Decisión se toma tras salida del único odontólogo forense del OIJ.

La Corte Suprema de Justicia acordó esta mañana encargar a la Comisión para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público un informe sobre la política salarial de la institución y la situación de las personas funcionarias en ese campo.

Desde el Poder Judicial indicaron que la decisión tiene como finalidad “idear acciones y estrategias para afrontar la fuga de cerebros”, ya que según datos de la Dirección de Gestión Humana de ese Poder, entre el 2018 y el 2023 se registraron un total de 834 renuncias.

A la comisión, que ya venía trabajando el tema de empleo y que ahora le corresponde realizar este  análisis de la situación laboral, se integrará la magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón Artavia, quien presentó hoy la propuesta de revisar la política salarial, y señaló:

Se tomó un acuerdo de estudiar este asunto en una comisión que ya venía funcionando, la de empleo público, pero con un mandato específico y es buscar las razones con las cuales los funcionarios se están yendo del Poder Judicial”.

Chacón confirmó que el acuerdo se tomó tras conocerse la semana anterior la salida del único odontólogo forense del Organismo de Investigación Judicial, José Manuel Fernández Chaves, quién en su carta de renuncia advirtió al Consejo Superior de la salida de profesionales que se está dando en el Poder Judicial por el tema salarial.

Desde el Poder Judicial indicaron que “la fuga de cerebros y las condiciones salariales del funcionariado es un tema prioritario para la Corte, prueba de ello es que se alteró la agenda de la sesión para discutir sobre este de forma prioritaria; magistradas y magistrados de todas las Salas participaron para externar su preocupación y plantear posibles soluciones”.

Por su parte, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, agregó:

Desde el Poder Judicial, la renuncia de personas funcionaras es un tema que nos preocupa y nos ocupa; hemos insistido ante la opinión pública sobre la necesidad de tener las mejores personas profesionales y técnicas, en buenas condiciones laborales, para garantizar una administración de la justicia eficiente, eficaz y que responda oportunamente a las necesidades del país. El reto que tenemos, y en el cual trabajamos, es crear estrategias con la Dirección de Gestión Humana para mantener y atraer personas calificadas, tanto en el área jurisdiccional, como en el Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública y el ámbito administrativo”.

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