La Relatora Especial de la ONU brindó informe luego de visita a Costa Rica.

La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, realizó una visita a Costa Rica durante 10 días y en la lectura de su informe preliminar lamentó la penalización del aborto en el país.

La experta dijo que estas restricciones legales no estaban en línea con las normas internacionales de derechos humanos y los protocolos clínicos. "Deben ser enmendadas para despenalizar el aborto", dijo Mofokeng.

Las restricciones penales y legales al aborto son de naturaleza discriminatoria, restringiendo la autonomía e interfiriendo en la relación médico-paciente, impactando acceso a servicios de salud e información. Esta es una forma de discriminación de género".

Y amplió:

La moralidad pública y las creencias religiosas no pueden servir como justificación para la promulgación o aplicación de las leyes que dan lugar a violaciones de los derechos humanos. El Estado debe imponer una moratoria en la aplicación de las leyes penales relativas al aborto, incluidas Obligaciones legales de los profesionales médicos de informar sobre las personas embarazadas que buscan abortar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Dato D+: El aborto en Costa Rica está restringido. Actualmente, los abortos solo se permiten con el fin de preservar la vida o la salud de la madre. En caso de peligro de la vida o la salud de la madre actualmente existe como protocolo la Norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo emitida por el Poder Ejecutivo en 2019.

En otros temas dados en el mensaje, Mofokeng señaló que la formulación del derecho a la salud debe entenderse como un derecho integral en la Constitución Política. El derecho a la salud se relaciona no solo con el acceso a los centros de salud, sino también con variables de la salud como el entorno social, económico y físico, características personales y comportamientos individuales, mencionó.

Además, la experta comentó que fue testigo de relatos profundamente personales sobre el racismo y la xenofobia de las poblaciones migrantes, los Pueblos Indígenas y las Personas de Afrodescendientes que viven en Costa Rica. Advirtió:

La falta de datos desglosados impide la capacidad de analizar completamente la situación de grupos específicos y, por lo tanto, adoptar políticas y asignar recursos específicos desde una perspectiva de equidad".

Recordó que la cosmovisión de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y su  conexión con sus territorios y tierras, salud física y mental, espiritualidad y la autonomía es una cuestión de derechos humanos.

Sobre las personas en movimiento que buscan protección en Costa Rica, enfatizó que debe haber solidaridad internacional y cooperación continua mediante el despliegue de expertos especializados. Asimismo puntualizó a que los mensajes de los dirigentes políticos que perpetúan la xenofobia y el racismo le son "particularmente inquietantes y deben cesar".

Al respecto de las personas de la comunidad LGBTIQA+, alertó que experimentan niveles más altos de trastornos de salud mental, con intentos de suicidio, debido a la violencia y el rechazo generalizados que enfrentan, dentro de sus familias y comunidades.

Estas disparidades en los resultados de salud están vinculadas a prejuicios, abusos y violencia debido a la exclusión de los sistemas de salud, los sistemas sociales, los sistemas educativos y las economías formales, en virtud de los cuales la mayoría de las personas disfrutan de protección profesional y personal.

Añadió que le preocupó saber que la terapia de conversión no es ilegal en el país, lo que a su parecer expone a las personas LGBTQIA+ "a una violencia institucionalizada que queda impune". "Este es un asunto de urgencia que debe abordarse", compartió.

En su mensaje también felicitó el liderazgo de muchos funcionarios públicos por su respuesta a la pandemia por COVID-19 y señaló varias buenas prácticas relacionadas con los programas y los planes estratégicos nacionales. La Relatora Especial recomendó la participación de los titulares de derechos en todos los procesos.

Durante su visita, la experta se reunió con funcionarios del Gobierno y representantes de la Defensoría de los Habitantes, organizaciones internacionales, sociedad civil, profesionales de la salud y comunidades indígenas, en las provincias de San José y Limón.

La Relatora Especial presentará su informe final, incluidas las recomendaciones claves, al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2024.