El pasado mes de enero el presidente Rodrigo Chaves Robles anunció el finiquito del fideicomiso con el Banco de Costa Rica para la gestión de los recursos destinados a las obras viales en la Ruta 1 que comunica San José con San Ramón y por la que transitan con regularidad habitantes de 30 cantones.
Ya en diciembre del 2022 el mandatario había adelantado su descontento con el BCR: “El BCR nos deja mucho que desear en esto y en otras cosas. El ministro ha tenido una conversación muy seria con ellos, en algún momento dijo que estaba considerando cancelar el fideicomiso. Están negociando y mejor no adelanto criterio, pero urge”. Trabajar en consolidar ese finiquito fue prioridad del MOPT desde el inicio de labores de la presenta administración, según había adelantado Amelia Rueda desde junio del 2022.
El proyecto de ampliación, que acumula más de 20 años de espera, había venido enfrentando cualquier cantidad de inconvenientes que generaron todo tipo de atrasos adicionales. El Fideicomiso Ruta Uno responsabilizó al Gobierno y el Gobierno responsabilizó al BCR. Como sea: las obras no avanzaron al ritmo esperado y se perdió (otra vez) cualquier cantidad de recursos.
El jerarca de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, decidió entonces concentrarse en finiquitar el fideicomiso con el BCR y una vez que lo consiguió solicitó apoyo de cooperación técnica al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para continuar con el proyecto. Como primer paso se procuró desde enero un financiamiento por $1 millón para realizar los estudios técnicos y operativos a fin de continuar el proyecto “Ruta Nacional N°1 San José-San Ramón”.
El día de hoy el propio Amador anunció que el BCIE aprobó la cooperación. El Dr. Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE, indicó: “Como el principal socio financiero y técnico que vela por la calidad de vida de los costarricenses, nos complace estar concretando esta cooperación con la cual prevemos al cierre de año tener los resultados de estos importantes estudios que serán la base técnica para estructurar el financiamiento que el Banco estaría otorgando a Costa Rica en 2024 para concretar las obras por las cuales se ha esperado más de cuatro décadas”.
Lo que sigue
El siguiente paso es poner en marcha una licitación internacional para contratar una firma consultora que se encargue de los estudios, adecuando el proyecto a los diseños existentes para ampliar la ruta a lo largo de los 55 kilómetros entre San José y los cantones de occidente.
Según Amador, se procurará que ese ajuste al diseño permita un proyecto financieramente viable y que no dispare el costo de los peajes. El ministro adelantó que su meta final es dejar la obra en manos del propio MOPT, financiando los trabajos con otro préstamo del BCIE (cercano a los $500 millones) y con los $10 millones que por año se generan en peajes. Las obras complementarias se ejecutarían con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de evitar tener que pagar indemnizaciones por las obras ya iniciadas con el fideicomiso del BCR.
Las obras, en el mejor de los escenarios, arrancarían en el 2025, cuando el MOPT estima transitarán por la vía 133,000 vehículos diarios.
El próximo mes de abril se cumplirán 10 años desde que el gobierno de Laura Chinchilla Miranda tomó la decisión de romper el contrato de concesión con la empresa brasileña OAS, luego de 6 semanas de protestas comandadas por la oposición y el Foro de Occidente. El Estado tuvo que pagar una indemnización cercana a los $35 millones a OAS.