Los siete congresistas de Nueva República presentaron este martes un proyecto de ley para "interpretar auténticamente" la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como el Pacto de San José), pese a que al menos una decena de antecedentes constitucionales, criterios técnicos y jurídicos han advertido a la Asamblea Legislativa de su imposibilidad de hacer algo como eso, ni siquiera a solicitud del propio Poder Ejecutivo.
Se trata del expediente 23.662 en cuya "exposición de motivos" los congresistas combinan la potestad de interpretación auténtica de las leyes ordinarias, con la limitada posibilidad de introducir declaraciones interpretativas durante el proceso de aprobación o no de tratados o convenios sometidos a su conocimiento.
La interpretación auténtica se hace con posterioridad a que la ley original haya sido emitida; mientras que las cláusulas interpretativas se plasman durante el trámite legislativo, previo a la aprobación definitiva, y son revisadas por la Sala Constitucional de conformidad con el artículo 10 de la Constitución.
Según la bancada conservadora la iniciativa surge "debido a la existencia de diversos grupos de presión que pretenden imponer sobre el país, interpretaciones de la Convención Americana que pretenden suprimir y limitar los derechos y libertades fundamentales garantizados en esa Convención e incluso excluir derechos y libertades que son inherentes al ser humano, como son la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la identidad, la dignidad humana entre otros".
Inclusive, el documento entregado dice que "es claro" que es también una función del Congreso "dar interpretación auténtica a la Ley que haya aprobado un tratado o convenio internacional, pues está dentro de sus competencias aclarar y precisar cuál es el sentido original del texto de un tratado internacional aprobado a través de su sanción legislativa". Eso es falso.
Ya el 10 de diciembre de 2021 la Procuraduría General de la República en una opinión jurídica dirigida al Congreso a raíz del trámite del expediente 22.730 (presentado por el entonces presidente Carlos Alvarado y su canciller, Rodolfo Solano) había advertido que el proyecto con el que se pretendía dar "interpretación auténtica" a varias normas de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas (Ley N°743) y el Acuerdo entre la ONU, OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS, UIT, OMM, OIEA, UPU y el Gobierno de Costa Rica (Ley N°3345-A) era abiertamente inconstitucional.
En esa opinión, la PGR explicó que la concepción de "interpretación auténtica [entre partes] de los tratados y convenios internacionales" no calza con la "interpretación auténtica legislativa" reconocida en la Constitución al Congreso costarricense, sino más bien con una "interpretación unilateral" con efectos limitados.
La Procuraduría recordó que la Sala Constitucional ha reiterado que el ámbito de la Asamblea Legislativa se encuentra restringido a la aprobación o improbación de Tratados y Convenios internacionales y que la resolución 2005-7428 del 14 de junio de 2005 de ese Tribunal evidenciaba la "improcedencia a nivel jurídico de efectuar una “interpretación auténtica unilateral” por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, de convenios bilaterales o multilaterales como si se tratara de una interpretación auténtica de una ley interna, cuando en realidad, entre uno y otro instrumento o fuente normativa existen notables diferencias":
La Sala interpreta el texto constitucional, en cuanto se refiere al ejercicio de la competencia del Parlamento, como restrictiva ya que se debe limitar a la aprobación o improbación de Tratados Internacionales. Considera la Sala que de esta manera se garantiza adecuadamente el equilibrio entre poderes, como lo quiso diseñar el constituyente y tal como corresponde al proceso de toma de decisiones en un Estado Democrático de Derecho. La Sala también apoya su razonamiento, en que en esta ocasión, no estamos en presencia de ninguna de las fases para la formación de las leyes ni la aprobación de las mismas, sino en un procedimiento conformante de un proceso de mayor envergadura tendente a la aprobación de un tratado".
La Abogacía del Estado recordó que ya en el año 2005 había concluido que en relación con el trámite legislativo en el caso de los tratados internacionales, los miembros del Congreso carecen de la potestad de enmienda; mientras que cuando se trata de proyectos de leyes ordinarias poseen este derecho, ya que es diferente una ley ordinaria a una ley con la que se aprueba un tratado internacional.
Cuando el numeral 123 constitucional habla de que la iniciativa en la formación de las leyes, durante las sesiones ordinarias, corresponde a los miembros de la Asamblea Legislativa, esta ha de entenderse en aquellas materias que no son exclusivas del Poder Ejecutivo (…) Empero, dadas las diferencias apuntadas entre unos y otros, se puede afirmar que, si bien el tratado se aprueba por el trámite de una ley, él en si mismo no es una ley.
Y como no es una ley, no puede efectuarse la "interpretación auténtica" de las leyes ordinarias que dispone la Constitución como potestad de la Asamblea Legislativa.
La Procuraduría también reconoció que si bien la Sala Constitucional ha avalado que la Asamblea, al discutir de la aprobación de un tratado internacional incluya unilateralmente (sin el concurso del Ejecutivo) cláusulas o declaraciones interpretativas, "lo cierto es que esa posibilidad se circunscribe exclusivamente en relación con los proyectos de esta naturaleza que le son presentados para su discusión y aprobación, no así a los instrumentos internacionales ya aprobados, como ocurre en el presente caso".
Véase que la propia Sala ha afirmado de forma categórica que “(…) menos aún se puede sostener que el órgano legislativo sea competente para alterar el texto de un convenio internacional suscrito por el país, pues tal atribución no es siquiera exclusiva del Estado firmante, ya que toda variación a un acuerdo de esta naturaleza debe ser introducido por vía de addendum, protocolo, suscrito por la partes firmantes del acuerdo original o mediante el intercambio de notas diplomáticas (…)”.
La Procuraduría concluyó que la Asamblea Legislativa no puede alterar en nada el texto del tratado ya aprobado, pues de hacerlo estaría invadiendo la competencia del Poder Ejecutivo para negociar y suscribir tratados internacionales, y modificando unilateralmente un acto pactado por dos o más sujetos de Derecho Internacional.
"De admitirse una interpretación auténtica legislativa como se pretende, podría resultar por demás contraria al principio de pacta sunt servanda, pues se alejaría unilateralmente de los términos pactados de buena fe, además de invadir la Asamblea Legislativa conforme señalamos, las potestades que establece el artículo 140, inciso 10), de la Constitución Política, respecto de la potestad exclusiva del Ejecutivo para la discusión, negociación y suscripción de tratados internacionales", dijo el ente asesor.
En conclusión, para la Abogacía del Estado la pretensión de "interpretar auténticamente" de forma unilateral un convenio internacional ya aprobado por Costa Rica viola los artículos 7, 12, 121 inciso 4) y 140 inciso 10) de la Constitución Política; aspecto que, por el control concentrado de constitucionalidad, lo determinaría la Sala Constitucional.
En igual sentido, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa determinó en 2021 que la interpretación auténtica de un instrumento internacional, sea éste un tratado, convención, acuerdo u otros, es la dada directamente por las partes en el instrumento, de modo que si el tratado es bilateral la interpretación auténtica debe hacerse por un acuerdo al respecto de las dos partes; y si es multilateral, debe ser realizada por todas las partes en él.
De esa forma, Servicios Técnicos afirmó que la Constitución Política en el artículo 121 inciso 1 dispone la atribución de la Asamblea Legislativa de dar interpretación auténtica a las leyes, no así a los tratados o cualquier instrumento internacional aprobado y ratificado por Costa Rica.
Si bien los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos son aprobados por la Asamblea Legislativa (artículo 121.4 de la Constitución Política) mediante una ley aprobatoria del instrumento internacional en el ejercicio de control político, los legisladores están impedidos de realizarle modificaciones al texto del instrumento suscrito o negociado por las partes [...] Ni siquiera en la ley aprobatoria del Tratado o Convención la Asamblea Legislativa puede modificar lo acordado o suscrito por las Partes, menos aún puede realizar una interpretación auténtica de lo que no ha negociado o no ha sido parte.
Servicios Técnicos agregó que los instrumentos internacionales tampoco le han atribuido al órgano legislativo la facultad de solucionar las disputas referidas a la interpretación de sus normas y que dado que no es lo mismo un proyecto de ley ordinario, que un proyecto que aprueba un tratado internacional, la Asamblea no está facultada "a interpretar auténticamente el convenio o tratado aprobado para el cual ni siquiera le fue válido modificarlo".
No es constitucionalmente procedente para la Asamblea Legislativa realizar una interpretación auténtica a normas integradas en Tratados, Convenios internacionales o concordatos [...] debido a que la Constitución Política no le ha otorgado esa atribución, y además porque en el ámbito del Derecho Internacional son las Partes que han suscrito los Convenios las únicas competentes para su interpretación auténtica.
Y como dato de conclusión, y para citar concisamente una sentencia de la Sala Constitucional, en la número 3131 del año 2019 la unanimidad del Tribunal señaló que: "el legislador, durante el proceso de aprobación o no del Tratado o Convenio, únicamente puede introducir declaraciones interpretativas, de conformidad con las reglas que, al respecto, se establecen en el artículo 31, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada por Ley N° 7615 de 24 de julio de 1996".
Es decir, durante el trámite legislativo. No 48 años después de que la Convención Americana entró en vigor.
¿Qué pretende?
Como si la forma (inconstitucional) no fuera suficiente, el proyecto pretende hacer una "interpretación auténtica" (unilateral e ilegal) a los artículos 1, 3, 4, 6, 12, 13, 17, 19, 29, 48.f, 49, 64 y 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de modo que al texto de esos artículos se les adjunte una "declaración interpretativa", es decir, dos cosas completamente diferentes.
Según el contenido de las declaraciones que se pretenden imponer, los neorrepublicanos buscan adelantarse a la sentencia que emitirá la Corte Interamericana en el caso Beatriz vs. El Salvador, donde se estudia la violación a los Derechos Humanos de una salvadoreña que requería un aborto terapéutico y le fue negado, dada la criminalización existente en ese país a todas las formas de aborto.
Así, por ejemplo, el proyecto pretende desconocer el criterio de la Corte Interamericana emitido en el caso Artavia Murillo v. Costa Rica (Fertilización In Vitro) para llegar al extremo de decir que Costa Rica interpreta como 'tráfico de esclavos' la concepción in vitro de embriones humanos con la finalidad de utilizarlos para fines comerciales, incluido su uso en experimentos o investigaciones biomédicas o para ser utilizados en terapias médicas como fuente de células o tejidos.
Asimismo el proyecto pretende que Costa Rica le diga al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que no admite ni valida ninguna interpretación que "limite o suprima el derecho a la vida de las personas, incluyendo las personas concebidas en proceso de gestación, o con discapacidad y/o enfermedad terminal", y explícitamente que "el Estado costarricense no admite como lícitas aquellas formas de aborto que no se justifiquen, sino, en el hecho comprobado clínicamente, en un establecimiento médico autorizado, de que la salud e integridad físicas de la madre se hallan en peligro y este no puede ser evitado por ningún otro medio. Tampoco admite la eutanasia".
En otra "declaración interpretativa" se pretende que se diga que en Costa Rica no está permitido que el Estado y sus instituciones promuevan programas educativos, formales o informales, donde se limite la libertad de los padres de educar sus hijos en la fe religiosa que profesen; y que el personal médico tiene derecho de hacer objeción de conciencia cuando un procedimiento vaya en contra de sus convicciones religiosas o éticas.
Asimismo, el proyecto pretende pasar por encima del reconocimiento que se hizo del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica al establecer que en nuestro país lo relativo al orden y protección de la familia "es materia reservada exclusivamente a la ley nacional". Esto en realidad se trata de una tercera figura jurídica (distinta a la interpretación auténtica o la cláusula interpretativa), pues coincide con la herramienta de "reserva", la cual solo puede hacerse en las etapas de firma, ratificación, aceptación o aprobación del Tratado, y siempre y cuando la reserva no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
Lo mismo ocurre cuando se pretende establecer que las soluciones amistosas contempladas en el Pacto de San José no son válidas ni eficaces si son "contrarias al derecho constitucional costarricense o que supriman o limiten derechos y libertades fundamentales de las personas garantizados en la Constitución o en la Convención".
No conformes con ello, el proyecto también pretende desconocer el carácter vinculante que tienen las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Costa Rica, incluso en el supuesto de que fueran solicitadas por el propio Estado. Ello contraría no solo la posición de la CorteIDH sobre el carácter vinculante de sus opiniones, sino de la propia Sala Constitucional de Costa Rica que la aplicó por primera vez en 1995 cuando anuló la criminalización de periodistas no titulados en Costa Rica.
Delfino.cr preguntó públicamente en el chat de prensa de Nueva República si conocían los criterios constitucionales, jurídicos y técnicos que muestran una inviabilidad de su proyecto, sin embargo, no se recibió respuesta tras largas horas de espera.
Extraña asistencia del ministro de Seguridad al Plenario
El ministro de Seguridad, Jorge Luis Torres Castillo se presentó al Plenario legislativo en virtud del artículo 145 de la Constitución Política para referirse al tema de Seguridad y la crisis que atraviesa el país en esa materia.
La asistencia de Torres parecía anticiparse a una eventual interpelación, cuya moción ya estaba siendo circulada y de hecho el presidente del Congreso informó que había sido recibida y se tramitaría en el momento procesal oportuno.
Su presencia, sin embargo, generó debate y suspicacia pues este martes debía conocerse la moción para ampliar el plazo para rendir informe a la Comisión Especial Investigadora de Financiamiento de Partidos Políticos, y la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, estaba muy insistente con que se hiciera cumplir el derecho de Torres de dirigirse al Plenario.
Rodrigo Arias, presidente del Congreso, primero llevó a cabo el ordinario control político, luego Cisneros pidió dos recesos (uno para su fracción y otro para reunirse con jefaturas) y finalmente se sometió a votación una moción para que la primera parte de la sesión se extendiera hasta que se viera la moción de ampliación de plazo de la comisión de financiamiento.
En esa moción varios congresistas hicieron uso de la palabra. Cisneros acusó, como motivo para votar en contra, que la comisión era un "circo" y que había miembros que le habían dicho en privado que no querían seguir asistiendo. Al final, solo el PPSD votó en contra de la prórroga.
Para diputados como Antonio Ortega y Ariel Robles del Frente Amplio, la bancada oficialista en contubernio con el Gobierno pretendieron usar el mecanismo del 145 Constitucional para impedir que se votara a tiempo la prórroga a la comisión, causando que el foro se cerrara sin concluir las audiencias ni rendir un informe final.
Ello empezó a generar debates "por el orden" y "por la alusión" que cuando Rodrigo Arias quiso parar, Cisneros en actitud completamente fuera de orden y levantando la voz de modo que fue captada por los micrófonos pese a que no estaba en el uso de la palabra, exigía que se le permitiera continuar hablando y acusó a Arias de no tener un trato equitativo para con ella.
Cuando finalmente el ministro de Seguridad ingresó al Plenario, realizó una presentación durante 15 minutos en la que afirmó que sus declaraciones a La Nación en donde dijo que la ciudadanía debería increpar a los narcos de sus comunidades y pedirles que no trafiquen en sus barrios, habían sido "mal interpretadas", pero ante una pregunta de la diputada Vanessa de Paul Castro (PUSC) se negó a decir en qué fueron malinterpretadas sus palabras, y qué quiso decir en realidad.
Asimismo, Torres no logró responder una pregunta concisa de la vicepresidenta Gloria Navas sobre desde qué hora estaba en la Asamblea, junto a otras preguntas que parecían haber estado encaminadas a esclarecer si efectivamente la inusual presencia del ministro en el recinto parlamentario tenía fines distintos al de simplemente hablarle al Plenario, como lo habían manifestado diputados del Frente Amplio.
El ministro no aportó ningún proyecto de ley para atender la materia de seguridad. Dijo que no quería quitarle el protagonismo al presidente Chaves cuando este los presente posteriormente, por lo que también este extremo generó extrañeza sobre el motivo real de su presencia allí este martes.
De hecho, Torres dijo que no será sino hasta noviembre que presentarán la estrategia de seguridad, lo que fue cuestionado por varios congresistas que hicieron uso de la palabra, debido a la situación apremiante que se vive hoy.
La presencia del ministro llegó al extremo del ridículo cuando se metió en una batalla por ver quién hablaba con el tono de voz más alto, con el diputado liberacionista Gilbert Jiménez, y en la que Rodrigo Arias no hizo llamado al orden.
El broche de cierre lo llevó a cabo la diputada Dinorah Barquero, quien acusó de machismo al ministro por haberle negado en varias ocasiones solicitudes de gira en la Zona Norte para ver temas de seguridad, mientras que a diputados varones sí se las había aceptado. Torres se limitó a decir que no era machista, y que en otras giras había acudido la diputada María Mata Padilla del oficialismo.









