La Universidad de Costa Rica anunció recientemente la obtención de una homologación quinquenal de parte de la Autoridad Marítima del MOPT, que la convirtió oficialmente en un Centro de Formación Marítima para impartir la carrera de Marina Civil, inaugurada desde el año 2012 en la Sede del Caribe; según los estándares del Convenio Internacional STCW (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping), actualmente Ley 9418 en Costa Rica. Sin embargo, esto continúa siendo (a mi criterio) una cortina de humo sobre una despiadada realidad para quienes cursan (o cursaron) esta carrera.

Recordemos que el convenio STCW es un tratado internacional adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI), que establece los estándares mínimos de formación, certificación y guardia para la gente de mar a nivel mundial. El convenio STCW establece los requisitos de formación y certificación para diferentes categorías de personal marítimo, como oficiales de puente, oficiales de máquinas y personal de servicio de a bordo. Cada país que es parte del convenio STCW es responsable de implementar y hacer cumplir los requisitos establecidos en él a nivel nacional, a través de su legislación y autoridades marítimas. Además, se establece un sistema de reconocimiento mutuo de las certificaciones emitidas por los países miembros, lo que permite a los marinos trabajar a nivel internacional.

En nuestro país continúa siendo imposible que una persona graduada de Marina Civil ejerza el cargo de oficial a bordo de un buque de bandera nacional, o que pueda cumplir con los requisitos necesarios para alcanzar el rango de capitán, debido a que Costa Rica no ha sido capaz de desarrollar una flota de marina mercante (a diferencia de otros países con una tradición marítima más desarrollada); por lo que no existe un mercado laboral adecuado a la salida profesional de la carrera en el que puedan colocarse sus egresados (si no es solamente en otro país), y esto es consecuencia de que la actividad marítima en nuestro país ha desempeñado un papel poco significativo en la identidad nacional y la economía a lo largo de la historia. Así mismo, Costa Rica sigue sin estar en la lista blanca de la OMI.

El artículo 197 del Estatuto Orgánico de la UCR es claro al determinar que la creación o modificación de una carrera debe estar precedida por y acompañada de “[…] los méritos y la factibilidad de la iniciativa presentada […]” a la Vicerrectoría de Docencia por “[…] la unidad académica respectiva […]” o “[…] los organismos estatales encargados de la planificación […]”. Luego de once años hasta hoy, la UCR no tiene algún estudio que demuestre la pertinencia e inversiones multimillonarias requeridas por la carrera antes (ni mucho menos después) de haberse ofrecido a la comunidad nacional. Desde hace un año graduó a solamente tres estudiantes que ni siquiera han podido ejercer la profesión, no son reconocidos como ingenieros (a pesar de que la carrera se concibió como una ingeniería) ni existe algún colegio profesional en el cual puedan incorporarse. Tampoco cuentan con el beneficio de una doble titulación académica de parte de la Universidad de Cádiz (España), que fue “la flor en el ojal” con la que la UCR promocionó y oficializó la carrera en 2011 mediante un convenio con esta otra universidad que nunca estuvo realmente firmado. Todo esto (ante mi humilde intelecto) tiene la naturaleza engañosa de una estafa que ha sido minimizada por la institución, y que además es consensuada por sus mismos estudiantes que la han aceptado.

Me resulta atroz pensar en una carrera como esta (dentro de la que se supone ser la mejor institución de educación superior de Costa Rica) que pasó de comprar publicidad en medios de prensa nacional para venderse como una nueva oportunidad de estudio especializado con “amplio” mercado de trabajo, “una profesión con futuro brillante y de alta demanda de empleo […] con el respaldo de la Universidad de Cádiz, España […]” (según suplemento impreso en el diario La Nación el 28 de septiembre de 2012); a ser declarada en 2020 por la Vicerrectoría de Docencia de la UCR en su informe de fin de gestión 2016-2020 como una opción para la que “[…] no es necesario contar con una formación universitaria, sino que se trata de un oficio técnico […]”, con incluso una formación recibida por sus estudiantes de manera “deficiente”. En este mismo documento, fue criterio de esa Vicerrectoría también recomendar el “[…] no reabrir esta formación o modificarla para que sea una verdadera formación universitaria”.

Debido a que la carrera de Marina Civil no seguirá impartiéndose en la Sede del Caribe, la UCR anunció un plan especial “Toda Avante”, que espera facilitar a estudiantes de Marina Civil la culminación de su plan de estudios antes de su cierre. Aun recientemente, la UCR hizo un llamado para ayudar a los estudiantes en los gastos en que incurren para realizar las prácticas profesionales mediante un fondo solidario, gestionado por la Fundación UCR; sin embargo, no considero todos estos esfuerzos como suficientes si el hecho de graduarse con el título académico no conduce a tener al menos la posibilidad de poder ejercer plenamente la profesión. Me parecen más cortinas de humo.

Nuestras estructuras sociales muchas veces pueden parecer justas y equitativas en la teoría, pero en la práctica no reflejan ni abordan las desigualdades e injusticias que realmente existen; y lo que hemos visto a lo largo de la historia de la UCR con la carrera de Marina Civil es un vivo (y casi moribundo) experimento de esto. La discrepancia entre lo que las normas dictan y cómo funcionan en nuestra vida cotidiana, subrayan la injusticia y la falta de efectividad en su aplicación, tal y como lo ilustró Anatole France de manera irónica en su obra “El collar de la paloma”:

La ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe a los ricos y a los pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan. La sociedad, en su magnífica organización, prohíbe a los ricos y a los pobres realizar estos actos de supervivencia”.

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