En días recientes se ha discutido con mucho interés los movimientos de dólares en el país, especialmente por las consecuencias que puede tener sobre el tipo de cambio. Ha resultado de atención particular un cuadro estadístico que se incluye mes a mes en el “Informe Mensual de Coyuntura Económica” del Banco Central de Costa Rica. Específicamente, llama la atención del público una de las desagregaciones cuyo título es Operaciones del Sector Privado (ventanilla) que se distribuye en: a) Importaciones, b) Exportaciones, c) Turismo neto, d) Capital neto, y e) Otros.
“Los Otros” ha sido el foco de atención en artículos, presentaciones, programas de radio y televisión e incluso intervenciones en el Plenario Legislativo. Cuando leo o escucho la mención a “los Otros” me remite inmediatamente a la película de terror de Alejandro Amenábar, lo cual refuerza la desconfianza que, interpreto, reviste el tema para la población. Asumo por el tono de ciertos comentarios que las preocupaciones de los analistas, empresarios, periodistas y políticos responden a que el Banco Central no ha hecho una tarea suficiente para identificar cuál es el origen de estos recursos. Incluso, que pareciera ser indolente ante esta situación.
Es evidente que necesitamos una desagregación precisa de esta información. Hay un clamor generalizado para que este componente sea explicado con mayor detalle. Entonces, amerita describir cómo se construye esta información. Recordemos por un instante que estas son las compras y ventas de personas físicas y jurídicas privadas (excluye las entidades del sector público) con los intermediarios cambiarios, y las “ventanillas” a las que se refiere son las ventanillas de esos intermediarios financieros (el origen del término está en el modelo clásico de atención en los bancos, mucho antes de la banca digital). Para cada transacción que una persona o empresa realiza con algún banco, por ejemplo, hay un registro de esa operación que se remite al Banco Central, para ser incorporado en las estadísticas.
Cuando alguna empresa realiza una transacción de venta de dólares en un banco y recibe colones, es la entidad la que le asigna a esa operación una clasificación. Los intermediarios cambiarios envían actualmente, de forma diaria, la información (montos y tipos de cambio) de cada una de las operaciones que realizan con sus clientes en las ventanillas. Tal y como se ha mencionado, una de las principales limitaciones que se ha identificado es la clasificación del objetivo de la compra o venta de divisas que reportan las entidades, ya que cerca del 50% de los montos son incluidos en la categoría de “Otros”, lo cual no permite una adecuada clasificación del objetivo de las transacciones.
Este ha sido un problema persistente y, sobre el cual, el Banco Central ha identificado desde hace más de dos años posibilidades de mejora. Por esa razón, desde abril del 2023 se realizó una modificación al conjunto de información (estándar electrónico) que las entidades remiten. Una vez que entren en vigor estas modificaciones (en abril de este año), las entidades deberán agregar a la información que reportan actualmente, entre otras cosas, el número de identificación de los clientes en las operaciones de divisas que realizan en sus ventanillas, con lo cual será posible clasificar con mayor precisión las razones por las que se adquieren, pero además permitirá clasificar esas operaciones por actividad económica.
El objetivo de la ampliación en los requerimientos es contar con información suficiente para la totalidad de los movimientos en el mercado cambiario y que permita asociar correctamente las transacciones con la actividad productiva que las genera. Esto es factible gracias a las fuentes de información de microdatos con las que cuenta el BCCR, lo que permitirá asignar con mayor precisión la actividad económica e incluso asignar (o imputar cuando sea necesario) la ubicación geográfica correspondiente a las unidades productivas del país.
Con esta información se podrá mejorar las estadísticas sobre los flujos externos de divisas. Es imposible tomar mejores decisiones, analizar la conveniencia de eventuales cambios en la regulación, favorecer mayor desarrollo del mercado y promover mejoras en las políticas públicas sin mejor información estadística.
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