima desconfianza en la población, y para blindaje de nuestro sistema, son los únicos actores con capacidad de acceder al poder formal en nuestro país, es decir, de tomar las riendas del gobierno y el congreso, para poder establecer decretos y leyes.

Dicho lo anterior, me gustaría sumarme a una serie de voces en el país que ya se han sumado a la necesidad intempestiva de un Nuevo Pacto Social y Económico. Los números y estadísticas son claros: jornadas extenuantes de trabajo, aprieto fiscal en las arcas del gobierno, país con un costo de vida altísimo, falta de competitividad y desempleo, debilitamiento de ayudas sociales y como señaló el foro: polarización social que atenta a la estabilidad política.

Bien lo decía Eduardo Galeano, “si votar sirviera para cambiar algo, ya estaría prohibido”. Y aunque el tono desalentador de esta frase debería de preocuparnos, seguimos creyendo que existen capacidades de transformación en las personas, y la última esperanza que nos queda, es defender una institucionalidad con mayores capacidades de realizar esas transformaciones.

Creo que el Nuevo Pacto Social y Económico, debe pasar por una institucionalización de estos principios y compromisos, para materializarse en una oferta partidaria que los lleve a cabo. Un ex-profesor de la universidad reunió en un libro, una frase que usaba de manera muy seguida sus lecciones: “divide y votarás”. Justamente, este ha sido el combustible de los últimos años a ofertas partidarias con representación en la Asamblea Legislativa y también en el Gobierno. ¿Por qué entonces un esfuerzo por partidirizar el compromiso por el Nuevo Pacto Social y Económico, no se lleva a los poderes formales?

La representación política en los poderes formales, podría ser clave para el seguimiento, la construcción democrática y también, devolverle a la ciudadanía la capacidad de creer en proyectos que son puntuales y no sólamente en partidos políticos que defienden todo, y por ende a la vez nada.

Un Nuevo Pacto, es necesario para enrumbar la vía costarricense nuevamente, pero también con sentido de causa de que las condiciones políticas y sociales actuales, requieren que los partidos políticos hagan terrenalmente posible todas estas ilusiones y esperanzas en instituciones jurídicas, como es la costumbre en nuestro Estado Social de Derecho, donde las palabras y acciones son la materia prima. Este será el futuro deseado, frente al entrabamiento democrático, o al menos que depare, una gran reforma electoral que no se vé ni en migaja en el horizonte.

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