Países de la UE deberán tomar medidas para dejar de clasificarlos como "autónomos"
El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron este miércoles un acuerdo de legislación que impactará positivamente las condiciones laborales y la protección social de los trabajadores en plataformas digitales en la Unión Europea, cuyo principal fin es dejar atrás la errónea clasificación de estos trabajadores como "autónomos", "independientes" o "trabajadores por cuenta propia".
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, elogió el acuerdo resaltando que la propuesta inspirada en la Ley Rider española representa un avance significativo para quienes laboran en plataformas digitales.
Una vez ratificado formalmente por el Consejo y el Parlamento, y publicado en el Diario Oficial de la UE, esta ley será la primera de su tipo a nivel regional, siguiendo el ejemplo de la legislación española aprobada en 2021.
Se estima que la futura norma impactará a alrededor de 5,5 millones de personas incorrectamente clasificadas como autónomas en la Unión Europea, también conocidos como falsos autónomos, según la Comisión Europea.
La eurodiputada socialdemócrata Elisabetta Gualmini elogió el acuerdo como revolucionario y el primer marco legislativo para los trabajadores de plataformas digitales, subrayando la transparencia y responsabilidad respecto a los algoritmos, así como los derechos mejorados para los trabajadores.
Más de 28 millones de personas en la UE actualmente trabajan en alrededor de 500 plataformas digitales de diversos tipos, y se espera que esta cifra aumente a 43 millones en dos años, según las estimaciones de la Unión Europea.
La nueva directiva europea, resultado de más de 12 horas de negociaciones, establece que los Estados miembros deben disponer de procedimientos para clasificar como trabajadores por cuenta ajena a aquellos que laboran en plataformas digitales. Para ello se fijaron al menos dos indicios de existencia de relación laboral, como la determinación de la remuneración por parte de la plataforma o el control del desempeño profesional.
La directiva también prevé sanciones para las plataformas que incumplan las disposiciones, así como procedimientos para trabajadores mal clasificados. La plataforma deberá acreditar si una persona es trabajadora por cuenta ajena o autónoma.
