Proyecto volverá al Plenario tras los votos a favor de diputados del PLP, FA y PLN.

Con cinco votos a favor y tres en contra las diputaciones de la Comisión de Ambiente avalaron regresar al Plenario el expediente 21.754 que busca proteger a los tiburones amenazados o en peligro de extinción. 

Esta iniciativa fue dictaminada de forma positiva nuevamente luego de que ya se encontrara en Plenario, pero en agosto anterior la Asamblea Legislativa votó una moción de devolución con argumentos como que la propuesta de ley "perjudicaría a los pescadores de Puntarenas". 

Tras la discusión en la Comisión, los legisladores que dieron el voto a favor fueron Kattia Cambronero Aguiluz, del Partido Liberal Progresista; Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio; Katherine Moreira Brown, Oscar Izquierdo Sandí y Gilberth Jiménez Siles, del Partido Liberación Nacional.

Dentro de los comentarios a favor, Cambronero Aguiluz dijo que sería surreal que se le de la espalda a la protección de tiburones, mientras el país alza la bandera como protector del ambiente a nivel mundial. Agregó que quienes están en contra del proyecto son algunos sectores que solo tienen interés económico para pocas personas y sin sustento científico.

No se puede decir que uno protege el ambiente cuando da la espalda a los ecosistemas marinos y cuando no nos importa lo que ahí pasa y dejamos que se sobreexplote el medio sin ninguna consideración al respecto.

Por su parte, Robles Barrantes aseguró que los grandes beneficiados de la pesca indiscriminada de tiburón son barcos industriales que vienen de otros países y arrasan con todo.

En oposición al proyecto de ley estuvieron Alexander Barrantes Chacón del Partido Progreso Social Democrático; Rosalía Brown Young y David Segura Gamboa de Nueva República.

Al respecto Segura Gamboa comentó que de aprobar este proyecto significaría el cierre técnico del sector palangre y que dejará sin empleo a 4500 personas en Puntarenas.

Sobre este tema Cambronero Aguiluz indicó que le llamaba la atención que se hablara de un cierre de un tipo de pesquería solamente por la prohibición del tiburón.

Me deja muchísimas dudas si esta pesquería está haciendo un arrase desproporcionado de este tipo de especies y más bien habría que generar reflexión y análisis de cual es el comportamiento de pesca de este sector y si realmente está abusando de la poca capacidad de investigación y supervisión por parte del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

Tanto la diputada del Liberal Progresista como el legislador del Frente Amplio señalaron a Incopesca por la falta de acompañamiento a los pescadores y cuestionaron su trabajo como encargado de regular la actividad pesquera y que busca un equilibrio entre el desarrollo productivo y la sostenibilidad del medio ambiente.

Antes de la votación se aprobó una moción del Partido Liberación Nacional para cambiar el texto de ley. La misma modifica el artículo 1 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre de la siguiente manera:

"La presente ley no se aplicará a las especies de interés pesquero o acuícola, cuya regulación específica se establecen en la Ley N* 7384, de 16 de marzo de 1994, y la N* 8436, de 1 de marzo de 2005, y cuya competencia como entidad ejecutora corresponde a INCOPESCA salvo aquellas especies de tiburones declaradas bajo amenaza o peligro de extinción que mediante estudio técnico y científico sustentado sea así declaradas por parte de INCOPESCA y MINAE o con poblaciones reducidas o amenazadas en veda, incluidas en el apéndice uno de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de este ley.

Tampoco se aplicará a las especies de interés turístico-deportivo, así declaradas en el artículo 76 de la Ley de Pesca y Acuicultura N*8436 o mediante acuerdo conjunto razonado de la Junta Directiva de INCOPESCA.

Asimismo, no aplicará a las especies forestales, los viveros, los procesos de reforestación, el manejo y la conservación de bosques y los sistemas agroforestales, cuya regulación específica se establece en la Ley Forestal, N* 7575, de 13 de febrero de 1996, y sus reformas".

La discusión entorno a este proyecto provocó que el 21 de setiembre anterior un grupo de activistas marcharan a la Asamblea Legislativa para exigir la protección de tiburones. Imagen: Angie Salazar, Agencia Novum.

Meses atrás, el Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas (CREMA) detalló que la aprobación del expediente sería congruente con el Artículo 75 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y con el Artículo 140 de la Ley de Pesca, los cuales prohíben el comercio de especies marinas amenazadas protegidas por convenciones internacionales; así como con jurisprudencia constitucional que prohíbe el comercio de especies marinas amenazadas reconocidas como tal por las autoridades ambientales por ser contrario al principio precautorio y por ende, inconstitucional.

Adicionalmente, recordaron que las tres especies de tiburones martillo, las tres especies de tiburones zorro, y el tiburón sedoso, los cuales constituyen el 40% de la captura comercial costarricense, están enlistados como especies de vida silvestre marino costera en peligro de extinción o amenazadas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación desde 2021.

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