Nueva Ley de Contratación Pública entrará a regir el 1 de diciembre.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa confirmó que para el trámite del proyecto de ley  (expediente 23.471) que pretende postergar la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Pública se deben realizar varias consultas obligatorias a instituciones públicas.

Según el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa cuando se realizan consultas obligatorias a distintas instituciones se les deben dar 8 días hábiles para recibir la respuesta, lo cual hace materialmente imposible que el expediente 23.471 pueda finalizar su trámite legislativo antes del 1 de diciembre.

A pesar de que el jueves anterior el Plenario Legislativo acordó darle vía rápida al expediente 23.471, con la intención de prorrogar la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Pública, las consultas obligatorias hacen que la Asamblea no cuente con el tiempo suficiente para atrasar la entrada en vigencia de la nueva ley. En caso de que no se realicen esas consultas el expediente tendría vicios de constitucionalidad en su procedimiento.

Adicionalmente, la iniciativa de ley  presentada solo prorroga la entrada en vigencia de la nueva ley, y no contempla las múltiples derogatorias incluidas en la normativa, por lo que, si el expediente es aprobado posterior al 1 de diciembre de este año, esas derogatorias habrán entrado en efecto, generando múltiples vacíos legales.

Incluso, ya hay normativa conexa que ya ha sido derogada —como parte del proceso de transición— tal como la Circular N° 03-11-82 del 3 de noviembre de 1982 de la Contraloría, cuya derogatoria fue publicada en La Gaceta el pasado 11 de noviembre, por lo que postergar la Ley de Contratación Pública generaría un escenario incierto durante la ejecución contractual, contrario a la transparencia y seguridad que demanda la contratación pública.

Desde Delfino.cr se consultó el pasado viernes 18 de noviembre a la División de Contratación Administrativa de la Contraloría sobre las implicaciones de una eventual postergación de la ley, y señalaron que:

Aparte del retroceso que ello implica, conlleva además el riesgo de no cumplir con los compromisos adquiridos vía OCDE. Pretender extender la entrada en vigencia de la ley vendría a entorpecer y retrasar los esfuerzos realizados en un proceso de coordinación, con el riesgo de abrir nuevos espacios de discusión sobre temas consensuados durante el trámite legislativo a favor de una aplicación estandarizada que brinda seguridad jurídica”.

Adicionalmente, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría añadió que la postergación de la entrada en vigencia de la ley:

Impacta negativamente el proceso de elaboración y consolidación del texto que se realizó en su momento con éxito, en cuanto a los pilares sobre los cuales se determinó que se debía construir la regulación en materia de contratación pública, colocaría a los diferentes actores en un estado de inseguridad e incerteza de frente a los diferentes ajustes que se han ido realizando en el ordenamiento y a lo interno de la administraciones y pondría en riesgo el cumplimiento de compromisos asumidos por parte del país en esta materia”.

Por tales motivos, la División de Contratación Administrativa señaló que no recomienda la postergación y recordó que, incluso, “ya se cuenta con un proyecto de Reglamento elaborado con participación de la CGR y del Ministerio de Hacienda, que pasó por un proceso de consulta pública y de incorporación de los ajustes respectivos y que generó una versión final al mes de julio del presente año”.