La Asociación de Desarrollo Integral Indígena Cabécar (Aditica) y la Asociación de Ujarrás se convirtieron en los primeros territorios indígenas en firmar el Contrato por Reducción de Emisiones Forestales (CREF).

Los territorios indígenas de Talamanca Cabécar y Ujarrás recibirán ₡234.144.000 y ₡113.169.600 millones, respectivamente, por el reconocimiento de las reducciones de emisiones provenientes de bosques de los años 2018 -2019.

Los CREF son un nuevo instrumento financiero basado en resultados por mantener y cuidar las áreas con bosques, en el que personas propietarios y poseedores podrán participar a partir del reconocimiento por las reducciones de emisiones evitadas durante un período de tiempo definido. Este mecanismo está basado en un pago por resultados por la protección del bosque de forma voluntaria y retroactiva, por un período de 7 años (2018-2024).

Además, los restantes 22 pueblos indígenas se encuentran en proceso de construcción para acceder también a este beneficio del Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT). Dicho proyecto se da en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque), mediante el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).

El dinero será utilizado en las actividades descritas en cada Plan Ambiental realizado por los pueblos indígenas y beneficiará a todos los grupos de la comunidad. En el caso de Talamanca Cabécar beneficiará alrededor de 2000 habitantes y Ujarrás a  1030 personas.

El ministro de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach Capra, subrayó la existencia de un compromiso con los pueblos indígenas de realizar este trabajo en conjunto, pues considera que todos los costarricenses pueden contribuir a un desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático.

La participación de las personas poseedores, es posible gracias a las acciones desarrolladas por el Minae, en concordancia con el Gobierno de la República, al crear y publicar un Decreto Ejecutivo Nº43649-MINAE, en el cual se estableció la modificación de los artículos 89 y 107 del Reglamento a la Ley Forestal, así las fincas en condición de posesión que cumplieran con el resto de requerimientos estipulados, podrían acceder a la distribución de beneficios.

En un comunicado a la prensa, el ministerio indicó que, aras de respetar la cosmovisión indígena, y transparencia del proceso, uno de los requisitos para que los pueblos indígenas puedan acceder a los CREF es contar con un PAFT. Señalaron que este documento contempla las necesidades que poseen los territorios, con respecto a temas relacionados con tenencia de la tierra, seguridad jurídica, el pago por servicios ambientales, enfoque y concepto de bosque desde la cosmovisión indígena así como mecanismos de monitoreo y seguimiento participativo.

Al respecto, José Ulises Uva, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Cabécar, comentó que el reconocimiento es importante  porque es el resultado de muchos años de trabajo en equipo.

Además, de la importancia de la conservación de los bosques, que es una práctica cultural que hemos tenido, por lo tanto, lo celebramos porque nos retribuye ese esfuerzo de tantos años. También la parte organizativo – político, pues ADITICA siempre ha trabajado de la mano con el Gobierno y con Fonafifo, hemos tenido una buena comunicación y esperamos seguir en esa misma línea”.

En los PAFTS también deben indicar cuales recursos económicos serán direccionados para atender las actividades en las que estarán involucradas y serán beneficiados todos los sectores de la población de cada territorio indígena, incluyendo así grupos de jóvenes, ancianos, niños, mujeres, la Asociación de Desarrollo Integral, entre otros actores.

La elaboración de estos planes, son el resultado de un trabajo de más de 10 años de duración, en el cual, mediante el diálogo se desarrolló un proceso participativo de información, preconsulta y consulta, realizado bajo la cosmovisión indígena, el marco legal costarricense y el convenio 169 de la OIT, así como también salvaguardas y políticas operacionales del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respectivamente.

De esta forma se planteó el trabajo conjunto entre los pueblos indígenas y el Minae para así definir las acciones en materia ambiental y forestal dentro de los territorios indígenas.