En el año 2015 fueron acogidos a nivel internacional los ya reconocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible. De los 17 objetivos planteados es importante destacar el número 13 que representa las acciones por el clima, y los cambios sufridos en el mundo debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyo objetivo es abordar las necesidades de los países en cuanto a adaptación al cambio climático e inversión en el desarrollo bajo en carbono.
A propósito de la Feria de Movilidad Eléctrica realizada esta semana en la Asamblea Legislativa, considero que es importante asociar esta iniciativa al cumplimiento de los ODS en Costa Rica. La movilidad eléctrica es una medida prioritaria para los países de América Latina y el Caribe para descarbonizar el sector de transporte y reducir la dependencia de los combustibles fósiles; sector que es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), en el caso de nuestro país, según la Dirección de Cambio Climático, para enero de 2022, este sector es responsable del 42% del total de las emisiones en territorio nacional.
Costa Rica, miembro del Acuerdo de París, el cual define un esquema de gobernanza y monitoreo global para lograr una reducción de las emisiones GEI durante las próximas décadas, se ha comprometido al cumplimiento de estas metas y ha sido referencia a nivel internacional en aspectos ambientales, sin embargo, las acciones que realmente impulsen la transición a la movilidad eléctrica aún son deficientes.
Sobre este tema, la Naciones Unidas lograron llegar a 6 hallazgos importantes para América Latina y Caribe:
- A medida que una mayoría de los países de la región incursiona en la movilidad eléctrica, se ponen a prueba tecnologías, incentivos básicos e inversión en infraestructura de recarga.
- Los países están avanzando a su propio ritmo.
- Los países que avanzan más rápido han creado estrategias nacionales que involucran a varios entes públicos y, de manera crítica, al sector privado.
- Los esfuerzos críticos están surgiendo no solo a nivel de los gobiernos nacionales, sino también en los gobiernos locales.
- La región tiene condiciones propicias para la movilidad eléctrica, principalmente Costa Rica debido a la naturaleza de su matriz energética.
- Las partes interesadas en la movilidad eléctrica desempeñan un papel crucial en la adopción de las nuevas tecnologías. En cada país y en las principales ciudades existen empresas eléctricas que han demostrado su compromiso al invertir en diversos proyectos piloto y en instalar infraestructura de carga de vehículos eléctricos.
En el año 2018, se firmó la Ley de Incentivos y Promoción para la Movilidad Eléctrica (Ley 9518) con la cual se materializó el compromiso con la transformación de transporte hacia la movilidad eléctrica. Costa Rica ha sobresalido a nivel mundial gracias a su matriz eléctrica que se encuentra compuesta en un 98% por energías provenientes de fuentes renovables. Además, se cuenta con una serie de marcos regulatorios que podrían ser avances importantes en materia de sostenibilidad como lo son el Plan Nacional de Descarbonización, el Plan Nacional de Transporte Eléctrico y la 9518. Es importante destacar que somos el tercer país de Latinoamérica con más vehículos eléctricos per cápita.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía la comercialización de autos eléctricos ha crecido de forma exponencial en los últimos años, sin embargo, le debemos accesibilidad a tecnologías sanas y sostenibles con el ambiente a todas las personas. Es fundamental trabajar el tema de movilidad eléctrica desde el transporte público hasta el fomento de su uso a nivel individual, lo cual evidentemente implica alianzas público-privadas, educación, financiamiento, inversión en infraestructura e incentivos a las empresas encargadas de la movilización de personas.
En China, para el año 2017 circulaban alrededor de 380.000 buses eléctricos o híbridos enchufables, esto gracias a subsidios e incentivos brindados por parte del gobierno central y los gobiernos locales (Arauz, 2019). El artículo 28 de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, exige que cada dos años, las empresas deben sustituir un 5% de su flota de buses de diésel por eléctricos. Sin embargo, la infraestructura actual, la longitud de las rutas y el impacto de la inversión necesaria para lograr esta transición, han imposibilitado que esto se cumpla.
Ajustar el modelo tarifario tanto para el cobro del transporte así como para la comercialización de energía para cargar los vehículos eléctricos, crear un modelo licitatorio que permita dar beneficios a las empresas que enfoquen su desarrollo en la utilización de unidades eléctricas, fomentar el establecimiento de puntos de recarga rápida y la reestructuración de las rutas, son algunas de las acciones que se vuelven necesarias para garantizar el acceso a un transporte seguro, de calidad y sostenible.
Descarbonizar nuestro transporte público es un paso más hacia el cumplimiento de los ODS y nos permite seguir utilizando como estandarte la bandera de la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
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