La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa convocó el concurso para la vacante en la Defensoría de los Habitantes de la República que dejará la actual defensora, Catalina Crespo Sancho.

Esta institución, que cumplirá 30 años de creación el próximo 17 de noviembre, es un comisionado parlamentario que funge como interlocutor entre el Estado y la población y facilita el control de esta sobre el poder público. Ello no sería posible si en su base no residiera la autoridad moral de la persona que lo preside, de su integridad, de sus atestados académicos, de su equilibrio y de su objetividad; aunado a la necesaria independencia de criterio que se requiere para ejercer el amplio control que se le concede respecto del funcionamiento del sector público considerando como parámetros la ética, la justicia y el ordenamiento jurídico.

El año 1992 marcó un hito en el sistema institucional y no es casualidad que el Ombudsman costarricense se denomine Defensoría de los Habitantes, pues desde su mismo nombre se considera la inclusividad de toda la población, se considera que sirve a la diversidad de las personas en igualdad de condiciones y sin distinción alguna, y se visualiza como una instancia que se constituye en la caja de resonancia de la voz de quienes no son escuchados; de esas personas que, pese a gozar de los mismos derechos que el resto de la población, ven minada la posibilidad de su ejercicio por diferentes razones, como lo es el condicionamiento socioeconómico o la exclusión social.

Han transcurrido tres décadas en las que, fiel a su mandato, pero con nuevos bríos, desde la Asamblea Legislativa le han ido atribuyendo nuevas funciones a lo largo de estos años de cara a un fortalecimiento de su competencia, amén de que la Defensoría se ha constituido en un mediador natural entre el Estado y la población, promoviendo el diálogo y los acuerdos para que, en hermandad, se generen opciones que restablezcan la armonía social, esos que son tan necesarios para garantizar el pacto social. Esto es producto de la confianza en una institución que ha sabido leer e interpretar los signos de los tiempos y promover cambios que incidan en el ejercicio efectivo de los derechos.

Cercana a sus 30 años, ¿debe la Defensoría continuar por la misma ruta que ha construido o, por el contrario, debe revisar su rumbo y marcar nuevos derroteros?

Las instituciones son organismos vivos y, como tales, evolucionan. La coyuntura de ayer, cuando fue creada la Defensoría, no es la misma de hoy en que los retos y la sociedad nacional son diferentes y, en tal virtud, requieren el reconocimiento de variaciones y ajustes sin afectar su esencia. Es incuestionable que la Defensoría de los Habitantes debe examinarse a partir de sus muchos logros, pero también de sus fragilidades y errores.

Ciertamente se impone una profunda reflexión sobre la labor de la institución; pero este examen no debe provenir solo de lo interno de la Defensoría, sino que presupone un ejercicio reflexivo conjunto entre múltiples actores sociales e institucionales; supone realizar una evaluación crítica en un proceso de intercambio con la sociedad civil y con representantes de instituciones y organismos, públicos y privados, del que deben provenir insumos para incorporar nuevos elementos de análisis y nuevas estrategias de acción institucional.

Hoy más que nunca, la razón de existir de la Defensoría de los Habitantes se valida ante los desafíos nacionales y globales que enfrenta la población, los riesgos de retroceso en los derechos humanos de poblaciones históricamente vulnerabilizadas y sectores excluidos emergentes, así como las nuevas realidades que el desarrollo tecnológico impone todos los días, inimaginables hace 30 años.

Sin duda, el gran reto para quien asuma el cargo en los próximos cuatro años es el rediseño de esta institución de forma que responda a los tiempos actuales y se proyecte a los tiempos por venir, siempre y exclusivamente, posicionando a la persona como su principio y fin y asegurando su condición de sujeto de derechos, no formal sino real, mediante un modelo organizacional sustentado en la transparencia y la auténtica participación donde la persona es protagonista de los procesos y no sujeto pasivo de intervenciones paternales.

Es por ello por lo que he sometido a la consideración de la Asamblea mis atestados, experiencia y hoja de vida para asumir estos retos, contribuir a fijar con éxito esos nuevos derroteros y dar cuenta absoluta de mis actuaciones y sus resultados ante este honorable Poder de la República. Pero también deseo presentar mi nombre ante la población, razón de ser de la Defensoría de los Habitantes, y someterme a su escrutinio. Como servidor público con una trayectoria de 25 años sirviendo al país desde la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones, tengo el convencimiento de que quienes servimos a Costa Rica desde lo público, estamos mayormente sujetos al escrutinio social, al examen riguroso de quienes nos debemos y al deber de rendir cuentas por nuestras acciones.

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