Advertencia de la Contraloría se dio porque modelo anunciado por el Ejecutivo es improcedente para el caso de Ciudad Gobierno.

La Contraloría General de la República anunció esta tarde que rechazó la apelación presentada por los jerarcas del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), Laura Fernández Delgado, y del Ministerio de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, contra la advertencia que el ente contralor le dio a los jerarcas respecto al proyecto de Ciudad Gobierno.

Según informaron desde la Contraloría, el rechazo a la solicitud de los jerarcas se dio desde el despacho de la contralora, Marta Acosta Zúñiga, como última instancia administrativa en el proceso, bajo los argumentos de que:

  • El arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
  • La norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
  • El arrendamiento financiero es endeudamiento.
  • El artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.

En el rechazo la contralora le recordó a los jerarcas que el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) "es un procedimiento especial, excepcional y acotado a la materia común de arrendamientos, que no puede sobreponerse a la regla de la licitación”.

Dato D+: El artículo 67 de la LGCP se trata de un procedimiento especial para que la Administración efectúe el arrendamiento o la compra de bienes inmuebles, siempre que se presenten una serie de supuestos, a partir de los cuales la promoción de un procedimiento ordinario de contratación no resulte ser la mejor vía para solventar una necesidad latente.

Adicionalmente, en el oficio la contralora aclaró que contrario a lo argumentado por los jerarcas de que en el pasado se habían aprobado proyectos con modalidades similares a la anunciada para Ciudad Gobierno, los casos utilizados como ejemplo no son idénticos a la propuesta anunciada, e incluso utilizan excepciones distintas o que ya no están vigentes, y añade:

ciertamente proyectos anteriores pueden compartir algunos elementos con la iniciativa del proyecto Ciudad Gobierno, sin que ello -por sí sólo- se convierta en la justificación para acreditar la viabilidad del artículo 67 para este caso específico”.

Por otro lado en su apelación los jerarcas adujeron “no comprender cómo en la advertencia se diga que un arrendamiento financiero requiere aprobación legislativa”, a lo que la contralora les recordó que “la adquisición de un inmueble a plazos, mediante pagos es un arrendamiento financiero y por ende deuda pública”.

Dato D+: La Constitución Política establece que la contratación de empréstitos en el exterior requiere aprobación de dos terceras partes de la Asamblea Legislativa.

Desde la Contraloría recordaron que la vía recursiva fue planteada por las propias autoridades del Poder Ejecutivo, por lo que no se les puede achacarse retraso alguno en el avance de dicho proyecto, y añadieron que “no es posible que se señale un atraso en la ejecución del proyecto si las autoridades han indicado que se encuentran en fase de estructuración, etapa que dista sustancialmente de una eventual etapa de ejecución”.

Advertencia de la Contraloría

El año pasado el presidente, Rodrigo Chaves Robles anunció en conferencia de prensa que el proyecto de Ciudad Gobierno se realizaría utilizando un modelo financiero tipo Construir, Arrendar, Transferir (BLT, por sus siglas en inglés), con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En su advertencia, dada el pasado 7 de setiembre, la Contralaría recordó a los jerarcas que para ese proyecto anunciado por el Ejecutivo lo que procede es “someterse a los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley; debiendo garantizar durante toda la contratación el cumplimiento del principio de transparencia, de manera que los actos que se emitan sean accesibles de manera libre e igualitaria por parte de los intervinientes y de cualquier persona interesada”.

Además, la advertencia hecha por la Contraloría le aclaraba a la administración que la modalidad anunciada por el Ejecutivo sería improcedente en este caso ya que “pretende ser desarrollado en terrenos que son propiedad del Estado, donde el BCIE sería el encargado de diseñar, financiar, construir, alquilar, mantener y luego transferir al Gobierno de Costa Rica, los edificios del proyecto Ciudad Gobierno”.

Con el rechazo comunicado esta tarde se agotó la vía administrativa, por lo que se mantiene la línea interpretativa del artículo 67 de la LGCP señalada a las autoridades en la advertencia de setiembre anterior. Adicionalmente, la Contraloría recordó que todavía mantiene abierta una investigación por una denuncia relacionada con el financiamiento del proyecto Ciudad Gobierno.