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Ejecutivo pide al Congreso en primer informe de labores aprobar 18 proyectos de ley

La Asamblea Legislativa recibió este martes al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que este pronunciara su informe de rendición de cuentas a las puertas de cumplirse su primer año como cabeza del Ejecutivo.

Chaves pronunció un discurso de 27 páginas, mientras que el informe que recapitula lo hecho por el Ejecutivo en su primer año se agrupó en un documento de 134 páginas. Si se toman en cuenta ambos documentos, Chaves y su gobierno pidieron al Congreso aprobar unas 18 iniciativas de ley.

Según el análisis hecho por Delfino.cr de las iniciativas mencionadas, ocho de ellas corresponden a proyectos de reforma del Estado, seis al área de seguridad, dos son reformas a leyes en materia anticorrupción, uno es un crédito internacional y uno es de control de precios.

En el área de reforma del Estado, el Ejecutivo pidió aprobar el expediente 22.470 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública", que busca dotar a las instituciones del sector público de los instrumentos necesarios para un adecuado desempeño de las inversiones, fortalece la gestión de riesgos y promueve nuevas formas de financiamiento.

Esa iniciativa ya está dictaminada de forma unánime por la Comisión de Gobierno y Administración y se encuentra en el Orden del Día del Plenario en la etapa de presentaciones de mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento, las cuales de existir pasarán a estudiarse en esa comisión; para que luego retorne al Plenario para un segundo proceso similar, y posterior a ello, se lleve a a cabo la votación en primer y segundo debate.

En segundo lugar se solicitó la aprobación del expediente 23.105 “Ley de recuperación de competencias y fortalecimiento de las jerarquías de los ministros”. Este proyecto busca eliminar 16 órganos desconcentrados de ministerios que según el Ejecutivo, fueron creados bajo erróneas figuras legales; lo que traería una reducción del tamaño del Estado y daría más eficiencia a la conducción de sus competencias a los ministros.

Esa iniciativa ya está dictaminada por mayoría de forma afirmativa en la Comisión de Reforma del Estado y al igual que el primer proyecto, se encuentra en el Orden del Día del Plenario en la etapa de presentaciones de mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento.

En tercer lugar se incluyó el expediente 23.114 “Fortalecimiento de Competencias y Rendición de Cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. Este proyecto cierra órganos desconcentrados como el COSEVI, el CTP y el CONAVI, dando mayores responsabilidades al ministro del ramo.

De igual forma que los otros dos previos, este proyecto ya fue dictaminado por mayoría de forma afirmativa en la Comisión de Reforma del Estado y se encuentra en el Orden del Día del Plenario en la etapa de mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento.

Lo mismo ocurre con el expediente 23.213 “Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía” que actualiza y moderniza las competencias del MINAE, elimina múltiples juntas directivas de sus órganos desconcentrados y pretende inyectar eficiencia al ministerio, ya dictaminado afirmativamente y también en agenda del Plenario.

Luego se mencionó el expediente 23.397 “Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del sector Agropecuario, Pesquero y Rural” que actualiza al MAG; sus funciones, su rol estratégico y de rendición de cuentas al sector agropecuario, pesquero y rural de forma tal que brinde mejores servicios acordes con las necesidades contemporáneas del sector.

Ese proyecto aún no ha sido dictaminado. Ingresó al orden del día de la Comisión de Asuntos Agropecuarios el 22 de noviembre de 2022 y su plazo para ser dictaminado vence el 16 de junio de 2023.

De seguido está el expediente 23.436 “Ley de Transformación del Instituto Mixto de Ayuda Social en el Instituto de Desarrollo Humano a Inclusión Social” que pretende transformar al IMAS, fortalecerlo, darle rectoría sobre múltiples competencias que se encuentras distribuidas en múltiples instituciones desconcentradas de forma tal que la política de combate a la pobreza y atención a grupos vulnerables mejore y se centralice en esta institución.

Esa iniciativa se encuentra en la agenda de la Comisión de Reforma del Estado y su plazo para ser dictaminado vence el 22 de junio de este año.

También se mencionó el expediente 23.450 “Creación del Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda”, con el cual se pretende mejorar la conducción del sector y brindar servicios más acordes con las necesidades actuales facilitando y simplificando la articulación de las instituciones que integran este sector.

Ese proyecto está en la Comisión de Reforma del Estado, la cual debe dictaminarlo antes del 28 de junio, pero ha encontrado resistencia en la Asamblea pues la redacción pretendida por el Ejecutivo, además de varias inconstitucionalidades e inconsistencias jurídicas como "derogar" el BANHVI (cuando lo correcto es liquidarlo), derogaría el bono familiar de vivienda lo que generó malestar en la gran mayoría de bancadas legislativas.

Por último el Ejecutivo pidió la aprobación del expediente 23.380 "Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior" con el cual el Ejecutivo pretende meter mano en el FEES que se le otorga por mandato constitucional a las universidades públicas, y que si bien no ha sido dictaminado, ha tenido audiencias negativas en la comisión especial de educación que lo estudia; y el criterio del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso indica que se trata de una propuesta cuya redacción dada es inconstitucional.

En los proyectos de Seguridad, el Gobierno pidió la aprobación de las seis iniciativas anunciadas en el marco de la presentación de la Operación "Costa Rica Segura".

El expediente 23.692 "Ley para restaurar la Seguridad Pública y contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad" con el cual el Ejecutivo propone limitar el otorgamiento de medidas cautelares menos gravosas, únicamente en los delitos cuya pena sea inferior a los cuatro años de prisión, sea, aquellos delitos considerados como no graves. En cuanto a la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, se propone bajar de seis años, como se encuentra actualmente, a cuatro años de prisión, la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar este tipo de sanción.

Adicionalmente, se agregan modalidades y delitos en los cuales no es procedente esta modalidad, propiamente cuando en la ejecución del delito se hayan utilizado armas blancas o cuando hayan sido condenados por algún delito previsto en la Ley N.º 8204. Por último, en lo que respecta a la libertad condicional, esta no podrá ser concedida cuando la persona privada de libertad descuente una condena por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, ni delitos sexuales contra menores de edad, ni en delitos en que se hayan utilizado armas de fuego o armas blancas, ni los delitos previstos en la Ley N.º 8204.

Luego está el expediente 23.691"Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada" con la cual el Gobierno propone que el órgano de persecución penal y la administración de justicia puedan atender de manera diferenciada aquellos asuntos relativos a la criminalidad organizada en donde participan las personas menores de edad, además ampliar la lista de delitos en donde la prescripción es de cinco años, incorporando en esta aquellos delitos considerados graves, e incluye como causal para la detención provisional cuando una persona menor de edad “represente un peligro para la sociedad”.

De seguido se encuentra el expediente 23.690 "Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones" cuyo propósito es autorizar la intervención telefónica en los delitos de homicidio simple y femicidio, además de permitir que la policía política o administrativa pueda pedir intervenciones telefónicas a un juez.

El cuarto proyecto en materia de seguridad es el expediente 23.689 "Reforma a los Artículos 7, 88, 88 Bis y 88 Ter, de la Ley N°7530 de Armas y Explosivos y sus Reformas" con el cual el Ejecutivo propone establecer como agravante en los delitos de tenencia ilegal de armas permitidas y portación ilegal de armas permitidas, aquellos casos en los que el agente posee o porta un arma de fuego que se encuentra inscrita a nombre de un tercero, ha sido reportada por el propietario registral como extraviada o sustraída, ha sido utilizada para la comisión de un ilícito penal, o se enmarca dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita.

Además, cuando una persona omita denunciar o reportar la pérdida, el extravío o la sustracción de un arma de fuego se generará la cancelación de la matrícula y el permiso de portación, si el arma es decomisada a un tercero sin que haya sido reportada como perdida o sustraída por el propietario registral.

Luego está el expediente 23.688 "Ley del Sistema Penitenciario Nacional" que pretende regular el Sistema Penitenciario Nacional en su competencia funcional administrativa y en su competencia de ejecución de la pena en privación de libertad o entornos socio comunitario.

Finalmente está la reforma al artículo 32 de la Constitución Política propuesta por la jefa de fracción del oficialista Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros Gallo junto con el resto de congresistas oficialistas, para permitir la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo.

"Entregué personalmente al Congreso cinco proyectos de ley, que resolverían temas importantísimos para la seguridad, como extender las prisiones preventivas, impedir que jóvenes violentos queden en libertad y controlar mucho mejor la tenencia de armas. Nuestra fracción legislativa presentó un proyecto de reforma constitucional para extraditar a costarricenses involucrados en el crimen organizado a nivel internacional. Estos proyectos le permitirán al país frenar la violencia y el crimen organizado que hoy enlutan a cientos de familias. Le ruego a la Asamblea Legislativa aprobar rápidamente estas leyes, que mantendrán a los criminales entre rejas para que los ciudadanos caminen seguros", declaró Chaves Robles.

Los proyectos en materia anticorrupción que pidió aprobar son el expediente 22.428 "Reforma de leyes en materia de anticorrupción, para atender recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos" y el expediente 23.104 "Ley de promoción de denuncias y protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales".

El primero ya fue dictaminado dos veces, la última por la Comisión de Asuntos Jurídicos, y está actualmente esperando su discusión y votación en primer debate del Plenario. El segundo está en estudio de esa misma comisión y el plazo para dictaminar se vence el 28 de junio.

En materia de control de precios, el Ejecutivo nombró el expediente 23.308 “Ley de creación del tope de los precios de los combustibles” que establece un tope de precios de los combustibles a partir del cual el Estado "sacrificará" el impuesto único a los combustibles, de modo que los precios no superen para la gasolina súper ₡950,00; para la gasolina regular ₡900,00 y para el diésel ₡870,00.

Ese proyecto está en estudio de la Comisión de Asuntos Económicos y su plazo para dictaminarse se vence el 12 de julio.

Finalmente, el Ejecutivo pidió aprobar el crédito suscrito entre Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura. Se trata de $700 millones de dólares prestados al país a 30 años plazo, con cinco años de gracia, y una tasa de interés que actualmente es inferior al 4%

Ese crédito se tramita en el expediente 23.635 pero ingresó apenas este 2 de mayo a la agenda de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Las próximas dos ediciones de Barra de Prensa se dedicarán a reportar sobre las reacciones de los partidos políticos al informe presidencial, sin embargo, desde este mismo martes varias de ellas empezaron a emitir críticas hacia el discurso de Chaves.