Carlo Díaz anuncio medidas correctivas de acatamiento obligatorio de todo el personal fiscal.

El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, reconoció en un comunicado de prensa que el Ministerio Público había sido alertado, desde abril del 2022, de la sospecha de que un hombre de apellidos Casasola Salas estaba involucrada en la agresión sexual a la adolescente madre de la bebé Keibril Amira, desaparecida desde el pasado 10 de abril.

Dato D+: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el día de ayer que el padrastro de la menor abusada, de apellidos Casasola Salas, es el padre de la pequeña desaparecida.

En el comunicado de prensa Díaz reconoció que  “erróneamente se generalizó que el Ministerio Público no había sido alertado por parte de ninguna institución sobre la sospecha de que una persona mayor de edad estaba involucrada con la agresión sexual a la adolescente madre". Dicha afirmación se hizo a pesar de que un funcionario del Ministerio de Educación Pública, que había alertado al Ministerio Público del caso, hizo referencia a la sospecha del padrastro de la menor.

Tras reconocer el error el fiscal general anunció que “se tomaron medidas correctivas de acatamiento obligatorio de todo el personal fiscal, para que se cumpla rigurosamente con todos los protocolos de abordaje y atención de las víctimas de delitos sexuales, en resguardo de la integridad de estas personas”.

Adicionalmente, ante el error identificado en este caso el Díaz Sánchez solicitó a la Inspección Fiscal que investigue la actuación de las personas funcionarias del Ministerio Público en cada una de las causas, con el fin de determinar si hubo negligencia que amerite la aplicación del régimen disciplinario, en la atención de las denuncias recibidas por este caso en abril y en octubre del 2022, ante la Fiscalía Penal Juvenil de Cartago y la Fiscalía Adjunta de Cartago, respectivamente.

Por último, Díaz Sánchez aseguró haber instruido a “los fiscales adjuntos para que cumplan e implementen estrictamente los protocolos de actuación que ya existen, con el fin de que se garantice un abordaje correcto, certero y oportuno, en cualquier lugar del país donde se presente un hecho similar, protegiendo los derechos fundamentales de las víctimas, principalmente los de las personas menores de edad”.