Un grupo de denunciantes aseguraron desde Casa Presidencial tener temor de que el caso prescriba.
El Ministerio Público emitió un comunicado de prensa asegurando que la investigación por el denominado “caso Aldesa” presenta “avances significativos y suma, hasta la fecha, múltiples diligencias que han permitido recabar evidencia relevante para la causa”, en la cual se investigan los presuntos delitos por de estafa e infracción al artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, bajo el expediente judicial 19-000157-1220-PE.
El comunicado se dio luego de que desde Casa Presidencial se realizara una conferencia de prensa con un grupo de las personas que denunciaron el caso, y en el cual la vocera del grupo, Flora Fernández, asegurara que tienen temor que el caso prescriba antes de ser llevado a juicio, señalando:
En junio del 2019, despuesito de que Aldesa había colapsado, indagaron a Javier Chaves Bolaños, presidente de la corporación, solamente a él. Y ese hecho nos llenó de alegría porque creímos que el Poder Judicial se estaba moviendo. En realidad, lo que causa es que, en lo penal, y no soy abogada, pero he tenido que aprender, son 10 años para que prescriba, pero en el momento en que se haga la indagatoria, se interrumpe y se reduce a la mitad del plazo. Eso significa que el 7 de junio del 2024, Javier Chaves se terminó, prescribió, no tiene ninguna responsabilidad y la plata se desapareció y no puede pasar nada más, hasta ahí llegamos.
Sobre la posibilidad de prescripción del caso el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez señaló que, pese a que todo caso siempre supone un eventual riesgo de prescripción, en esta causa el riesgo es bajo, puesto que la Fiscalía de Delitos Económicos tiene control de los tiempos, y añadió:
Tenemos monitoreados y controlados los plazos de prescripción para finalizar la investigación y llevar el caso a los Tribunales de Justicia, antes de que prescriba. Por eso, queremos informar a las víctimas del proceso y a la sociedad en general que hemos llevado a cabo esta investigación con mucho compromiso, de manera seria y muy coordinada con la policía judicial y en apego absoluto a la ley. La complejidad de la investigación y los recursos disponibles para concluir la misma, han sido factores que han influido en el tiempo de investigación, sin embargo, el Ministerio Público ha cumplido a cabalidad con sus deberes para recopilar la prueba necesaria en este caso.
Desde la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos aseguraron que el progreso del caso está ligado a la recepción de cuatro informes solicitados a la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (SADEF) del OIJ, el cual la Fiscalía espera que se presenten el próximo 31 de octubre, ya que se le dio una extensión de plazo y se encuentra actualmente “a la espera de la revisión y aval finales de la jefatura de la oficina”.
Desde el Ministerio Público indicaron que el trámite del caso ha sido de alta complejidad, ya que está compuesto por 5323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3536 folios.
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Adicionalmente, de acuerdo con la fiscalía especializada, de 26 denuncias que existen 22 de prescribirían entre el 2028 y 2029 y solo en cuatro la prescripción regiría dentro de poco más de siete meses, específicamente el 10 de junio de 2024.
Sobre la fecha del 10 de junio del 2024, la Fiscalía confirmó que se debe al plazo de 5 años tras la indagatoria del imputado de apellidos Chaves Bolaños, realizada el 10 de junio del 2019 en relación con los hechos aparentemente cometidos en perjuicio de cuatro de las 26 personas ofendidas que se han unido formalmente al proceso (entre personas físicas y jurídicas), y recordaron que Chaves cumple actualmente las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.
