Aún con la vía rápida, proyecto no podría estar aprobado antes del 1 de diciembre cuando entra en vigencia la ley

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó el día de hoy, con 40 a favor y 12 en contra, una moción de dispensa de trámites al proyecto presentado por la diputada Carolina Delgado Ramírez (PLN) que pretende atrasar la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Pública por un año (expediente 23.471).

Dato D+: La moción de dispensa de trámite aprobada fue presentada por Óscar Izquierdo Sandí (PLN), Gilberth Jiménez Siles (PLN); Luis Diego Vargas Rodríguez (PLP), Eliécer Feinzaig Mintz (PLP), Fabricio Alvarado Muñoz (NR) y Pilar Cisneros Gallo (PPSD).

Aun con la vía rápida aprobada, la Asamblea Legislativa no cuenta con la cantidad de tiempo requerido para aprobar el proyecto antes de la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Pública, que comienza a regir el próximo jueves primero de diciembre, ya que aún si se le diera primer debate el próximo lunes, el proyecto debería ir a consulta obligatoria a distintas instituciones por varios días hábiles, por lo que una aprobación en segundo debate no sería materialmente posible antes del primero de diciembre, sin violentar el trámite legislativo.

Adicionalmente, el proyecto presentado solo prorroga la entrada en vigencia de la nueva ley, y no contempla las múltiples derogatorias incluidas en la normativa, por lo que, si el expediente es aprobado posterior al 1 de diciembre de este año, esas derogatorias habrán entrado en efecto, generando múltiples vacíos legales.

Incluso, ya hay normativa conexa que ya ha sido derogada —como parte del proceso de transición— tal como la Circular N° 03-11-82 del 03 de noviembre de 1982 de la Contraloría, cuya derogatoria fue publicada en La Gaceta el pasado 11 de noviembre, por lo que postergar la Ley de Contratación Pública generaría un escenario incierto durante la ejecución contractual, contrario a la transparencia y seguridad que demanda la contratación pública.

Desde Delfino.cr se consultó el pasado viernes 18 de noviembre a la División de Contratación Administrativa de la Contraloría sobre las implicaciones de una eventual postergación de la ley, y señalaron que:

Aparte del retroceso que ello implica, conlleva además el riesgo de no cumplir con los compromisos adquiridos vía OCDE. Pretender extender la entrada en vigencia de la ley vendría a entorpecer y retrasar los esfuerzos realizados en un proceso de coordinación, con el riesgo de abrir nuevos espacios de discusión sobre temas consensuados durante el trámite legislativo a favor de una aplicación estandarizada que brinda seguridad jurídica”.

Adicionalmente, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría añadió que la postergación de la entrada en vigencia de la ley:

Impacta negativamente el proceso de elaboración y consolidación del texto que se realizó en su momento con éxito, en cuanto a los pilares sobre los cuales se determinó que se debía construir la regulación en materia de contratación pública, colocaría a los diferentes actores en un estado de inseguridad e incerteza de frente a los diferentes ajustes que se han ido realizando en el ordenamiento y a lo interno de la administraciones y pondría en riesgo el cumplimiento de compromisos asumidos por parte del país en esta materia”.

Por tales motivos, la División de Contratación Administrativa señaló que no recomienda la postergación y recordó que, incluso, “ya se cuenta con un proyecto de Reglamento elaborado con participación de la CGR y del Ministerio de Hacienda, que pasó por un proceso de consulta pública y de incorporación de los ajustes respectivos y que generó una versión final al mes de julio del presente año”.

El diputado José Joaquín Hernández Rojas (PLN) solicitó en varias ocasiones la palabra para manifestarse en contra de la moción de dispensa de trámite, así como en la posibilidad de postergar a la carrera una ley que entra a regir en los próximos días, e hizo un llamado a que no se apruebe el expediente. Por su parte el jefe de la fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña Soto, también manifestó su oposición al proyecto y recordó el tema de las consultas obligatorias que deberían hacerse a distintas instituciones caso de que esta iniciativa de ley avance.