Hacia el cierre de una semana convulsa para la cartera de obras públicas y transportes despertamos con un titular que ciertamente no sorprende, pero lastima y preocupa profundamente. La (otra) bomba fue: “Ministro denuncia presiones por nombramiento en aviación”.
La aviación costarricense vio con buenos ojos la designación de Luis Amador Jiménez como ministro de Obras Públicas y Transportes por cuanto su reputación y trayectoria daban alguna esperanza para la reactivación y recuperación que urgía la industria no solo a raíz de las circunstancias pandémicas conocidas, sino por el ninguneo sistematizado y la ponderación de intereses particulares de la clase política sobre un negocio que —en concomitancia con el turismo— genera a favor de nuestra amada nación, más de 219.000 empleos directos, 400.000 indirectos y el 9% del PIB, significando transacciones por más de 1.500 millones de dólares anuales.
Fuimos testigos que, al tenor de esa expectativa en torno al nuevo ministro, varias personas profesionales y de reputada trayectoria, honorabilidad y experiencia se acercaron a él con propuestas serias, con ánimo de aportar y servir aun cuando ello no implicara necesariamente su participación directa o nombramiento en alguna posición de gobierno.
Quizás no ha entendido el ministro Amador Jiménez que la aviación más que una profesión es una vocación, originada ella en la más profunda de las pasiones y que quienes la vivimos (y sufrimos) genuinamente aspiramos a seguir haciendo de ella, el medio de transporte más seguro y eficiente. Somos necesarios para la economía del país, conectamos a millones de personas y empresas con los mercados internacionales, acercamos amigos y familias, creamos lazos, negocios y oportunidades para un mayor entendimiento de las culturas y la diversidad, transportamos suministros y bienes de exportación a casi cualquier destino en cualquier continente, solo por citar un ejemplo: ¿Acaso ya olvidamos cómo fue que llegaron a suelo patrio las ansiadas y necesarias vacunas contra la COVID-19 en tiempos en que el mundo y la cadena de suministros estaban al borde del colapso?
La esperanza en el nuevo ministro se mantuvo inclusive luego de que de plano desechara las propuestas que se le hicieron llegar desde diferentes frentes con el fin único de asesorarle desde la tecnicidad y complejidad de una industria que responde a convenios y compromisos internacionales y que en nada se asemeja al resto de consejos u órganos colegiados que conforman su cartera. Asumimos con recelo entonces el hermetismo con que se manejó el nombramiento del Consejo Técnico de Aviación Civil (que, aunque publicado en La Gaceta, asumió hasta la fecha un perfil sospechosa y convenientemente bajo), dedujimos inocentemente que era una estrategia para que “los viejos conocidos” de la política tradicional, rastrera y corrupta que tanto han lastimado al gremio no tuvieran cabida en la gestión de la aviación durante —al menos— el actual periodo constitucional.
Los primeros síntomas de desazón llegaron como dijimos, cuando se hicieron públicos los nombramientos de las personas directoras del CETAC, unos con causas penales y administrativas pendientes, otros con presuntos conflictos de interés, otros más de quienes se desconoce trayectoria, pero todos conformando un Consejo Técnico que de técnico tiene muy poco o nada. Eso explica en un todo el hermetismo dicho.
Por su lado el artículo 192 de nuestra Constitución Política establece que el nombramiento de las personas servidoras públicas debe efectuarse con base en idoneidad comprobada. De esta manera, la comprobación de la idoneidad de toda persona que pretenda ocupar un puesto público es elevada al rango de norma Constitucional y principio rector del régimen del empleo público; esa premisa da por sentado que una persona empleada por el Estado gozará de renombre y preparaciones formales y académicas que le harán meritoria la ostentación de su cargo. Los nombramientos de la Dirección General y en el CETAC, aun cuando son potestad del Poder Ejecutivo, deberían ser cargos cuidadosamente requisitados y analizados al tiempo que se blinden del clientelismo político y se asegure la idoneidad de las personas nombradas.
Si es cierto que la Ley General de Aviación Civil (Ley 5150) es en extremo simplista y vaga en lo concerniente a los requisitos que deben ostentar quienes integran la autoridad de aviación costarricense, pero era cuando menos esperable que se propusieran perfiles que superaran con holgura —y no solo alcanzaran con dificultad— esos límites mediocres de la ley.
El gremio entiende que el carácter político nunca desaparecerá de estos nombramientos por cuanto la potestad de dirección va implícita en la relación Estado – entes descentralizados y está inspirada en los principios de unidad e integridad del Estado costarricense, como parte de las funciones de orientación política asignadas al Poder Ejecutivo. Pero una cosa es la orientación como potestad ejercida constitucionalmente por un Poder de la República y otra, las presiones que se originan en grupos que tienen intereses muy específicos, de enorme cuantía y en nada favorecedores del bienestar colectivo.
Es absolutamente lamentable y por demás reprochable que el gobierno de la República haya invitado a la ciudadanía a que sometiera su nombre a consideración para los cargos de más alto nivel de su jurisdicción -incluso resultando el Ministro Amador seleccionado a través de ese mecanismo de participación ciudadana-; pero que aún impuestos ellos de la trascendencia económica y social de la industria aeronáutica, se apartaran de ese criterio de reclutamiento cuando se trató del CETAC y la DGAC para finalmente presentar una terna que no satisface del todo y por el fondo los clamores de quienes hemos entregado nuestras vocaciones y en general nuestra vida a la industria.
Sea este un vehemente llamado a la razón, a la transparencia, a la publicidad de los actos en la Administración Pública y a la apertura para aceptar consejos y compartir criterios. La aviación -como a la Patria- la hacemos su gente.
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