Reforma a la Ley 9999 está programada para recibir segundo debate este 25 de octubre.

La Defensoría de los Habitantes emitió una advertencia de las afectaciones que puede generar una modificación a la “Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense” (Ley 9999).

Esa reforma, tramitada bajo el expediente 23.593, fue presentada por la diputada Sonia Rojas Méndez (PLN) con firmas de respaldo de todas las bancadas legislativas y fue aprobada en primer debate de forma unánime (46 presentes) el pasado 19 de octubre. Según su exposición de motivos la reforma pretende "solventar y aclarar las lagunas o falencias que tiene dicha ley en perjuicio de los docentes, tanto en la forma en la que exige valorar la prueba -pro víctima-, las acciones a tomar una vez iniciada la investigación -reubicación obligatoria- y la prohibición de investigar de manera previa, a efectos de determinar la procedencia de los supuestos hechos, generando en muchas ocasiones desperdicio de recursos, tiempo y estigmatización del servidor docente".

Sin embargo, sobre este expediente la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert señaló:

El proyecto de ley 23.593 aprobado en primer debate el 19 de octubre de 2023 es violatorio de los principios de Interés Superior del Niño y la Niña y de Supervivencia y Desarrollo reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, es regresivo y nos devuelve al escenario de desprotección anterior de la niñez y la adolescencia.

Además, desde la Defensoría cuestionaron que de aprobarse la reforma va a quedar al criterio de la administración la aplicación de las medidas cautelares como la reubicación o suspensión inmediata de la persona investigada (que actualmente son de aplicación obligatoria) y en su lugar plantea la reubicación de quién denuncie, lo que puede desalentar la presentación de denuncias.

Por último, la Defensoría también señaló que el texto aprobado en primer debate plantea la desaplicación de las normas protectoras de la Ley 9999 a las personas estudiantes con discapacidad, en circunstancias en las que se hace necesario realizar contención física o entrar en contacto físico con éstas.

Aunque la Defensoría manifestó su inconformidad con el proyecto de ley 23.593, y "su profunda preocupación con su eventual aprobación en segundo debate", fijado para el 25 de octubre, no anunció si presentará una consulta de constitucionalidad como hizo este lunes en el caso del proyecto que pretende extender la vida útil de los autobuses de los modelos 2007 y 2008.

Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense

La Ley 9999 fue impulsada desde la Defensoría de los Habitantes y aprobada por la Asamblea Legislativa en junio del 2021 con la intención de evitar prácticas que revictimizaban a las personas menores de edad en el régimen disciplinario del sistema educativo.

Sobre esta ley desde la Defensoría aseguraron que “vino a saldar una deuda pendiente de décadas, en el reconocimiento de las personas menores de edad como sujetas de derecho en investigaciones disciplinarias seguidas en el Ministerio de Educación Pública (MEP) para revisar y sancionar conductas del funcionariado, en casos de maltrato físico, emocional y sexual”.

Desde la Defensoría añadieron que la “Ley 9999 no generó un menoscabo a los derechos y garantías constitucionales del personal docente y administrativo del MEP y que esta normativa ya superó el filtro de constitucionalidad. Una vez que entró en vigencia, la APSE planteó una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, la cual en la resolución No.2022-013100 el 08 de junio de 2022 fue declarada sin lugar en toda su extensión. En esa acción la Defensoría de los Habitantes rechazó que las reformas y adiciones introducida en esa Ley, violentaran la Constitución Política o los principios del debido proceso y derecho de defensa, así como el principio de inocencia, principio de carga de la prueba, principio de igualdad y no discriminación y el principio de razonabilidad y proporcionalidad en perjuicio del personal docente investigado”.

Además, desde la Defensoría señalaron que el personal docente investigado en el marco de esta ley es mínimo, ya que los datos del Departamento de Régimen Disciplinario del MEP, dan cuenta que actualmente se tramitan 240 expedientes contra funcionarios docentes con fundamento en la Ley 9999, lo que representa el 0,36% del total de personal docente, administrativo docente y técnico docente del MEP.

La Defensoría también destacó que “las quejas recibidas y tramitadas en la Defensoría permitieron constatar que los procedimientos seguidos en el MEP, con anterioridad a la aprobación de la Ley 9999, generaban un grave desequilibrio entre las garantías de la persona docente investigada y la protección de la persona menor de edad estudiante, cuya participación de éstos últimos era prácticamente nula y a quien se sometía a procedimientos y actos re-victimizantes”.