— ¿Quién destruyó la casa?
— San José lo hizo.
Tres semanas, veinte días, quizá. Este es el tiempo que toma convertir una casa centenaria en una triste ruina en Barrio Amón. Viejas casas, vieja historia.
Mientras escribo, entre golpes de martillos y estruendos, los vecinos asomados desde ventanas o carros, paseando perros o caminando, miramos trozos de una casa antigua partir sobre los hombros de una multitud de personas en condición de calle que hacen su vida sobre estas presas espontáneas que la ciudad les ofrece. Personas producto de una desigualdad que miramos con la misma apatía.
La casa ubicada en avenida 9, contiguo a la casa Yglesias, había vivido recientemente una triste historia de trata que acabó en los tribunales. Esta pequeña alegría duró lo que un chubasco en abril. Noche tras noche la casa ha sido saqueada sin que nadie quiera o pueda hacer mucho. Pronto la casa desocupada perdió su valor histórico incalculable, para valer el peso de sus rejas de acero forjado en la chatarrera, y de maderas finas y labradas vendidas como leña para asar pollos.
El gobierno municipal de Johnny Araya —bajo cuya tutela han desaparecido incontables inmuebles con valor patrimonial en total impunidad— es el principal responsable. Pero también lo somos todos quienes miramos la secreta sociedad de la Municipalidad inoperante y dueños negligentes, cuya miopía no les permite ver que la herencia y el azar les ha confiado el patrimonio de una ciudad entera. No, esas casas no son bienes exclusivamente privados y tendrían que estar sujetas a una ley de protección de Patrimonio que faculte a la institucionalidad a actuar cuando haga falta, pero que también ofrezca verdaderos beneficios para los propietarios.
En materia concreta ninguna institución actuó oportunamente: Ministerio de Salud, Municipalidad, Bomberos, Fuerza Pública. En este país todo toma tiempo, mucho tiempo, más de veinte días sin duda, y cuando vengan los fallos, el bien que se buscaba proteger ya no estará más. El respeto a la institucionalidad nos ha permitido ser un ejemplo democrático en la región, e incluso no sucumbir ante los avances del actual Poder Ejecutivo revanchista y autoritario, pero conviene pensar en una legislación que permita e incluso obligue a las instituciones a actuar en favor del bien común, y no solo en materia de patrimonio.
Cuando la evidencia de lo que se debe hacer se opone a una rigidez legal incomprensible, nos estamos quedando atrás. Muchas voces se levantaron, pero el poder de la apatía es grande y una legislación trasnochada no permitió ninguna acción ante la obviedad de lo que debía hacerse: detener el desmantelamiento de la casa.
¿Quién destruyó la casa? Fuimos todos. Un Estado cuya rigidez impide la protección del bien común y nuestra pasividad que nos hacer ver inertes como desmantelan, no solamente una casa de gran potencial patrimonial, si no los restos del Estado social de derecho. Lo digo pensando en el BCR, en la CCSS, en el MEP; vemos partir con la misma tristeza sobre hombros anónimos todo lo que en este país tiene valor, para ser negociado a precio de chatarra en cualquier mercado.
Sí, duele ver esfumarse nuestro patrimonio, pero hay tantas cosas que van a doler más.
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