Acuerdo de Escazú fue presentado el 1 de febrero de 2019.

El 1 de febrero de 2019 la administración Alvarado Quesada presentó a la Asamblea Legislativa el expediente 21.245 para ratificar el Acuerdo de Escazú. Han pasado cuatro años, el proyecto tuvo una serie de intentos fallidos para llegar a votarse y ahora está a las puertas de que sea archivado.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe busca el reconocimiento y respeto del derecho a vivir en un ambiente sano y garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información, así como participación real y significativa en decisiones en materia ambiental en América Latina y el Caribe .

También envuelve los derechos humanos porque busca asegurar “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión".

Negativa del oficialismo y antecedentes

El interés de ampliar el plazo cuatrienal de la iniciativa que acaba el 31 de enero, parece lejano. Desde el inicio de su gobierno, el presidente Rodrigo Chaves Robles ha dejado claro su negativa al proyecto. Inclusive cuando se le consultó al respecto dijo que "el sector privado puede estar tranquilo de que en el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del gobierno". 

Su ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, ha sostenido que el acuerdo es innecesario y añadió que solo se le da relevancia por llevar el nombre de una ciudad costarricense. Mencionó que llegaría a crear legislación innecesaria y que representaría un obstáculo más en la permisología ambiental del país. Es decir, el oficialismo no tiene interés alguno en el proyecto. 

Recientemente el Partido Liberal Progresista (PLP) a través de su jefe de fracción, Eliécer Feinzaig Mintz, dijo al medio de comunicación CrHoy que el proyecto no tiene apoyo a lo interno de la agrupación. Mientras tanto la socialcristiana Daniela Rojas señaló que el tratado regional vendría a poner trabas al "desarrollo económico", misma posición que adoptó el bloque legislativo del PUSC del periodo 2018-2022, cuando también calificaron al acuerdo como un "tema de moda".

En febrero de 2020 el plenario legislativo aprobó el primer debate para ratificar el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, debido a un vicio en el procedimiento, la Sala Constitucional obligó a repetir la votación. Esta nunca se volvió a dar porque la iniciativa nunca volvió a contar con el ambiente idóneo. Tras el interés del expresidente Carlos Alvarado Quesada, en abril de 2021 por poner el tema en la agenda, diferentes bancadas anunciaron la negativa.

Dato D+: El vicio de inconstitucionalidad encontrado por la Sala fue no consultar el proyecto al Poder Judicial antes de votarlo en primer debate.

Los entonces diputados afines a Fabricio Alvarado, hoy bajo el nombre de Nueva República, aseguraron en ese año que el Acuerdo “no corresponde con los esfuerzos de nuestra agrupación para promover la reactivación económica y porque lesiona al sector productivo costarricense".

En ese entonces los legisladores del Partido Liberación Nacional no tomaron una decisión de apoyar o no el proyecto. En la actualidad también han guardado silencio sobre el rumbo a seguir.

Hasta el momento solo el Frente Amplio (FA) habló en el Congreso sobre la posibilidad latente de que el expediente sea archivado. El jefe de fracción del FA, Jonathan Acuña, dijo que es contradictorio ser un país apreciado por tener un legislación sobre materia ambiental reconocida en el mundo, pero al mismo tiempo desechar el acuerdo regional que protege los derechos de las personas para tener un ambiente sano.

Si se desea ampliar el plazo que tiene la Asamblea Legislativa para tramitar un proyecto de ley, los legisladores deben votarlo a través de una moción que requiere ser aprobada por mayoría calificada (mínimo 29 votos) antes de que se cumplan los cuatro años desde que se presentó.

En caso de ser archivado el expediente dejará de tener validez en la corriente legislativa. En el futuro, de querer llevar la ratificación a discusión nuevamente, será el Poder Ejecutivo quien deberá presentar un nuevo proyecto debido a que, al tratarse de un convenio internacional, el artículo 140 inciso 10 de la Constitución Política de Costa Rica puntualiza que es deber del Presidente y el respectivo Ministro de Gobierno presentarlo.