"Quiero saber si hubo denuncias en el PANI porque si no hubo denuncias, pueblo de Costa Rica, veámonos en el espejo: eso es ser cómplice, quedarse callado es ser cómplice".

El lamentable caso de la bebé de nueve meses que fue secuestrada el domingo pasado en Cervantes de Cartago ha levantado cuestionamientos e investigaciones contra y a lo interno del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para definir si su labor en el tratamiento de este caso fue o no la adecuada.

El caso trascendió el pasado domingo 9 de abril cuando se reportó la desaparición de Keibril Amira García Amador, una bebé de 9 meses, quien fue arrebatada de los brazos de su madre en el sector de Mata Guineo, en Cervantes de Paraíso de Cartago.

La madre de la bebé es una menor de apenas 13 años de edad, algo que a su vez levantó las las alertas de la ciudadanía y de las autoridades.

Además, y tras tres días de búsqueda, el principal sospechoso del secuestro es un hombre costarricense de apellidos Casasola Salas, de 33 años de edad, quien habría sido la pareja sentimental de la abuela de la bebé, una mujer de 29 años, quien es madre de la niña de 13.

Es necesario indicar que el hombre también es sospechoso de haber violado a la menor madre cuando esta tenía 11 años, pues para este miércoles se tenía agendada una prueba de ADN para confirmar la paternidad del sujeto sobre la menor secuestrada.

Esa prueba, a pesar de la ausencia de la bebé, ya se realizó, pues el sujeto ya se encuentra en prisión preventiva luego de haber sido arrestado el pasado lunes. Según indicó el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas este miércoles, se espera que "en las próximas semanas" esté listo el resultado.

Según los reportes oficiales a Casasola Salas no se le conoce trabajo fijo y estuvo preso de 2011 a 2014, condenado por comercio de drogas.

La hipótesis de las autoridades judiciales es que el hombre fue quien sustrajo a la bebé en Cervantes el pasado domingo, en un intento de evadir la prueba de paternidad de esta semana y, por tanto, la investigación por violación en su contra.

Luego del secuestro el hombre se habría movido hasta la zona de Pacayas, donde una vecina que le conoce afirmó que lo vio pasar en su carro a toda velocidad y con música a todo volumen, poco después del mediodía del domingo. El hombre se habría trasladado en la tarde a esta zona y por eso es ahí donde ahora continúa la búsqueda de la bebé.

A su vez, las autoridades también investigan la compra de cinta adhesiva en un súper mercado de Cervantes que realizó el sujeto ese día; así como el reporte de una persona ciclista que denunció a la Fuerza Pública que esa tarde escuchó el llanto de un bebé en la finca que ahora se investiga.

Los ojos en el PANI

Según informó la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la tarde de este miércoles, la niña de 13 años dio a luz a la bebé el año pasado en el hospital Max Peralta de Cartago y, desde el ingreso al centro hospitalario se activó el protocolo correspondiente para estos casos.

Dato D+: Según señala el artículo 156 del Código Penal costarricense, las relaciones sexuales entre personas mayores de edad y víctimas de menos de 13 años son consideradas una violación que se sanciona con penas de prisión de entre diez a dieciséis años.

Según indicó la directora del Max Peralta, Krisia Díaz Valverde, fue en ese momento en el que las autoridades sanitarias hicieron el llamado correspondiente al Patronato Nacional de la Infancia:

Por respeto a los derechos de las personas usuarias y tratándose de un caso muy sensible que involucra a una niña y a una adolescente, nos reservamos los detalles, pero podemos decir que la actuación de nuestros equipos interdisciplinarios fue pronta, tanto para atender las necesidades y darles las mejores condiciones, como a la hora de gestionar la intervención de la autoridad competente (Patronato Nacional de la Infancia)”.

A su vez, la Caja señaló que "según consta en las documentaciones respectivas, el egreso de la paciente y su bebé fue autorizado por autoridades del PANI", al tiempo que sus médicos recomendaron un abordaje posterior "interinstitucional" y "prioritario" para este caso.

Sin embargo, la mañana de este miércoles la tía de la niña de 13 años y tía abuela de la bebé secuestrada, Yosseth García Garita, subió una declaración en video a TikTok e indicó que ella había denunciado la situación desde antes del embarazo de la niña:

Yo de verdad quiero justicia para mi sobrina y para esa bebé que Dios quiera esté con vida, porque cuando pasó todo esto yo llamé al PANI de Paraíso y les dije que yo sospechaba, por muchas cosas, que ese señor era el papá de la bebé que esperaba mi sobrina y el PANI de Paraíso no hizo nada: yo les dije que investigaran, que hicieran pruebas de ADN y el PANI no hizo nada, vienen a actuar hasta ahora y yo siento que muchas cosas se hubieran evitado".

@yozzgarcia721 #justicia ♬ sonido original - Yozz Garcia

A su vez, García Garita agregó en declaraciones al CRHoy que en el propio PANI le dijeron, cuando nació la bebé, que el caso se había cerrado:

Yo lo que supe por el mismo PANI que a mí me lo dijo, porque yo llamé. Ellos conocieron del caso de mi sobrina porque el hospital reportó y el PANI hizo ahí averiguaciones pero como supuestamente la chiquita de mi sobrina era de un chiquito de escuela, dijeron que ese caso se cerraba porque se reportó solo por eso".

García Garita señaló también que hace 3 años ella tuvo en resguardo a la menor madre y a su hermano pequeño durante seis meses pues el Patronato ya se los había quitado con anterioridad a la mamá, debido a problemas de esta con el consumo de licor y a su relación con Casasola Salas. Sin embargo, posteriormente los niños regresaron con su madre y padrastro.

Tras estas declaraciones de la familiar todo tipo de cuestionamientos se están dirigiendo en torno a la labor del PANI en el abordaje del caso. Si bien en primera instancia la institución indicó que no se podían referir al respecto porque el caso estaba en investigación y no querían interferir en el proceso, conforme ha avanzado la semana las autoridades del Patronato han salido a confirmar que abrieron una investigación interna para definir cuál fue el abordaje del asunto.

Según indicó la jerarca de la cartera, Gloriana López Fuscaldo en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno de esta tarde:

El proceso se encuentra en etapa de investigación clave, tanto en el OIJ como en el PANI. En ese sentido tengo que repetir, en el PANI estamos investigando cómo fue la actuación del mismo. Yo con todo respeto lo que les diría es que la prioridad absoluta es hallar a la niña en este momento y la otra prioridad absoluta es preservar la integridad física y emocional de la adolescente que en este momento está bajo resguardo del PANI. El PANI y el OIJ mantienen coordinación permanente 24/7 para la localización de la niña, la información que se brinde a la información pública está sujeta a lo que determine el OIJ y la Fiscalía".

Cuestionamientos en la Defensoría, en la Asamblea y hasta en Presidencia

Esa postura, sin embargo, parece haber dejado más dudas que respuestas en instancias como la Defensoría de los Habitantes, en la Asamblea Legislativa y hasta en la propia Presidencia de la República pues incluso el presidente Rodrigo Chaves Robles cuestionó la labor de la institución en este caso, en la conferencia de prensa de hoy.

Según Chaves:

Ayer hablamos de que hay filibusteros en Costa Rica, hay criminales, hay sinvergüenzas, incluyendo estos individuos si es que se les comprueba. Yo a usted le pedí por favor una investigación dentro del PANI y yo sé que usted no puede estar metida dentro de cada casa, pero este caso es demasiado y no puede ser que se nos pase. Lo que no tenemos es una evaluación y usted va a rendir cuentas pronto".

En esta misma línea, la Defensoría de los Habitantes elevó una gestión ante las autoridades del Patronato para conocer si existía o no un expediente abierto del caso pues, para el ente defensor, "es importante conocer si existe en el PANI un expediente sobre las personas que debían dar protección a la persona menor de edad y si conocía de referencias que pudieron derivar las distintas instancias que están obligadas a reportar la violación en personas menores de 13 años y las relaciones impropias de personas mayores de 13 años".

La Defensoría también indagará si el Patronato realizó una intervención previa a este hogar por hechos como los que señala la tía de la niña, así como las acciones que se desplegaron para investigar la violación y el embarazo de la menor o si hubo o no una denuncia penal correspondiente.

El ente también pedirá cuentas a instancias como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la clínica donde la niña recibió control prenatal, para verificar si se tomaron acciones para atender este caso, al tiempo que se levantó una gestión ante el Ministerio de Seguridad Pública para conocer si las delegaciones policiales cercanas al hogar de estas niñas recibieron informes o denuncias sobre violencia doméstica en esa casa y qué acciones se tomaron, en caso afirmativo.

La Defensoría conoce de las declaraciones brindadas por la jerarca del PANI a los medios de comunicación sobre que la adolescente se encuentra protegida en una alternativa de protección, por lo que se solicitó conocer cuál es esa alternativa de protección en la que se encuentra y la atención psicológica especializada que está recibiendo y recibirá, en garantía de su interés superior y desarrollo integral. También solicitamos indicar si es el PANI la entidad que solicitó el proceso de identificación de paternidad del supuesto agresor sexual, o si es parte del proceso que realiza el Ministerio Público", agregó la institución.

Finalmente, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, y por unanimidad, una moción para llamar a comparecer a la jerarca del PANI; a la presidencia ejecutiva de la CCSS; al Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial; a representantes de la Fiscalía General y del Ministerio Público; y a la dirección del OIJ para investigar el abordaje que se le dio a este tema.

Por último, este miércoles el presidente Chaves finalizó su intervención al respecto señalando que este caso le "duele en el alma", al tiempo que pidió a la ciudadanía que denuncie ante casos como este pues "quedarse callado es ser cómplice":

Esto es inaceptable y va a haber consecuencias. Quiero saber si hubo denuncias en el PANI y si no hubo denuncias, pueblo de Costa Rica, veámonos en el espejo porque eso es ser cómplice: quedarse callado es ser cómplice".