El PANI no brindó información sobre los cargos de las personas suspendidas o su relación con el caso, ya que señalaron que esa "es información confidencial".

La Oficina de Prensa del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó la tarde de este martes que seis funcionarios de la institución fueron suspendidos como parte de la investigación que se lleva a cabo en torno a la bebé cartaginesa Keibril, y a su madre, una menor de 13 años de edad.

Según indicó el Patronato en una consulta realizada por este medio, sobre los funcionarios pesa una investigación disciplinaria y su suspensión, que será de dos meses, se realizará con goce salarial:

Seis funcionarios con investigación disciplinaria y medida cautelar de suspensión con goce salarial por dos meses", señaló la oficina de prensa de la institución.

La oficina de comunicación del PANI se negó a dar más información sobre los cargos de las personas suspendidas o sobre la relación de estas con el caso, debido a que señalaron que esa "es información confidencial".

Esta misma postura es la que ha sostenido la presidenta ejecutiva de la cartera, Gloriana López Fuscaldo, en todos los espacios donde se le ha cuestionado por este tema o se ha consultado sobre los avances de la investigación.

Estas suspensiones llegan tras semanas de cuestionamientos al PANI por la desaparición de Keibril y el manejo del caso de su madre, en un hecho que ha desencadenado un terremoto interinstitucional en múltiples instancias, debido a que la bebé es hija de una menor de edad que al momento de quedar embarazada tenía solo 12 años.

Esta menor fue violada por su padrastro, un hombre de 33 años que en este momento se encuentra detenido y está siendo procesado como el principal sospechoso del secuestro de la bebé.

La alerta por este caso se elevó desde 2019 cuando la escuela de la niña reportó su embarazo e instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), señalaron la posibilidad de que esta fuese víctima de violación por parte de un adulto, tal y como se comprobó más adelante a partir de una prueba de paternidad realizada.

A esto se sumaron errores procesales en el Ministerio Público y también en los juzgados de Familia, que generaron investigaciones abiertas en las instituciones involucradas.