De 2019, último año antes de la pandemia, hasta 2023 el gasto social ha disminuido en colones corrientes mientras que el resto del gasto del gobierno central sin intereses y sin el gasto social ha aumentado.

En términos reales, o sea en colones con el mismo poder de compra, el gasto social ha caído casi un 9%.

Esto ocurre mientras la pobreza entre estos dos años más bien ha tenido un leve aumentó de 21 a 21,8% de la población y la cantidad de pobres ha aumentado más, pues la población ha crecido un 4%.

El ajuste fiscal era y es necesario

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Púbicas (Ley 9635) vino a atender un grave desequilibrio fiscal que se había mantenido sin atender de manera efectiva desde que se desechó la reforma de apertura de monopolios públicos y venta de empresas estatales en 2000.

Al año siguiente de las movilizaciones contra esas reformas estructurales que muchos problemas habrían evitado, con la colaboración de los señores exministros de Hacienda, propuse como alternativa convertir el impuesto de ventas en el IVA y generalizar el impuesto de renta. Desde 1988 estuve promoviendo una regla fiscal como parte de las Garantías Económicas, pero por prejuicios ideológicos y celos políticos no se logró implementar. Estos cambios en ingresos y gastos fiscales solo se introdujeron en 2018, después del gran incremento del déficit y del peso de la deuda pública que dio inicio en 2009.

Es cierto que parte importante de la Ley 9635 es la regla fiscal que, dado el alto nivel de endeudamiento en que habíamos caído y al creciente incremento de la carga por intereses, obliga a una importante contención del crecimiento del gasto público, para que disminuya su peso con relación al volumen de la producción nacional. De otra manera podría desencadenarse una grave crisis financiera ya sabemos sus enormes costos, pues los sufrimos a inicios de los ochenta.

Pero con justa razón diferentes sectores hemos venido externando nuestra preocupación por la forma en que la contención del gasto se ha realizado, especialmente en relación con el gasto social y en infraestructura, y a las nuevas demandas de la seguridad ciudadana.

Gobernar exige priorizar sabia y eficientemente

Recuerdo que en una de las primeras clases de análisis económico que recibí de mi maestro Alberto Di Mare, después de analizar diferentes definiciones de ciencia económica y de la aplicación de matemáticas a este campo del conocimiento, nos dijo: “Economía no es medir. Economía es escoger”.

Con su proverbial sabiduría, don Alberto nos ayudaba a entender que las acciones humanas, cuya generación y consecuencias estudia la economía, son las relacionadas con la escasez de los medios, su versatilidad, que les permite ser usadas con diferentes propósitos y la inmensidad de las necesidades que las personas deseamos satisfacer.

Consumidores y productores, ahorrantes e inversionistas, deben escoger ya que se enfrentan con la realidad de que los bienes, los medios para producirlos y su uso en el tiempo son limitados. Si no se pudiera escoger estaríamos en la misma coyuntura del asno de la paradoja de Buridán que muere de hambre por no poder elegir entre dos pacas de heno.

En la democracia los ciudadanos delegamos nuestra capacidad de escoger sobre el uso de los recursos públicos en los gobernantes seleccionados por elecciones libres, quienes deben proceder respetando los límites establecidos por la asignación de competencias y los otros muchos institutos del Estado de Derecho. Los gobernantes deben ejercer esa facultad de escoger porque no les queda otra, enfrentados como están a la inmensidad de las demandas por bienes públicos que son incapaces de satisfacer en su totalidad dada la limitación de los recursos. Cuando no escogen en realidad escogen no cambiar.

En nuestras actuales condiciones legales y fiscales, además, se debe respetar la regla fiscal. No cabe más que priorizar.

Priorizar el gasto es posible pero no se ha hecho en favor de lo social

Es fundamental la administración ordinaria del Estado, sin embargo, ante la disminución de recursos para los programas de apoyo a las familias pobres, y dadas las condiciones de la infraestructura nacional y la urgencia de atender el inmenso aumento de la delincuencia se debería dar prioridad a estas actividades.

Gobernar es priorizar. Y sí se puede priorizar.

Mientras al iniciar nuestra gestión de Gobierno en 1998 el gasto en educación, salud, seguridad ciudadana, programas sociales e infraestructura era el 45% del gasto presupuestado, excluyendo el servicio de la deuda, para el año 2001 la inversión en esos rubros explicaba el 55% del gasto presupuestado.

Mi lectura de los datos sobre lo ejecutado en gasto social de 2019 a 2023 que he obtenido de la Contraloría General de la República, y su comparación con las cifras de gastos globales del Ministerio de Hacienda, me llevan a la conclusión de que no se ha priorizado en favor del gasto en apoyo social.

El gasto del gobierno central de 2019 a 2023 subió en un 10,6%, pero ese aumento en mucho fue por el aumento en la carga de intereses que se dio por la inercia de la deuda pública que ha seguido creciendo, aunque menos que el PIB, y por el aumento en la tasa de interés de los mercados internacionales, que nos arrebató el beneficio de la mejor clasificación de riesgos. Sin intereses el gasto público apenas creció un 1,04%.  Pero, el gasto en los sectores sociales disminuyó un 0,4%. No hubo priorización en su favor. El gasto público sin intereses y sin el sector social creció un 4,2%.

Por áreas del sector social las más afectadas son la de educación y la de apoyos discrecionales a las familias pobres o con otro tipo de especiales dificultades.

Veamos los cambios experimentados entre 2019 y 2023, en términos reales, para lo cual lo medimos en colones de 2020 con el Índice de Precios al Consumidor.

El gasto del Ministerio de Educación y de la educación superior en términos reales disminuyó más de un 10% y los beneficios sociales discrecionales financiadas en buena parte por FODESAF caen un 7%.

En los beneficios sociales discrecionales el Régimen de Pensiones No contributivas en favor de los pobres es el que más sufre, pues disminuyen un 29%. Los del IMAS disminuyen en un 0,6% por una caída en términos reales de 2022 a 2023 de un 6%.

Sin duda las familias pobres y las oportunidades de superación de nuestros jóvenes merecen un mayor esfuerzo nacional.

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