El proyecto de ley pretende reformar el artículo 93 de la Ley N° 9986, “Ley General de Contratación Pública”, de manera que el monto que se obtenga como resultado de la imposición de las multas por la presentación de recursos temerarios ante procesos de compras que realicen las municipalidades no se trasladen a Caja Única del Estado y, más bien, se conserven dentro de la esfera municipal para que sean las municipalidades quienes los administren.