Desde hace algunos años Costa Rica está sufriendo lo que, en muchos países es común, un ataque directo al sistema judicial, donde la independencia judicial pasó a ser un tema que se aplica cuando no afecta los intereses políticos. Poco a poco se han venido suscitando eventos que están minando el quehacer judicial, tornando la situación a medida de intereses particulares con el agravante que ya no resulta atractivo para los buenos profesionales, capacitados y de experiencia laborar en este Poder de la República y con esto todas las implicaciones gravísimas, que apenas comienzan a evidenciarse, pero que seguramente fraguarán dentro de pocos años un Estado que nada tiene que ver con la Costa Rica que todos queremos y hemos soñado para nuestros hijos.
El tema ha salido a relucir, entre otros por la gran cantidad de personal judicial que renuncia después de muchos años de servicio, al ver que en la esfera privada sus ingresos económicos, el prestigio profesional y personal tendrán un incremento significativo. Esto sucede no solo con profesionales en derecho como juezas y jueces, se da en el Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, en el área administrativas, con profesionales del área de tecnología de la información y peritos en las diferentes áreas que dan un apoyo a la administración de justicia.
Según datos de la Dirección de Gestión Humana, las renuncias en el Poder Judicial, desde el 2018 y hasta el 2023 fueron las siguientes;
Todo lo anterior, en un alto porcentaje se ha dado por la aprobación de dos leyes, las cuales afectaron a todo el sector público costarricense, primero la 9635 “Para Fortalecer las Finanzas Públicas” y luego la N°10159 denominada “Ley Marco de Empleo Público”. Lo curioso del caso es que para la mayoría de los expertos en la materia existe una gran cantidad de inconstitucionalidades y atropellos a derechos al aprobarlas, la misma Corte Plena en las consultas realizadas por la Asamblea Legislativa incluye análisis y repercusiones sobre su aplicación, pero nada pasó, por ello entraron en vigencia y ahora las acciones de inconstitucionalidad duermen el sueño de los justos en la Sala Constitucional.
Adicional a lo anterior, las personas que laboran en el Poder Judicial fueron víctimas de la reforma a su Fondo de Pensiones, la que se realizó en la Asamblea Legislativa, de la noche a la mañana, dado que ninguna de las recomendaciones brindadas por los órganos técnicos, la Corte y organizaciones gremiales fueron escuchadas, siendo de nuevo una ocurrencia política, donde además, se aprobó sin mayoría calificada mediante un proceso que no se apegó al procedimiento para modificar una ley especial, como lo es la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde quiéranlo o no, la parte que aplica sobre el fondo de pensiones fue aprobada en su momento por mayoría calificada, lo cual fue una treta de la Asamblea, donde lo que hacen es desmembrar una ley, modificar la parte que les interesa y volverla a armar. Esto ha llevado a que muchas personas con un proyecto de vida planificado con mucha anterioridad deban buscar otra opción fuera de este Poder de la República, entre ellas las personas más capacitadas y con mayor experiencia, las cuales si serán valoradas y reconocidas en el sector privado.
Como lo podemos ver en la tabla 3 de un informe de la Dirección de Gestión Humana, donde se consideró la información de una encuesta de salida de alrededor 400 personas que renunciaron;
No se puede dejar de lado tampoco el cambio salarial para las personas que ingresan a laborar, dado que dichas remuneraciones fueron establecidas sin un estudio de mercado, lo cual no permite atraer personas que quieran hacer una carrera profesional, sino que por el contrario, solo a quienes quieren ingresan a tomar experiencia y con ello poder moverse a otro sector.
Todo esto es muy preocupante para la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Anprojud), no podemos tapar el sol con un dedo, la población nacional vive amenazada por la delincuencia organizada, la inseguridad y demás problemas que trae el debilitamiento del sistema judicial, así como una desactivación de la economía e inversión extranjera. El ambiente que han generado estas políticas para debilitar el Estado de Derecho y generar compromisos políticos para casi cualquier apoyo o ayuda que requiere el Poder Judicial.
El Poder Judicial dado sus funciones, contenidas en la Constitución Política, debe de tener una posición diferente al resto del sector Público, en tanto la administración de justicia así lo requiere, ya que como pilar de la democracia y Estado de Derecho del que muy orgullosos todos los costarricenses estábamos, se requiere contar con el personal más calificado y preparado del mercado nacional. Recordemos que las leyes resuelven los conflictos sociales y son el último escalón antes de pasar a la toma de acciones violentas y fuera de la ley, por lo que es necesario que el Poder Judicial se fortalezca cada día más, en lugar de irse debilitando paulatinamente. No existe nada peor para la democracia que un Poder Judicial corrupto, debilitado, enfermo o manipulado por otros poderes. Estamos a tiempo de tomar medidas correctivas, por nuestra sociedad, por nuestro país, por el futuro de esta Nación.
Es curioso que la población costarricense aun no despierta y logra ver lo que sucede, con ejemplos en países muy cercanos. Es necesario reflexionar y tomar conciencia de a dónde vamos y qué esperamos.
Hacemos un llamado a las autoridades del Poder Judicial a fin de realizar las propuestas y cambios necesarios para que generen estabilidad emocional y económica en las personas que laboramos, así como lograr ser de nuevo un referente a nivel nacional para que las y los profesionales y personas que busquen un lugar para laborar y desarrollarse vean en este Poder de la República esa instancia, sintiéndose respetados a lo interno por sus labores como por la población nacional.
Dado lo anterior, nos ponemos a su disposición para ofrecer el apoyo necesario para generar mesas de análisis con las personas profesionales de diferentes áreas y asociadas a nuestra organización.
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