Legisladoras señalaron que en el manejo de los casos de violencia contra menores "hay negligencia institucional sin duda y no de hoy, de años".
Las diputadas de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa acusaron a las diversas instituciones del Estado, encargadas de la atención de casos de violencia contra la niñez, de poner "excusas banales" para justificar los errores procesales y atrasos en el trámite que se siguen contra estos hechos.
El reclamo surgió este miércoles, durante la comparecencia en el órgano de la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo; de la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez; de la magistrada Roxana Chacón Artavia, quien participó como representante Poder Judicial y del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia de la institución; del Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez como representante del Ministerio Público; del director interino del Organismo de Investigación Judicial (OlJ), Randall Zúñiga López; y de la jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller Castro.
Los comparecientes se apersonaron a la Asamblea para responder sobre la labor de sus respectivas instituciones con respecto a la atención del caso de Keibril, una bebé de 9 meses de la provincia de Cartago que fue secuestrada hace 10 días, en un hecho que ha desencadenado un terremoto interinstitucional en múltiples instancias, debido a que la bebé es hija de una menor de edad que al momento de quedar embarazada tenía solo 12 años.
Esta menor fue violada por su padrastro, un hombre de 33 años que en este momento se encuentra detenido y está siendo procesado como el principal sospechoso del secuestro de la bebé.
Dato D+: Lea más detalles en la nota Prueba de ADN confirma que sospechoso de raptar a bebé en Cartago es el padre de la niña.
Durante el encuentro con las legisladoras de la comisión, las autoridades detallaron las acciones tomadas para la atención de este caso, entre las que destacan la alerta que emitió el MEP al Ministerio Público cuando la menor madre quedó embarazada de la bebé, así como la beca de cien mil colones mensuales que se le gira a la familia por este caso; además, la CCSS detalló la atención que se le brindó a ambas al momento del nacimiento.
A su vez, la Fiscalía reconoció nuevamente que habían sido alertados, desde abril del 2022, de la sospecha de que el hombre de 33 años era el padre de la menor desaparecida y, por tanto, el violador de la niña madre; al tiempo que el OIJ procedió a describir qué acciones han tomado en la búsqueda de la bebé, desde su desaparición hace casi dos semanas.
Sin embargo, las declaraciones que más llamaron la atención de las legisladoras fueron las de la magistrada Chacón Artavia y de la presidenta ejecutiva del PANI.
En el primer caso, la representante del Poder Judicial confirmó que el Juzgado de Familia de Cartago realizó dos intervenciones sobre este caso, la primera en el año 2022 cuando le dieron la tutela de la menor madre y de su hermano a una tía de estas, durante seis meses para que luego ambos regresaran con su progenitora y con su padrastro, con autorización del PANI; y una segunda intervención, en diciembre pasado, que fue en la que se pidió la prueba de paternidad contra el hombre.
En este caso, sin embargo, la orden de emitir la prueba tuvo dos retrasos: el primero debido a que el Poder Judicial estaba de vacaciones, por lo que la orden no se procesó sino hasta enero; y un segundo contratiempo debido a que al sospechoso no se le pudo notificar y hubo que volver a emitir la orden.
Según señaló Chacón:
La segunda intervención en este caso tiene que ver con una demanda que presentó el Patronato Nacional de la Infancia ante el Juzgado de familia el 23 de diciembre del 2022 en horas de la noche, por medio del sistema de gestión en línea. Yo debo decirles que el Poder Judicial tiene un cierre colectivo y para esa fecha estábamos cerrados, nosotros salimos el 22 de diciembre y este caso ingresó el 23, pidiendo una investigación de paternidad y la realización de una prueba de ADN pero este caso, por estar en cierre colectivo, se asumió hasta el 9 de enero por estar en vacaciones de la institución. Ese día la jueza encargada hizo la solicitud a la Medicatura Forense, hubo un problema en la notificación de la persona obligada y no se pudo notificar, lo que implicó que se tuviese que hacer una nueva convocatoria notificándolo y esa prueba quedó para la semana pasada".
Por su parte, la jerarca del PANI reafirmó la postura que ha sostenido desde el inicio en este caso, y señaló que no puede referirse a este tema a profundidad debido a que mandó a conformar un órgano interno en la institución y que por ello la ley le prohíbe emitir criterio.
Según señaló López Fuscaldo:
Yo abrí un órgano de investigación y yo soy el órgano decisor. Al ser el órgano decisor, la Ley General de la Administración Pública me prohíbe emitir y adelantar un criterio que vaya a dañar las eventuales responsabilidades de funcionarios o funcionarias que hayan acontecido. Si yo emito un criterio no solamente les violaría el debido proceso, si no que si eventualmente tenemos que hacer un despido, nos van a contrademandar al Estado costarricense. En ese sentido las actuaciones son confidenciales y yo no me puedo pronunciar sobre nada del proceso porque soy el órgano decisor".
Las legisladoras de la comisión reprocharon estas intervenciones y la diputada liberacionista, Monserrat Ruiz Guevara, enumeró varios casos más en los que, por "ciertas razones banales", el PANI ha tardado meses en dar atención a las denuncias que se le presentan.
Entre estos destacan un caso que trascendió en junio de 2022, cuando un niño de 10 años parte del espectro autista fue violentamente agredido en el baño de una escuela en Heredia. En este caso tanto el médico que atendió al menor como la madre de este responsabilizaron al PANI, debido a que estos ya habían alertado de eventos de este tipo en la escuela del niño (la Tranquilino Sáenz Rojas en Santa Bárbara de Heredia) pero que a pesar de las alertas, el Patronato tardó más de tres horas en enviar una unidad institucional a la clínica para atender el caso, como lo había solicitado el jefe de emergencias del centro médico.
En ese caso la madre también señaló que recibió una llamada de la funcionaria del PANI a cargo del caso, horas más tarde, "quien le gritó en reproche por exponer la situación de su hijo a los especialistas del centro médico".
A su vez, y según señaló Telenoticias en una nota publicada esta semana, otro de los casos que se le cuestionan al patronato se encuentra el de la muerte de una niña de cuatro años en Tuetal de Alajuela, en enero de 2020, quien falleció producto de agresión infantil.
El caso ya había sido denunciado pero la funcionaria a cargo de supervisarlo lo clasificó en "Prioridad 2" en lugar de "Prioridad 1" que es la que da intervención inmediata. El hecho terminó con la renuncia de la entonces presidenta ejecutiva de la institución, Patricia Vega Herrera, con el despido de la funcionaria encargada y con el ojo puesto en la oficina central del PANI en Alajuela, que también fue la que había señalado, en 2019, que fue debido a que se equivocaron consignando la dirección de una casa que llegaron tarde a dar atención a un niño con reportes de agresión que terminó muriendo por esta causa.
Estos son solo tres de los casos que pesan sobre el PANI pero son un ejemplo de lo que las diputadas le reprocharon a la institución este miércoles.
Según indicó Monserrat Ruiz:
Hay ciertas razones banales dentro del retraso de meses que se da en esta media. En este caso vemos vacaciones de diciembre donde el organismo judicial no puede responder a emergencias de este tipo; vemos casos donde las direcciones están mal dadas y entonces llega el encargado y colaborador del PANI y al no encontrar la dirección se va porque no encontró la casa. Lo preocupante del fallo de la institucional en este caso es que siempre vemos razones totalmente evitables".
A su vez, la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas Salas, reclamó que las instituciones hayan reportado lo que hicieron a partir de la desaparición de la bebé y no antes, desde que se empezaron a reportar las alertas en este hogar cartaginés:
Lamento muchísimo que esta ruta del caso que aquí nos exponen inicie con el domingo 9 de abril porque la situación de esta niña no inició ese día. La ruta que el PANI tenía que venirnos aquí a explicar es desde el 2019, cuando esta niña estuvo en casa de una tía y el PANI decidió regresarla donde su mamá porque en esa fecha la niña no estaba embarazada. ¿Pudimos evitar ese embarazo? esa es la pregunta que aquí tenemos que hacernos. Yo no quiero que aquí me vengan a contar, a partir del 9 de abril, qué es lo que están haciendo para ver si encuentran el cuerpo de una bebé, hoy ese no es el tema, el tema es qué se hizo para evitar esto, para que esa niña no estuviera en esa casa y qué se hizo cuando la niña dijo que el embarazo era de un compañero y, nerviosa, volvía a ver a su mamá, cuando la maestra le dijo a la Fiscalía sobre las sospechas de que el padre era el padrastro ¿Qué hicieron en ese momento?".
"Aquí hay negligencia institucional sin duda y no de hoy, de años".
La diputada Ruiz también reclamó a otras instituciones su "negligencia" en este caso y otros similares.
La legisladora, por ejemplo, reprochó que el Ministerio Público señalara que, como la desaparición de la menor trascendió mientras Carlo Díaz estaba fuera del país, no se realizase la denuncia interna correspondiente a este caso sino hasta el día de ayer.
Para Ruiz, estos hechos lo que demuestran es una desarticulación institucional completa que requiere cambios para proteger la seguridad de la niñez en el país:
Aquí habemos tres poderes de la República y los tres hemos fallado. Para mí no es de recibo, señor fiscal, que usted me diga que estaba fuera del país y que por eso puso la denuncia ayer. ¿Cómo? ¿Entonces quienes quedan? De verdad no entiendo ¿y saben qué pasa? Que tenemos más de 12 desapariciones de niños en menos de ocho años y a que se le da más trato a narcotráfico y otras causas, lo que está bien, pero la niñez de este país está goteando de sangre. Aquí hay negligencia institucional sin duda y no de hoy, de años. ¿Que tienen que haber responsables? Necesitamos a esos responsables y queremos saber quiénes son esos responsables y que estén fuera de la institucionalidad ¿Para qué 80 plazas, para que actúen igual? Yo defiendo el presupuesto institucional pero este no es un tema de presupuesto, es un tema de acción y no se está actuando".
El lunes pasado, el OIJ confirmó que encontró ropa de bebé en uno de los cañales de ríos donde están buscando a la niña, con nueva evidencia que podría llevar la investigación hacia un homicidio. Dichas muestras están siendo valoradas mientras siguen los rastreos por aire y tierra para tratar de localizar a la menor desaparecida.
Finalmente, y a pesar de que cada vez son más los diputados que piden su renuncia, López Fuscaldo aseguró que continuará en la dirección del PANI.
