El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley para sancionar con cárcel el cobro extorsivo de créditos "gota a gota" tras un acalorado debate ideológico sobre los efectos que ha tenido la ley contra la usura crediticia y los intentos de reformarla para que las personas que fueron excluidas del sistema financiero formal por la reducción en las tasas de interés, no tengan que recurrir a ese tipo de créditos informales.
La iniciativa, tramitada en el expediente 23.575 y propuesta por la vicepresidenta Gloria Navas Montero y el liberacionista Gilbert Jiménez Siles recibió 40 votos a favor y ninguno en contra, fijándose su votación final para después del receso de Semana Santa.
El texto aprobado dispone crear el artículo 214 bis del Código Penal para tipificar la "extorsión cobratoria". En ese sentido, se impondrá cárcel de cuatro a ocho años contra quien haga uso de amenazas e intimidación de forma personal, a través de terceras personas y por cualquier medio de comunicación, con el fin de obligar a un deudor o sus familiares al pago de una deuda o de la obligación crediticia que le haya sido otorgada.
La pena será de cinco a diez años de cárcel cuando la amenaza o intimidación se dirija a una persona menor de edad, adulta mayor o con alguna situación o condición de vulnerabilidad; si el hecho fuere cometido por dos o más personas; si se comete agresión física o psicológica contra la víctima; o si el hecho es cometido con armas o mediaren daños a la propiedad.
Por otro lado, la pena será de ocho a quince años de cárcel cuando los hechos califiquen como delincuencia organizada de conformidad con las normas internacionales vigentes y la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Ley N°8754).
La discusión de este proyecto de ley dio un giro ideológico cuando la diputada Daniela Rojas Salas de la Unidad Social Cristiana dijo que el fenómeno de los prestamos gota a gota no se iba a eliminar por más penas que fueran impuestas, pues las personas siguen sin poder acceder a créditos en el Sistema Bancario Nacional, en referencia a la alegada exclusión de miles de personas del sistema formal tras la entrada en vigencia de la ley de usura, que puso topes a las tasas de interés que pueden cobrar las entidades financieras a los consumidores.
Dato D+: Según datos de la SUGEF solo en el primer año de vigencia la ley de usura provocó la cancelación de 273.000 operaciones de crédito, cifra equivalente al 4,77% del total de operaciones del país.
El diputado Jonathan Acuña Soto negó que haya correlación entre la ley de usura y el aumento de los créditos gota a gota, sino que lo adjudicó al aumento de la criminalidad en el país y a la falta, hasta ahora, de un tipo penal que ataque el fenómeno de cobros extorsivos.
¿Qué clase de inclusión financiera podía ser que les cobrasen tasas de interés del 70-80%? A mi no me digan que eso es inclusión financiera, que una garrotera a usted -por más legal que haya sido en el pasado le cobrase 80% de tasa de interés- a eso no se les ocurra llamarlo inclusión financiero; y hay quienes pretenden que regresemos a esas tasas absurdamente altas, que legalicemos la usura, utilizando de excusa el crimen organizado y los créditos gota a gota. No, no; ya haremos esa discusión, pero no hay vínculo.
El diputado Eliecer Feinzaig Mintz del Liberal Progresista criticó que Acuña iniciara hablando de correlaciones pero desacreditara que hay una correlación entre el fenómeno de los créditos gota a gota y la entrada en vigencia de la ley de usura. Agregó que en el PLP no benefician "garroteras", sino que sus medidas para aumentar la inclusión financiera es aumentar la competencia en los mercados financieros e inducir a las empresas a mejores comportamientos.
Si hubiera otros mecanismos de generar acceso al financiamiento entonces las garroteras no tendrían tanto mercado como tenían en este país. Pero lo cierto, y quedó demostrado en un estudio, es que más de 300 mil personas dejaron de tener acceso al crédito, pero no necesidad de acceso al crédito por lo que acuden a los créditos gota a gota porque no tienen otra opción.
Feinzaig reconoció que por muchos años hubo intermediarios que abusaron de las tasas de interés pero que la solución no era prohibirlo como poner una tapa a la olla de presión pues se iba a reventar, como estaba ocurriendo ahora con los créditos extorsivos.
Los congresistas Gilberto Campos Cruz, Kattia Cambronero Aguiluz y Jorge Dengo Rosabal del PLP también participaron del debate sobre la relación entre la ley de usura y el aumento de los créditos gota a gota. Por su parte, la diputada Sofía Guillén Pérez del FA insistió en que su partido no permitirá que se regrese al modelo anterior.
Breves
— Con 6 votos a favor y 33 en contra se rechazó otorgar un nuevo plazo cuatrienal al expediente 21.891 "Ley para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención del COVID-19".
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.197 "Segundo Presupuesto Extraordinario de la República a la Ley N°10.427, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2024".
— Con 34 votos a favor y 5 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.140 "Ley para la justicia tributaria en los pagos retroactivos mediante la reforma al artículo 33 de la Ley Impuesto sobre la Renta, Ley N°7092 del 12 de abril de 1988".
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.531 "Reforma al Artículo 91 de Ley No. 9078, Ley de Tránsito por vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial".
— Con 38 votos a favor y 3 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.642 "Ley de prevención de la violencia en personas menores de edad y personas jóvenes".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.695 "Ley de prevención, detección temprana y respuesta de la violencia contra la niñez y adolescencia".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.270 "Reforma al artículo 93 de la Ley 9986 “Ley General de Contratación Pública” de 27 de mayo de 2021, sobre los recursos provenientes de las multas a los procedimientos de compras públicas en el sector municipal".
— Con 38 votos a favor y 1 en contra se aprobó una moción de orden para que el plenario condene enérgicamente las acciones arbitrarias y represivas del gobierno de Nicolás Maduro y se reitere el llamado a los gobiernos y parlamentos de las naciones democráticas de las Américas y del mundo para que se tomen acciones efectivas que permitan al pueblo venezolano gozar de elecciones libres, justas, competitivas y transparentes.
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico rechazó el expediente 23.134 "Reforma a la Ley 8488 del 21 de noviembre del 2005 y sus reformas "Ley de Emergencias y de Prevención de Riesgos", para que el Estado pueda atender emergencias a causa de ataques informáticos" y el expediente 23.688 "Ley del Sistema Penitenciario Nacional".
La Comisión Especial de la provincia de Limón dictaminó afirmativamente los expedientes:
- Expediente 23.117 "Ley de Zonas Económicas Especiales para Generar Inversión y Empleo"
- Expediente 23.711 "Ley de estructuración del Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón (Fodeli) Creer para Crecer"
- Expediente 24.091 "Ley que autoriza al Ministerio de Cultura a donar un terreno de su propiedad a la Municipalidad de Pococí"
El expediente 23.699 "Interpretación Auténtica del Artículo 1 de la Ley 5680 del 3 de Noviembre de 1975" fue dictaminado negativamente y archivado.
— La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación rechazó el expediente 23.400 "Autorización al Ministerio de Educación Pública para enajenar un bien inmueble demanial registrado a su nombre, y que lo traspase a título gratuito en donación a la Universidad Estatal a Distancia" y el expediente 23.415 "Ley de Mercado de Criptoactivos".







