Jurisdicción líquida

La modernidad líquida. Se le endosa al sociólogo polaco Zygmunt Bauman, el adjetivo “líquido” en la sociedad global (ver Justicia Penal Líquida (desde la mirada de Bauman) de Silvia Barona Vilas). Por consiguiente, parafraseando a la autora antes citada, “Bauman considera que, la sociedad moderna líquida, no tiene la capacidad de mantener una forma establecida por un tiempo importante, por ende, no tiene un rumbo fijo, siendo que, por el contrario, a su némesis -la sociedad sólida- no hay una búsqueda de la perpetuidad; ya que no hay objetivos, metas, ni expectativas, es decir, la principal característica es la fugacidad. Y esto es aplicable al derecho, a las relaciones interpersonales de pareja, al trabajo, e inclusive, al ejercicio de la jurisdicción. De este modo, “en primer lugar, el paso de la fase “sólida” de la modernidad a la “líquida”: es decir, a una condición en la que la que las formas sociales (las estructuras que limitan las elecciones individuales, las instituciones que salvaguardan la continuidad de los hábitos, los modelos de comportamiento aceptables) ya no pueden (ni se espera que puedan) mantener su forma por más tiempo, porque se descomponen y se derriten antes de que se cuente con el tiempo necesario para asumirlas y, una vez asumidas, ocupar el lugar que se les ha designado” (Zygmunt Bauman, p.7).

La jurisdicción. La jurisdicción es la potestad de resolver conflictos, y la misma descansa en los jueces. Asimismo, éstos son parte del Poder Judicial, y éste debe gozar de la independencia y la imparcialidad suficiente, tanto interna como externamente. Tal y como lo afirma el Dr. Walter Antillón, al mencionar con relación a la jurisdicción que, “… su naturaleza tendencialmente cognitiva, amén de prescriptiva, se reconoce claramente por la motivación, en hecho y en derecho, solicitada a cada medida judicial” (Walter Antillon, p. 19). Es decir, no sólo se trata de exigir independencia, sino de brindar un razonamiento claro, justo y adecuado a cada asunto judicializado, de forma imparcial y conforme al ordenamiento jurídico vigente, blindando con ello a las decisiones de toda arbitrariedad, convirtiéndose en uno de los más importantes basamentos del Estado de derecho.

En los últimos años, no sólo hemos visto una “explosión” de nuevos delitos, sino que, se han creado nuevas competencias jurisdiccionales. Todo esto, aunado a mayores niveles de litigiosidad, y aumento de la criminalidad, desembocando en nuevos retos para la Administración de Justicia, sumado a constantes ataques desde muchos frentes, en donde más recientemente, se le ha endilgado al Poder Judicial la responsabilidad en el aumento de la tasa de homicidios, y en las consecuentes advertencias de parte del gobierno estadounidense a sus ciudadanos (turistas) que desean viajar a Costa Rica. Lo cual evidencia, un argumento falaz, en el tanto y en el cuanto, es al Ministerio de Seguridad a quien corresponde la prevención del delito, y no a los jueces de la República, pero, al fin y al cabo, todo esto, socava la independencia judicial, en el tanto, se le reprocha y se le reprocha a los jueces, responsabilidades que no les competen.

Es por consiguiente que, la dinámica de los últimos años ha generado, la judicialización de asuntos en donde figuran como imputados exfuncionarios, en muchas ocasiones por el tema del financiamiento electoral, lo cual pone aún más los ojos sobre los jueces. En tal sentido, puede existir un deseo de poner las manos sobre la Administración de Justicia, ello como una forma de control, siendo que, indica Bauman: “En el mundo de las burocracias modernas, la estrategia de todo sector existente o aspirante consiste, invariable, y consecuentemente, en tratar de tener las manos libres y aplicar presión para imponer reglas estrictas y rígidas sobre todos los demás miembros de la organización (…) las unidades con mayor poder son aquellas que constituyen fuentes de incertidumbre para las demás. La manipulación de la incertidumbre es la esencia de lo que está en juego en la lucha por el poder y la influencia en cualquier totalidad estructurada, ante todo, en su forma más acabada: la organización burocrática moderna, en especial la burocracia estatal moderna” (Zygmunt Bauman, p. 47).

El caso salvadoreño. Un ejemplo de lo anterior es El Salvador, en donde, el presidente Bukele de entrada, procedió a despedir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jubiló a los jueces más experimentados, y luego con la venia de los demás poderes, tuvo el camino despejado para crear un estado de excepción, en donde ha detenido a más de 60 mil personas, la gran mayoría de estas sin garantías constitucionales, justamente, aprovechándose del miedo y de la inseguridad que se vivía en el país. Por el contrario, en otras latitudes, hay casos que reflejan la importancia de contar con jueces independientes e imparciales, en donde, “El poder judicial británico se ha ceñido hasta el momento a la doctrina gubernamental de que “no hay alternativa para la represión”. En la actualidad, según concluye Gearty, “solo los idealistas liberales”, y otras almas bienintencionadas igualmente engañadas “mantienen la esperanza de que la justicia asuma el liderazgo de la sociedad” en la defensa de las libertades civiles en un “momento de crisis” como el actual” (Ibidem, pág. 41). Pues a pesar del escepticismo de la cita, considero que debemos confiar en que, la justicia costarricense no será líquida, y que, por el contrario, contará con la solidez suficiente para enfrentar todos los demás retos que, deparará el futuro.

En el mismo orden de ideas, fue a partir del 11 de septiembre de 2001, cuando el mundo cambió, ya que el tema de la seguridad global y el terrorismo acapararon la atención mundial, incidiendo en la germinación de nuevos conflictos armados, y en el abordaje del tema de la seguridad como valor, y las reacciones de los Estados en búsqueda de la preservación de la seguridad de sus conciudadanos, muchas veces poniendo en entredicho las libertades individuales. Siendo que, incluso hoy, estamos ante un conflicto que ya cumple más de 12 meses, y en donde el planeta ve con asombro la invasión de Putin a Ucrania, ello con la ayuda de un grupo paramilitar, denominado “Wagner”. Al respecto, señala Bauman que, “Uno de los efectos más siniestros de la globalización es la desregulación de las guerras. La mayoría de las acciones bélicas actuales, y las más crueles y sangrientas entre ellas, las llevan a cabo entidades no estatales, no sometidas a ningún derecho estatal ni a ninguna convención internacional. Son a la par consecuencias y causas, auxiliares pero poderosas, de la continúa erosión de la soberanía de los Estados…” (Zygmunt Bauman, p. 100). Esperemos que, en el futuro, una vez finalizada esta invasión, sea la Corte Penal Internacional la que actúe, en contra de este grupo de mercenarios —y sus jefes— que, han trabajado para el país invasor, provocando delitos de lesa humanidad, ejerciendo una jurisdicción sólida y no líquida.

De este modo, si bien nuestro país no tiene conflictos armados, sí estamos dentro del triángulo norte, escenario dentro del cual se trafican cientos de toneladas de drogas hacia el norte, y en donde el dinero y las armas migran hacia el sur, generando conflictos muy serios, y poniendo en jaque a las autoridades de nuestro país, al cerrar el año 2022, con una tasa de homicidios de 12,6 por cada 100 mil habitantes. Como hemos visto, El Salvador es un claro ejemplo de una jurisdicción líquida, en donde ante la problemática de las maras, el presidente rompió el orden constitucional, y con la ayuda de todos los poderes, detuvo a miles de personas, sin la aplicación de las mínimas garantías constitucionales, que deben imperar en un Estado de derecho, valiendo la pena señalar que, las ONG han reportado más de siete mil casos en donde se han detenido a personas que no pertenecen a grupo criminal alguno, lo cual revela que la jurisdicción salvadoreña fue tomada, y ello provocó que no actué con eficiencia.

Que sirva de ejemplo el caso salvadoreño, con el fin de no repetir los errores ajenos, ya que el Poder Judicial costarricense pasa por momentos complejos, veamos. Primero, se les ha endosado a los jueces la responsabilidad por el aumento de la tasa de homicidios, también, son constantes las críticas —injustas— cada vez que no se impone una prisión preventiva en casos mediáticos; también, es normal que algunos abogados despotriquen contra los tribunales —sin fundamento— cuando la sentencia no es conforme a sus intereses; asimismo, existe una diáspora de jueces, fiscales y agentes del OIJ, lo cual debilita las investigaciones, y en general al Poder Judicial. Esto último, ha obedecido a un salario poco competitivo, que no aumenta desde hace varios años, y también por la reciente reforma al sistema de pensiones de la Institución. Es decir, todo lo anterior, está cambiando, está modificando las condiciones en las cuales laboran quienes ejercen la jurisdicción, y puede poner en entredicho la labor tan importante que se desempeña, y por ende, podrían llevarnos a un Estado de derecho que, busca un poder judicial líquido, fluctuante, sin norte y sin metas, tal y como lo explica Bauman.

Como conclusión. Abogo por un Poder Judicial fuerte, con unos objetivos claros, con los recursos suficientes para implementar políticas que permitan agilizar los procesos, de una forma adecuada, y conforme a la justicia pronta y cumplida. También, espero que, los jueces y demás funcionarios encuentren un ambiente sano, apto, y que toda la experiencia adquirida no se diluya, y que, por el contrario, esta sea puesta al servicio del país, y que encontremos un mayor nivel de agilidad en la tramitología de las causas, con los recursos suficientes, y que, además, mejoremos los tiempos de reacción y resolución de las causas, garantizando también la calidad en el trabajo desplegado. Todo esto mantendrá a la jurisdicción sólida -no líquida-, con fines claros, y lejos de las manos del poder político que intente debilitar a la justicia.

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