El Repaso Dominical de este domingo lo enviaré a las dos listas. Es decir, tanto a nuestros suscriptores D+ que lo reciben todos los domingos como a la lista gratuita, que no lo recibe. Valga el comercial, si alguno de los suscriptores gratuitos quiere ayudarnos a darle un empujón al proyecto (¡mándese valiente!) le invitamos a suscribirse en este enlace aprovechando el cupón DELFINOSEIS de aniversario para recibir un descuento.
Gracias, ¡entremos en materia!
El fallo de la Sala Constitucional de esta semana con respecto a la suspensión de los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social ha levantado polémica. Esto es normal e incluso sano y deseable: yo celebro y aplaudo todo intercambio de ideas que ayude a enriquecer la comprensión que como ciudadanos tenemos de nuestra democracia y de nuestro estado de derecho.
Hay dos ejes principales en torno a esta polémica y hoy los abordaré. Sin embargo, no hay que perder de vista que la posición que tomamos en torno a estas discusiones suele estar limitada por nuestros sesgos cognitivos, es decir, impulsos no conscientes que influyen en nuestra forma de percibir la realidad y de tomar decisiones. Esos impulsos inconscientes pueden ser responder a múltiples factores, desde nuestro estado de ánimo hasta nuestra construcción de identidad.
En discusiones complejas de esta naturaleza ese tipo de conclusiones “emocionales” suelen ser la norma y bien haríamos en no perderlo de vista. A menudo me leen citando aquella famosa frase: no vemos el mundo como es, sino como somos. Así, si usted está convencido de que lo que hizo el presidente Chaves estuvo bien, difícilmente alguien podrá convencerlo de lo contrario, por sólidos que sean los argumentos. Y viceversa.
Encima, tratándose de un tema legal, la cosa se pone todavía peor, por eso se dice que donde hay dos abogados hay tres opiniones. Yo agregaría: y muchos billetes. Si usted tiene mucho dinero y una propuesta de ley afecta sus intereses económicos sin lugar a dudas podrá encontrar una persona experta en derecho constitucional que esté dispuesta a decir que la iniciativa legal es inconstitucional.
Este es el mundo real, así funciona y no debemos perderlo de vista. La construcción de una sociedad, de una nacionalidad, de una identidad, de una idiosincracia, de una creencia, de una idea, suele responder a dinámicas de poder que imponen quienes están en la posición de hacerlo. A ver, no somos católicos por la voluntad de Dios, somos católicos por la voluntad del Imperio español.
Cierto es que la humanidad ha ido tratando de limitar estas dinámicas de poder opresor poco a poco (especialmente después de la Segunda Guerra Mundial) pero las cosas no han cambiado tanto como quisiéramos imaginarnos. Power is power, dijo Cersei Lannister.
Dicho esto: una de las herramientas con las que hemos procurado limitar ese tipo de escenarios es la democracia. En esencia, lo que se busca con este sistema de gobierno, es evitar que una sola persona o un solo grupo de personas tengan la posibilidad de determinar el camino de una nación entera por su cuenta, sin contrapesos y encima por tiempo ilimitado. La democracia dista de ser perfecta pero al menos ofrece (por súper-resumirlo) a) voz y voto a la ciudadanía b) división de poderes b) alternabilidad en puestos de poder.
Ese es el esquema de gobierno de Costa Rica y hasta ahora, no nos ha ido tan mal. Por algo se nos reconoce como la democracia más estable de América e incluso nos encaramaron el presuntuoso mote de “La Suiza centroamericana”. Lo cierto es que, con aciertos y desaciertos, nuestra institucionalidad ha avanzado pacíficamente y sin sobresaltos desde la Guerra Civil del 48.
Repasen el artículo de David Díaz Arias titulado A 75 años de la Guerra Civil de 1948, ¿hay futuro para Costa Rica?. Vale cada segundo de su tiempo.
Entonces. ¿Estamos claros en eso cierto? Usted podría preferir vivir en anarquía o en monarquía o en teocracia o en dictadura o en alguna distopía digna de Black Mirror pero lo cierto es que vivimos en una democracia que, aunque claramente tiene sus huecos, también tiene sus reglas medulares bien definidas y hasta que estas no cambien son la que aplican para todas las personas que habitan en este país, independientemente de su apellido, poder, influencia o creencias.
Así las cosas...
Polémica #1. La legitimidad de la Sala para hacer lo que hizo.
Entre las personas afines a Chaves ha tomado fuerza la noción de que el presidente debería poder hacer lo que le dé la gana sin que la Sala Constitucional le recuerde sus límites. Quienes defienden esta tesis sostienen que para algo eligieron al presidente y que en cambio los integrantes de la Sala no fueron elegidos popularmente.
En dos platos: cuestionan la legitimidad democrática detrás de las potestades del Tribunal Constitucional. Lo cierto es que esta polémica nace muerta pues como bien nos lo recuerda Abraham Sequeira Morales en un formidable artículo publicado esta semana:
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y de los actos que emitan tanto la Asamblea Legislativa, como el Poder Ejecutivo, o, cualquier dependencia de la administración”.
Es decir, este punto no es “polémico”, es más bien un hecho incuestionable en tanto, la legitimidad que tiene la Sala para hacer lo que hizo (y ya ha hecho antes en n cantidad de ocasiones...) “le fue concedida por el constituyente y fue reconocida en el artículo 10 de la Constitución Política al concederle el poder exclusivo y concentrado de ejercer el control de constitucionalidad” (de nuevo, citando a Abraham).
Esto puede o no gustar: pero es así y será así hasta que decidamos, en democracia, cambiarlo, que ojo, podemos hacerlo pero (por algo...) no lo hemos hecho y eso también es una decisión democrática y legítima.
Todo esto sin mencionar que es la Asamblea Legislativa la que elige a los integrantes de la Sala y somos nosotros quienes elegimos a nuestros representantes en el Poder Legislativo. No podemos, convenientemente, olvidarnos de ese pequeño detalle.
Polémica #2. La Sala cambió su jurisprudencia.
El Ejecutivo ha tratado de colocar varias ideas desde que cayó el fallo...
#1. Que la sentencia evidencia una sala “dividida”.
Argumento forzado, tratándose de una votación 5-2 completamente normal y con clara mayoría. Un 4-3 aguantaría el término, que de todos modos, no implica nada: la mayoría resuelve. Así funciona, guste o no, igual que cuando elegimos al presidente. A Chaves lo votó menos del 30% del padrón electoral y con eso alcanza: es un presidente 100% legítimo.
#2. Que existe una existe una “contradicción directa” a lo señalado por el Tribunal Contencioso Administrativo.
Da un poco de pena que la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, haya soltado semejante señalamiento. Debería tener clarísimo que las resoluciones de la Sala Constitucional son erga omnes, punto. Aquí no hay debate ni polémica ni nada.
#3. Que este es un tema de legalidad, no de constitucionalidad, que la Sala entró en una contradicción y que cambió su jurisprudencia.
Primero, recordemos que si la Sala quisiera cambiar su jurisprudencia, podría hacerlo. Esto es sano, normal y deseable. La jurisprudencia de la Sala nos amarra a todos, menos a la Sala, que puede revisar y corregir sus criterios a lo largo del tiempo. En todo caso: esto no sucedió en esta ocasión.
Ojo, debo decir que este tercer argumento es el más interesante e incluso riquísimo para una nutrida discusión en aulas de Derecho (a diferencia de los dos anteriores). Pero águilas, para sostener esta tesis es necesario generar una falsa equivalencia entre las juntas directivas de los bancos estatales y la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este argumento es el que permite a expertos en derecho constitucional como Rubén Hernández sugerir que esta resolución es una “sacada de clavo”.
Nótese que si alguien se opuso a lo que hicieron Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado Quesada con la junta directiva del BCR fui yo. Clara, constante y abiertamente critiqué la decisión de ambos, que me parecía cobarde e incorrecta. Pero ojo: no inconstitucional. Que yo considerara (y sigo considerando) que no debieron hacer lo que hicieron no implica que no pudieran hacerlo.
Con Chaves: lo mismo. A mí no me parece que haya sido oportuno ni correcto ni adecuado ni deseable lo que hizo con Cinde, pero estoy 100% convencido de que podía hacerlo. Del mismo modo considero que para eso lo eligió el pueblo: para que tome ese tipo de decisiones. La gente confió en su mejor criterio para hacer todo lo que la ley le permite hacer.
Ahí está el detalle. De nuevo, lo dicho antes: la democracia tiene previsto que nadie haga más de lo que de acuerdo a la ley puede hacer. Entonces ¿podía Chaves hacer lo que hizo en este caso? No. Así lo dijimos desde el día 1. Lo que pasó era inevitable: se extralimitó. Porque la junta directiva de la Caja tiene un grado de autonomía distinto a las juntas directivas de los bancos públicos. Y eso cambia todo porque a la Sala nunca había llegado un caso como este. Es decir: no cambió su jurisprudencia (que podría si quisiera) porque no había resuelto un caso similar a este.
En resumen: la Sala entendió que en este caso sí se trataba de un tema que le competía porque los aspectos relacionados con la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social sí están regulados en la Constitución Política.
Entonces, mientras hay instituciones autónomas que gozan de autonomía administrativa (como son los bancos estatales) la Caja tiene una autonomía superior, otorgada por la Constitución Política, que le explícitamente le otorga autonomía de gobierno.
Cito a Marvin Carvajal Pérez:
Es por esa razón que una incursión del Ejecutivo, por ejemplo, ordenando la suspensión cautelar de un directivo del INA o de Acueductos y Alcantarillados o cualquier otra institución que no tenga ese grado de autonomía, no va a ser un problema de constitucionalidad, va a ser un problema de legalidad, ya que es la ley la que va a determinar cómo se ejerce la autonomía. En cambio, en la Caja, la propia Constitución lo definió, por eso tocar en este caso el nombramiento de directivos de la Caja toca la Constitución”.
Esto no quiere decir que los directivos de la Caja son “intocables” como sugirió el presidente, existen procedimientos administrativos y legales para juzgarlos en caso de que sea necesario. No tienen inmunidad, no están por encima de una suspensión ni por encima de perder el puesto. Simplemente existen debidos procesos que deben de respetarse y que bajo ninguna circunstancia incluyen la potestad del Ejecutivo de actuar como actuó.
Irónicamente si se sigue el debido proceso, como siempre corresponde (por más que simpaticemos con un presidente), el resultado será uno también ya conocido: se resolverá lo único que se puede resolver, que no existió un conflicto de intereses cuando aprobaron el aumento de salario para los funcionarios de la institución.
Ojo, todo esto que he dicho no se traduce en “la Sala nunca puede entrar a conocer temas de legalidad”. Hay casos en los que sí puede. No sabemos si eso pesó esta vez porque todavía no tenemos la sentencia completa, solamente el por tanto y los elementos que hasta ahora sí son públicos y notorios y en torno a los cuáles sí podemos discutir y conversar.
Entonces. ¿Sacada de clavo de la Sala? ¿Hemos seguido todos la misma historia desde que esto comenzó o no?
Chaves como ministro de Hacienda firmó un decreto autorizando el ajuste salarial que hoy nos tiene en estas. La Caja decidió no aplicarlo en 2020 motivo pandemia y prometió a sus empleados darlo apenas fuera posible y con efectos retroactivos. Chaves se convierte en presidente de la república. La Caja, en pleno uso de sus potestades de gobierno autónomo, toma la decisión de reconocer el aumento que estaba “congelado”, pues considera que puede y debe hacerlo en ese momento.
No importa si usted o yo estamos de acuerdo o no con lo que la junta resolvió: podía hacerlo y lo hizo. Chaves manifiesta su malestar con la decisión y hace lo que sí puede hacer si le da la gana: destituir al presidente de la Caja. No importa si usted o yo estamos de acuerdo con lo que el presidente hizo, es incuestionable que podía hacerlo. Y lo hizo.
Pero después se fue de ride y dijo que intentaría traerse abajo el aumento y en efecto mandó a la nueva presidenta de la Caja a intentarlo por todos los medios. ¿Resultado? Fracasó en cada paso y en cada instancia. No había forma de echar para atrás. Entonces el presidente se fue encima de todos los que votaron a favor de reconocer el aumento en la junta directiva, montándoles un caso que no tenía ni pies ni cabeza, suspendiéndolos (sin poder hacerlo) por ese supuesto caso y luego incluso llegando a designar a dedo a dos de los sustitutos pasándole incluso por encima a los sectores que tienen la potestad legal de decidir quién les representa en ese cuerpo colegiado.
Como resultado de todo esto se registró una “toma” de la junta directiva de la institución más importante del país pues 8 de las 9 personas que la conformaban en setiembre pasado ya no formaban parte del cuerpo colegiado este año.
Entonces vuelvo y repito ¿sacada de clavo de la Sala? Me parece que mucha gente, convenientemente, está decidiendo lanzar la mirada a la tabla equivocada. Así que cerraré este repaso dominical citando al propio presidente:
Yo creo que esto va a matar mitos, fantasmas, teorías de la conspiración, ¿verdad?, que son divertidas, yo pienso a veces que eso es parte de la salsa y el sabor de los puestos que tenemos, pero si esto no convence a nadie es que no hay peor persona con desafíos auditivos que la que no quiere oír”.